El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), muy lejos de ejercer la mayoría absoluta buscando el consenso y el acuerdo, el diálogo por encima de todo, como pregona por tierra, mar y aire, ha tomado la primera decisión de calado solo y por decreto: de este modo ha fulminado de un día para otro el impuesto del patrimonio, un regalo fiscal a los más pudientes de Andalucía –solo lo pagan quienes tienen bienes por encima de los 700.000 euros–.

Además, Moreno ha abierto una espita y, sin importarle lo más mínimo los valores de concordia que pregona, ha buscado abrir un conflicto con Catalunya, Comunidad de la que quiere importar ejecutivos, gente adinerada, tal y como ha dejado dicho con toda claridad. El Govern, que preside Pere Aragonès (ERC), le ha replicado que deje en paz a los catalanes.

Así, en el Foro Vocento en Sevilla, Moreno dijo: "Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones y hay impuesto de patrimonio y aquí no y además aquí no os vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España. Hay argumentos de sobra para que muchos empresarios, capitales y familias vengan a residir con nosotros porque además vivimos en una de las zonas con más calidad de vida del mundo".

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, replicó a Moreno de inmediato: "Que dejen a los catalanes en paz. Catalunya decidirá sus impuestos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada".

Para Plaja, Moreno Bonilla debería centrar y orientar sus políticas poniendo a los andaluces en el centro "en vez de mirar, una vez más, a ver qué hace el Govern o hablando de los catalanes". Plaja agregó que la Generalitat no teme una fuga de empresas ni que Catalunya deje ser atractiva en este ámbito.

Nuevos contribuyentes

El Gobierno de Moreno se ha marcado como "objetivo", tras liquidar el impuesto, "atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de contribuyentes". Según la Junta, "muchos de ellos ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su residencia fiscal. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo".

Entre los argumentos que da la Junta para defender la supresión fulminante del impuesto están los siguientes: "Representa apenas un 0,6% de los ingresos tributarios de la comunidad. La bajada recaudatoria se puede paliar con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF. Este impuesto está considerado una anomalía en países avanzados. En el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza. El hecho de que no exista en nuestro entorno inmediato, incluida la comunidad de Madrid, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía".