El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su discurso de investidura, proclamó, como venía haciendo ya en la campaña (y antes también) del 19 de junio pasado, unas elecciones de las que salió con mayoría absoluta, que su idea, en expresión del ecumenismo ideológico que pregona cada vez que puede el presidente, era gobernar "para todos los andaluces".

La diputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, le manifestó entonces, como si fuera una profecía, que esas palabras eran de imposible cumplimiento: "Ayer como hace 4 años empleó un hit: presidente de todos los andaluces. Permítame que le diga que desconfío de esa idea, porque niega la misma idea y esencia de la democracia y el pluralismo, esta expresión elude que hay intereses contradictorios en la sociedad, no se puede gobernar para todos. Tengo la firme certeza de que su gobierno no será el de las mayorías. Olvida que hay jerarquías sociales", le dijo Rodríguez. 

Y, en efecto, a las primeras de cambio, el presidente ha anunciado la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio, es decir, su supresión. Este impuesto solo lo pagan en Andalucía los más ricos, los que más tienen (aquellos que poseen bienes por encima de los 700.000 euros, excluida la vivienda habitual). Dicho de otra manera, la medida es una rebaja para exclusivamente 16.785 personas (que pagaron 93 millones en 2020, unos 5.500 euros de media), que ha sido rechazada por los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, que consideran que va por el camino equivocado, como ha manifestado en varias ocasiones el Fondo Monetario Internacional, una institución nada sospechosa de izquierdismo.

Acabar con patrimonio, que está cedido a las autonomías, es una media que hasta ahora en España, según los datos de la Agencia Tributaria, solo (excepción hecha de los gobiernos de Rodríguez Zapatero que primero acabaron con el impuesto y luego lo recuperaron) había tomado la Comunidad de Madrid, el paradigma político al que Moreno quiere asimilar Andalucía.

La supresión del impuesto llega después de que en la legislatura pasada, Moreno (entonces con el acuerdo de Ciudadanos y Vox) bonificara al 99% el impuesto de sucesiones, que ya solo pagaban en Andalucía los millonarios, aquellos que heredaban más de un millón de euros".

Estas dos medidas, combinadas, implican, según los economistas consultados por Público, una consolidación de las desigualdades y marchan en un camino contrario del que marca la Constitución, que indica que la fiscalidad ha de ser progresiva. "Todos contribuirán –dice el artículo 31– al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". El tipo del impuesto del patrimonio es muy bajo, entre el 0,20% y el 2,50% para los más ricos y supone el 0,6% de la recaudación de la Junta.

Moreno, con esta decisión, da cumplimiento al programa con el que se presentó a las elecciones y también a lo que venía diciendo (su objetivo es igualarse a Madrid). En el programa electoral, en su página 36, se dice: "Continuaremos con la bajada progresiva del impuesto, hasta conseguir la definitiva eliminación del gravamen (sin que el impuesto pierda su finalidad de control), mediante los incrementos del mínimo exento y rebaja de la tarifa, contribuyendo con ello a la atracción de talento e inversión a nuestra tierra, lo que repercutirá en el incremento de recaudación en otras figuras tributarias, tal y como ya sucedió cuando bonificamos al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar". 

El PP andaluz busca, según afirma el presidente, competir con Madrid de tú a tú ("si queremos competir con la locomotora económica de España, que es Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva que consolide el dinamismo económico y empresarial de la comunidad andaluza e impulse la creación de empleo de calidad") y atraer a Andalucía a altos ejecutivos que pasan buena parte del año en la Comunidad, pero que tributan en otros territorios, como, por ejemplo, Catalunya.

La idea declarada por el Gobierno es "atraer capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y el empleo" y también "incentivar que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en la comunidad andaluza".

"Por tanto –cree el Gobierno andaluz– producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida por Patrimonio". El gabinete de Moreno ha analizado "la evolución del impuesto" –ha encargado para ello informes a consultoras– y considera que "supone un freno a la inversión". La Junta asegura que, en el último ejercicio, de los 20 contribuyentes que más impuestos pagan por patrimonio, la mitad se trasladaron fuera de Andalucía, lo que, según el Gobierno andaluz, una pérdida de 3,5 millones en impuesto de patrimonio y de 14 millones en el IRPF. Este es uno de los argumentos fundamentales esgrimidos por Moreno y por el PP para justificar las rebajas que les hacen a quienes más tienen. Si, con esas rebajas aumenta la recaudación tributaria, es que sus políticas son las adecuadas, la famosa curva de Laffer, que han discutido generaciones de economistas. El PSOE andaluz pone estos datos que difunde el Gobierno andaluz. Así, Gaspar Llanes, secretario de Transformación Económica y Digital de Juan Espadas, asegura que "no son ciertos los balances fiscales".

"La recaudación fiscal del 2021 aumentó un 4,3% en 2021 según Hacienda pero si se considera la inflación, del 6,7%, la recaudación real cayó un 2,7%, es decir, unos 458 millones de euros menos. Misma cantidad que aumentó los beneficios fiscales", afirma Llanes.

El Gobierno andaluz asegura que las anteriores bajadas de impuestos han supuesto un ahorro de 540 millones de euros que sumados a estos 360 millones de la rebaja anunciada este lunes (patrimonio y deflactación del IRPF) harán que un total de 900 millones "queden en manos de las familias andaluzas". Con ese dinero, se pueden contratar 15.000 médicos, si se redondea su coste en unos 60.000 euros al año.

Los técnicos y el FMI

Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda, rechazó también la supresión del impuesto. "Los andaluces que más tienen, únicamente el 0,35% de todos los andaluces que obtienen rentas, declararon en IRPF ingresos medios de 138.495 euros anuales y contaban con un patrimonio medio de 2,7 millones y pagando 5.561 euros de media por este patrimonio", aseguran en un comunicado.

Los técnicos recuerdan al Gobierno andaluz que el FMI se ha pronunciado en tres ocasiones recientes "a favor de una mayor contribución de quienes más tienen y ganan". Así, tras la crisis de la pandemia, propuso que "los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables, que deben contribuir a pagar servicios críticos como las redes de salud y protección social en una crisis que afectó de manera más intensa a los segmentos más pobres de la sociedad", recoge Gestha. El FMI publicó también unas recomendaciones de política fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación en los ciudadanos, "entre las que se encontraban evitar las bajadas de impuestos y optar por las ayudas concretas a los grupos más vulnerables".

Pérdida de progresividad

Gestha también analiza el anuncio de deflactar el IRPF que hizo Moreno y concluye que también es regresiva (como la reforma acometida la legislatura pasada) y beneficia más a las rentas más altas, a quienes más ingresan. Así, los técnicos de Hacienda que apoyan "parcialmente" esta medida de Moreno, calculan que la reforma tendrá un impacto de 130 millones de euros y que "casi el 18% de los andaluces con mayores rentas, se verían beneficiados con el 39% de la rebaja fiscal, con casi 50 millones de euros".

Además, la medida "no afectará a 1.185.562 contribuyentes que presentaron la declaración, el 31,22% de los declarantes, con ingresos por debajo de 12.000 euros, y tampoco afectará a otros 1.659.970 de andaluces que no declaran por la baja cuantía de sus salarios, pensiones o prestaciones por desempleo".

Por ello, Gestha anima al presidente de la Junta "a que complemente la medida con un aumento correlativo del IRPF para las personas de los dos últimos tramos para evitar una pérdida de la progresividad de quienes más ganan, y apruebe ayudas públicas para los 2,8 millones de andaluces que no se verán beneficiadas con esta medida".