Moreno Bonilla y la ultraderecha desoyen a Europa y a los científicos y avanzan en ampliar regadíos en Doñana

Contra el fondo de la norma que promueve Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) con Vox para ampliar las zonas regables en el entorno de Doñana, han alertado los científicos, los ecologistas, la Comisión Europea y el Gobierno de España, y contra la forma –una ley especial para reformar un reglamento– también los letrados del Parlamento de Andalucía.

Aun así, este miércoles, PP y Vox votaron a favor de iniciar la tramitación de la norma con toda la oposición –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– en contra. La Ley inició así su recorrido en la Cámara y podría ser aprobada en unos meses gracias al rodillo del PP, que con esta decisión se alía con Vox y desoye a los científicos que alertan de la "crítica" situación del Parque Nacional y, también, a la Comisión Europea. La ley nacerá prácticamente sin fuerzas porque el Gobierno de España ya ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional.

El PP, que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, ha utilizado la vía parlamentaria y una ley especial para reformar el llamado plan de la fresa de 2014, que ordenó los regadíos en la zona y que los tribunales han venido avalando desde entonces. Ese plan dejó fuera una serie de fincas cuyos dueños han venido reclamando un presunto derecho a regar, que la justicia ha rechazado una y otra vez, según WWF.

Los regadíos ilegales suponen un serio problema y más en un contexto en que el estado de las aguas del Parque Nacional es "crítico", como ha señalado el CSIC. Hasta 220 pozos se han cerrado esta legislatura, sin que los esfuerzos hayan logrado resolver el problema: en cuestión están más de mil hectáreas de invernaderos, que son, presuntamente, porque la norma no lo especifica, las que pretenden legalizar PP y Vox.

Es decir, de aprobarse la norma cuando termine su tramitación, se transformarán suelos –el PP no ha especificado cuáles ni cuántos– hoy regulados para uso forestal y de secano en regables y de ese modo permitiría que cientos de agricultores reclamen derechos de agua para riego, además de ver cómo sus fincas valen más: un terreno catalogado de secano, una vez regable, vería de un plumazo multiplicado por tres su valor.

El PP y el Gobierno andaluz defienden que su norma lo que persigue es resolver un problema y a la vez proteger Doñana. Aunque en la exposición de motivos –que desprende un tremendo tufo a documento político, más que técnico– de la proposición, PP y Vox afirman que la norma se formula "con el objetivo de proteger, respetar y mantener en el mejor estado posible todo el Espacio Natural de Doñana" y que se legisla "para que pueda llegar el agua superficial" –es decir, agua de otras zonas, lo que implica obras–, lo cierto es que no es del todo así. 

La modificación que consta en la proposición de Ley, tal y como está redactada en este momento, sí se refiere a las aguas superficiales, pero también permite que accedan a cualquier tipo de agua, si así lo decide la "administración hidráulica de la Demarcación correspondiente".

"Nadie sabe que es lo que se pretende legalizar, no lo saben tampoco los parlamentarios que lo proponen, son cifras que se dan a ojo porque no han trabajado en serio. Exijo a los parlamentarios que estudien, que no nos importa esperar seis meses o un año, que no es urgente aprobar una ley para decir que los regantes irregulares puedan regar cuando llegue el agua dentro de 25 ó 50 años, eso lo podemos decir el año que viene. Vamos a analizar esto con detalle", dijo Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana en una entrevista en la cadena Ser.

"Hay que dejar de regar todo aquello que fue considerado irregular. Europa no lo puede aceptar. Es una tomadura de pelo. No creo que esta ley vaya muy lejos en su forma actual. Creo que Doñana legalmente está bien defendida, que va a salir adelante de esto, pero mientras desde 2014 hasta ahora no solo no se han cerrado pocos pozos, se han abierto otros nuevos que ni figuran en ningún lado. Eso hay que abordarlo con seriedad, con gobernanza, con criterio que salga del Estado y de la Junta", agregó Delibes de Castro.

Sin informes

Usar una ley especial para reformar el plan de la fresa, que costó tremendos esfuerzos poder cerrarlo en 2014 –y que según WWF asume la Comisión Europea– evita informes técnicos. A juicio de WWF, "el procedimiento elegido por el Gobierno de Moreno Bonilla solo pretende evitar la participación pública, la normativa de evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos para la aprobación y modificación de los mismos como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya se ha expresado en contra".

El plan de la fresa se elaboró en su momento junto a su Estudio de Impacto Ambiental y se redactó un Informe Previo de Valoración Ambiental. Las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron incorporadas y también los requerimientos de los informes sectoriales, entre ellos el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Estos trámites e informes –remacha la ONG– no existirán en esta tramitación parlamentaria de la modificación del Plan de la Fresa, lo que demuestra que el PP y la Junta de Andalucía persiguen un único interés, el amnistiar a un reducido grupo de explotaciones ilegales, que reivindican unos derechos que son inexistentes, sin posibilidad de oposición ciudadana o de informes negativos que pongan en riesgo la modificación por su evidente ilegalidad".

Esta es la segunda vez que Moreno presenta una ley que persigue la ampliación de las zonas regables en esa zona. La anterior, en alianza con Vox y Ciudadanos, decayó porque se convocaron las elecciones del 19 de junio pasado.

Electoralismo

Esta llega con las municipales a las puertas y entre acusaciones de "electoralismo" de ecologistas y de la oposición. En la zona y en lo inmediato, podría darle votos a la derecha, calculan en los cuarteles generales de los partidos, pero están por ver los efectos y el desgaste que una decisión como esta le puede causar a un presidente que ha buscado, a pesar de ser el primero que pactó con Vox en España, en estos años una centralidad política que con esta ley abandona de manera meridiana: Moreno se ha aliado con la ultraderecha y ha hecho oídos sordos a las advertencias de la Comisión Europea y de los mismos científicos.

Esta vez, el PSOE –Juan Espadas ha rectificado– está unido en contra de la ley que plantea Moreno y plantea una alternativa que se puede resumir en dos ideas: volver a sentarse todos y hacer un plan asumible por el Gobierno, cuya política es regadíos cero, y Europa: el Tribunal de Justicia Europeo ya sancionó a España en 2021 por no cuidar los acuíferos de Doñana y la Comisión ha amenazado con pedir a la justicia que imponga sanciones por incumplimiento de la sentencia.

"Hoy el señor Moreno Bonilla comienza su principio del fin. Esto no tiene vuelta atrás. Si pone sus cuentas electorales por encima del conjunto de la sociedad, si huye de buscar una propuesta clara y consensuada, si huye de su responsabilidad como gobierno... romperá el marco de consenso. Abre la guerra del agua en Doñana y enfrenta a unos regantes con otros. Hoy es el día del engaño más grande a los agricultores de la zona, una estafa. No hay ni un solo litro de agua superficial autorizada que se pueda llevar a cualquier otra zona. Es una barbaridad que afirme que hay situación de sequía extrema pero que tiene agua para repartir. Si está iniciativa se ley se aprueba y hay sanciones, Moreno Bonilla tendrá que replantearse su credibilidad para continuar. No tiene ninguna credibilidad. Esto que defiende hoy es negacionismo total", afirmó Espadas.

El Gobierno también cargó contra Moreno. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ve al PP de Andalucía "fuera de control" por la "muy preocupante" situación de degradación a la que "quiere llevar a Doñana". "No sé quién le asesorará: quizá el vicepresidente de Vox de Castilla y León, porque la realidad es que hasta hay una sentencia europea que establece ya que lo que va a hacer el Gobierno del Partido Popular de Andalucía es contrario al derecho europeo", dijo Bolaños.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, cargó a su vez contra el Ejecutivo. "Es una frivolidad –dijo, según recoge Europa Press– que hablen de defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos. Ni una sola vez el Gobierno de España ha llamado para negociar. Ni una sola vez se ha sentado en una mesa para hablar y, mientras, tiene una provincia encendida. Un parque no se defiende con la población en contra". En cuando a si teme sanciones por parte de la Unión Europea, el presidente de la Junta ha dicho que "no" porque "se le va a explicar las cosas de manera correcta para que no caigan en las falsedades que se están diciendo por parte del Gobierno de España".

Arena en el escaño del presidente

Durante el debate parlamentario, la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora vació un vaso de arena sobre la mesa del escaño del presidente de la Junta, que no estaba presente, lo que provocó las iras del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. "Van a secar Doñana, como se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser como un desierto", dijo Mora, . "Está muy mal y es una falta de educación, se le debe caer la cara de vergüenza, un poquito de dignidad y no mofarse de la Cámara, que es lo que ha hecho", abroncó Aguirre a Mora. "Si lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono", le dijo después. "Van a hipotecar todo el futuro de la provincia de Huelva", reprochó Mora al PP. Una limpiadora retiró unos minutos después la arena, mientras intervenía la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

"Esta solución no lleva a ninguna parte. No hay agua", dijo Nieto. "Engaña a los agricultores. Quieren estirar el chicle hasta las generales. Les dijeron: cuando presidamos España, se podrá usar el agua y saben que no es así. No pueden ustedes volver a la falacia de los binomios, elegir entre medioambiente y economía. No es así. Está todo vinculado. Lo que trae ruina son las expectativas inviable. Desde los hechos hay que hacer la política. Lo que traen es negacionismo científico. No se puede hacer. Les piden el voto a cambio del voto por algo que no pueden cumplir. Nos hacen perder el tiempo", dijo Inma Nieto.

"A Moreno le importa un comino la realidad de esas familias de agricultores, solo quieren sus votos, aunque termine de arruinarlos a ellos y ya veremos si a todo el sector económico de la provincia. No hay peor político que el que plantea soluciones fáciles para un problema complejo. Ese es Moreno Bonilla. Está endiosado por un coro de aduladores. Hay que ser torpe y prepotente. Se ha quitado la máscara. Es un referente nacional del negacionismo medioambiental. Moreno no cree lo que le dicen los científicos", dijo Mario Jiménez, portavoz socialista. "Es verdad que hubo agricultores que se pudieron quedar fuera de manera irresponsable. Es verdad que existe un problema, pero abordarlo sin imposiciones", añadió Jiménez.