El Sultanato de Joló fue un reino musulmán que dejó de existir a principios del siglo XX. Abarcaba gran parte de los territorios del Mar de Joló, que separa los archipiélagos filipino y malasio. En el siglo XVIII pasó a pertenecer al imperio español. Por eso, entre otros motivos, el pleito que mantienen los herederos del sultán con el Estado de Malasia, al que reclaman la friolera de 32.000 millones de dólares, se iba a dirimir en España, a través del arbitraje más cuantioso de la historia española. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha provocado que se traslade a París.

El sultanato tenía su capital en la isla de Joló, un paraíso natural de una belleza inconmensurable que fue objeto de tres incursiones bélicas por parte de la Corona española a través de la Capitanía General de las Filipinas, con sede en Manila, ante la insumisión de los joloanos que se negaban a enarbolar la bandera española y daban cobijo a piratas ingleses. 

Los españoles intentaron imponer su soberanía a la fuerza y los habitantes de Joló quisieron salvaguardar cierta independencia y, al mismo tiempo, aprovecharse de la riqueza del comercio cada vez más rico entre el sureste asiático, China e India, por un lado, y América y Europa, por otro, según consta en un trabajo de la historiadora Alicia Castellanos Escudier. En 1885 el sultanato pasó a manos de Gran Bretaña debido a la capitulación de España por la crisis de las Islas Carolinas. 

Contrato para la explotación perpetua

Pero unos años atrás, en 1878, el sultán de Joló había firmado un contrato con dos ingleses que complicaría el futuro del archipiélago de Joló. El barón de Overbeck, que era el cónsul del Imperio austrohúngaro en Hong Kong, y Alfred Dent, fundador de la British North Borneo Company, firmaron con el sultán un contrato para la explotación a perpetuidad de los recursos naturales del Sultanato. En aquel momento las materias primas más apreciadas eran las perlas, los nidos de pájaro y la madera. El precio del arrendamiento se fijó en 5.000 pesos filipinos al año. 

En 1903 se firmó una adenda al contrato mediante la que se acordó la ampliación del territorio arrendado y se aumentó la cantidad a pagar a 5.300 pesos filipinos anuales. La posesión más valiosa del sultanato era la zona del norte de la isla de Borneo, el estado actual de Sabah. A pesar de que mediante un referéndum, Sabah se adhirió a Malasia en 1963, su soberanía sigue siendo reclamada por Filipinas. 

El barón de Overbeck abandonó los negocios en Joló y cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento a su socio y a la British North Borneo Company. La empresa quebró en 1946 y sus bienes y derechos pasaron a la Corona británica. Tras la independencia de los territorios de Malasia, a partir de 1957, Joló pasó a formar parte del estado malasio. 

Descubrimiento de petróleo y gas

En las pasadas décadas de los años ochenta y noventa, los herederos legítimos del sultán de Joló intentaron renegociar el contrato de arrendamiento de 1878, en vista del descubrimiento en la zona de petróleo y gas. Fue en vano. Además en 2013 Malasia dejó de pagar el arrendamiento, alegando que legítimamente el territorio del extinto sultanato le corresponde.

Los herederos valoran la indemnización en 32.200 millones de dólares, no solo por las cuotas dejadas de pagar, sino por lo que calculan que tiene que abonar Malasia por explotar un territorio rico en petróleo y gas. 

El acuerdo de 1878 incluía una cláusula de arbitraje pero no identificaba la sede del arbitraje ni la ley aplicable. Pero dado que el contrato se firmó en suelo español, los herederos del sultán presentaron el 31 de enero de 2018 una demanda ante los tribunales españoles contra el Estado de Malasia para el nombramiento de un árbitro. El 8 de junio de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España notificó a la Embajada de Malasia la solicitud de designación de un árbitro. 

Malasia, en rebeldía

En su sentencia el 29 de marzo de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designó como árbitro único al abogado Gonzalo Stampa, socio del bufete Stampa y especialista en arbitrajes internacionales. Malasia envió dos cartas al árbitro impugnando su jurisdicción e incluso compareció a través de la oficina de Madrid de un bufete británico, aunque luego continuó en rebeldía. Malasia nunca volvió a participar en el arbitraje pero, en cambio, decidió presentar una medida cautelar contra el mismo en los tribunales de Malasia, que fue concedida, según exponen a este diario fuentes conocedoras del caso. 

Los herederos del sultán, por su parte, contrataron al bufete B. Cremades & Asociados, especializado en Derecho Internacional, y el despacho británico 4-5 Gray’s Inn Square. El 25 de mayo de 2020, el árbitro Stampa emitió un laudo sobre jurisdicción declarando que el contrato de 1878 existía y contenía una cláusula de arbitraje válida. Declaraba además que el caso debía continuar y que la ley aplicable eran los Principios de Derecho Internacional de UNIDROIT, amparados por Naciones Unidas. 

Mientras tanto, Malasia había presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo estimó el 29 de junio de 2021, dejando sin efecto el nombramiento del árbitro único, bajo el argumento de que el Estado de Malasia no sido notificado correctamente del arbitraje y ha sufrido indefensión. Una decisión "sorprendente", según las fuentes conocedoras del pleito. 

El arbitraje se marcha a París

La representación de los herederos del sultán presentó el 5 de noviembre de 2021 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del TSJ de Madrid, que aún no ha sido admitido.

Ante la decisión del TSJ, el árbitro Gonzalo Stampa paralizó el procedimiento en España y, a petición de los herederos, homologó el laudo de jurisdicción en Francia, que lo concedió el 17 de septiembre de 2021. Ahora la sede del arbitraje para el contencioso entre Malasia y los herederos del sultán de Joló será París.

Si bien es cierto que el arbitraje de un pleito como este, con 32.000 millones de dólares en juego, no iba a dejar ninguna aportación dineraria directa al Estado español, también es destacable que un acontecimiento tan señalado podía beneficiar al país como sede de arbitrajes de calado a nivel internacional, señalan fuentes jurídicas.