Negacionistas de la covid con carné de Vox, conspiranoicos del clima y abogados turbios se apuntan a la querella como arma política

La cuarentena de acusadores particulares que Público ha rastreado los tres últimos meses muestran una singular variedad de perfiles. En la acción legal ejercitada con tanta intensidad durante la última década lo mismo se citan nombres convertidos en habituales –Manos Limpias– como partidos políticos extraparlamentarios –Derecha Liberal Española, Iustitia Europa–. Grupos con cientos de socios –Abogados Cristianos dice que tiene más de 3.000– y financiación millonaria –CitizenGo, la plataforma que incluye a HazteOír, ingresó 6,5 millones de euros en 2024– comparten procedimientos judiciales con otros que apenas superan las dos decenas de afiliados y viven de las aportaciones voluntarias de los más entusiastas. Unas asociaciones pueden que permitirse pagar equipos de abogados y otras carecen de plantilla y oficinas. "La secretaria se ocupa de los asuntos de la asociación en sus ratos libres, cuando acaba su trabajo como heladera y ama de casa", describe resignado el presidente de una de las más pequeñas.

Sus motivaciones e ideología, en cambio, son más homogéneas. De la derecha a la extrema derecha, pero con toda una suerte de matices. Algunos proceden del fascismo histórico y hunden sus raíces en Falange y Fuerza Nueva, muchos militan en Vox, pero todos se ven a sí mismos como un "referente en España contra la corrupción" y en lucha contra "el Goliat que es el Estado". También son frecuentes las proclamas contra la partidocracia, algunas de ellas lanzadas desde partidos que se esfuerzan por presentarse a las elecciones para cambiar el sistema desde dentro. Finalmente, la pandemia de la covid ha añadido un inesperado ingrediente negacionista a algunas de estas asociaciones, que se mezcla con la defensa de las libertades individuales supuestamente vulneradas en aras de la seguridad colectiva.

Éste es el décimo y último reportaje de la serie de investigación sobre las asociaciones que llevan años personándose como acusación popular en todo tipo de procedimientos judiciales, diez entregas que se han publicado a lo largo del mes de julio y describen y analizan esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.

Otros actores legales son difícilmente clasificables. Por ejemplo, tanto Miguel Durán como Emilio Rodríguez Menéndez fueron de los primeros en personarse como acusación popular en un buen número de causas. El primero, ex director general de la ONCE y expresidente de Telecinco, se unió a Vox y al Partido por la Libertad –dirigido por un letrado de Manos Limpias, José María Ruiz Puerta– contra los líderes independentistas del procés. El exmagistrado del Supremo Francisco Javier Borrego Borrego no sólo figura en el patronato de la Fundación de Abogados Cristianos, sino que también trabaja para el despacho de Miguel Durán. Tertuliano habitual del Grupo Intereconomía, en 2009 encabezó la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas dentro del grupo Libertas, que incluía formaciones ultraderechistas y euroescépticas. Fue procesado por fraude fiscal y apropiación indebida por su gestión al frente de Telecinco. El fiscal llegó a pedir 14 años de cárcel para él por esos delitos, pero fue finalmente absuelto por la Audiencia Nacional.

Mientras, Rodríguez Menéndez se apuntaba a la acción popular ayudándose de una doble herramienta, el Partido por la Justicia y la Asociación Pro Justicia Siglo XXI. Así se querelló contra Pablo Iglesias por su supuesta financiación venezolana, pero también se personó con Manos Limpias en el caso de los ERE de Andalucía o en el caso Nóos. Lo intentó igualmente en el de las tarjetas black de Caja Madrid en 2014, para lo que el juez le exigió una fianza de 20.000 euros. El abogado acababa de regresar a España ese año, tras escaparse de la cárcel coruñesa de Teixeiro en 2008, cuando aprovechó un permiso penitenciario para volar a Argentina, que se negó a extraditarle. Rodríguez Menéndez cumplía entonces diez años de prisión por un delito fiscal. En 2023 fue de nuevo condenado, esta vez a cuatro años de cárcel por estafar a unos inversores con un falso negocio de compraventa de petróleo.

Cántabros de Vox contra el "engaño" de la covid

Un buen ejemplo de la confluencia de ideología e intereses es la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Anvac), creada en Cantabria en julio de 2020 y cuyo presidente, Jaime Sánchez Bermúdez; vicepresidenta, Cristina Campos Amador, y secretario, Luis Mariñas Cabañas Guardado, se presentaron en las listas de Vox en las elecciones municipales en Santander y Liérganes en 2019 y 2023. También es miembro de Anvac Alfonso Rivas, responsable de comunicación de Vox en el Ayuntamiento de Santander.

La asociación se creó a partir de un club deportivo, Tecnelt Esquí Club, fundado en 2008 y que cambió nombre, domicilio social y directiva 12 años después. Entonces pasó a tener como fin "la concienciación de la sociedad sobre la situación y reivindicaciones de las víctimas y afectados del coronavirus", además de atender a sus "demandas económicas y judiciales". "Tras cinco años del mayor experimento social de la historia, es hora de enfrentar la verdad, por mucho que cueste, nos engañaron", es el texto que recibe al lector al abrir la página web de Anvac, sobreimpreso en la imagen de un rebaño de corderos con una marca digital en el lomo. Anvac no ha contestado a las preguntas que sobre su funcionamiento y fuentes de financiación le ha enviado Público.

La asociación dio un golpe de efecto en plena pandemia cuando cubrió el Parque de Roma, próximo a la M-30 madrileña, con 53.000 banderas de España en homenaje a los fallecidos por la covid. En una entrevista publicada por El Español, Jaime Sánchez Bermúdez cifraba en 3.500 el número de los afiliados a Anvac. La asociación se querelló contra el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y cuatro ministros por no haber adoptado las medidas oportunas para evitar la expansión de la covid ni haber facilitado a los sanitarios medios para hacer frente a la pandemia, pese a conocer la gravedad del brote. Les acusaba de homicidio imprudente y de un delito contra los derechos de los trabajadores. El Supremo no admitió a trámite la querella, porque no encontró "debidamente justificada la comisión de los hechos punibles" atribuidos al Gobierno.

Un año después, Anvac copió a HazteOír y plantó un autobús negro frente al Parque del Retiro de Madrid con un lema junto a la foto de Pedro Sánchez: "Tus decisiones siguen trayendo muerte y ruina".

Eleuteria comparte con Anvac el factor covid, pero se creó en Canarias, en 2021. La preside una abogada coruñesa, Inés García Troitiño, que antes estuvo en otra asociación negacionista y activa como acusadora popular, Liberum. La acompañan María José Lladó Sánchez, una psicoterapeuta gallega que recomienda homeopatía, y Manuel Alejandro Sousa Escandón, un urólogo que trabaja en Lugo y colabora con Médicos por la Verdad, un grupo de médicos negacionistas. Según detallan en sus estatutos, buscan "la soberanía alimentaria de la nación española", "la defensa de los bienes hídricos de España", evitando su privatización, y el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Eleuteria ha tenido mucha actividad en los tribunales. Presentó recursos y querellas en todas las comunidades autónomas contra las medidas de protección contra el coronavirus y la exigencia del certificado covid digital. También se querelló contra Pablo Iglesias por unas declaraciones en un programa de la Cadena Ser en enero de 2022, que Eleuteria consideró como un delito de incitación al odio. "Si no lo hubieran podido ingresar [a su padre] porque la unidad de cuidados intensivos colapsada por personas que no se han vacunado y mi padre hubiera muerto, yo, como ciudadano particular, hubiera tenido ganas de joder, y algo más grave, a todos los que no se vacunan. […] Si hay datos que dicen que la mayor parte de las personas que están en esas unidades con covid es porque no se han vacunado, es para cabrearse".

También denunció a Miguel Ángel Revilla –por pedir a los ciudadanos que se vacunaran "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo criminal"–, a Susana Griso, al expresidente canario Ángel Victor Torres… Todos los procedimientos fueron inadmitidos o desestimados. Eleuteria tampoco ha contestado a las preguntas formuladas por Público sobre sus cuentas y fuentes de financiación.

Pionera del negacionismo climático en España

Un paso más atrevido en la senda del negacionismo lo da Terra Sos-Tenible, que preside Josefina Fraile Martín desde su creación, en 2003. Fraile Martín fue alcaldesa de Velilla del Río Carrión (Palencia) de la mano de un partido llamado Cives, que se coligó con Los Verdes. En 2004, encabezó la lista de Los Verdes-Grupo Verde al Parlamento Europeo. Consiguió 68.536 votos. Un reportaje del programa de La Sexta Equipo de Investigación la presentaba como "la pionera del negacionismo climático en España".

En 2020, Terra SOS-Tenible se personó como una acusación popular más en las múltiples querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia que el Supremo acumuló y terminó archivando. Cuatro años más tarde, denunció en la Audiencia Nacional por la DANA de València a la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo; a la directora general de los Servicios de Protección Civil, Virginia Barcones, y a los responsables de las Confederaciones Hidrográficas. Las acusaba de homicidio doloso, dejación de funciones, negligencia y prevaricación.

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Porque el caballo de batalla de Terra SOS-tenible es "la manipulación del clima, la salud pública y los derechos fundamentales", según explica Josefina Fraile a preguntas de este periódico. Dice que la asociación trabaja en tres frentes, investigación, divulgación y denuncia pública y legal, pero que no está en las redes sociales ni piensa en las audiencias. "Sólo el pueblo salva al pueblo", declara, repitiendo el lema utilizado por la ultraderecha durante la pandemia, porque el mundo se ha convertido en "un gran Estado fallido". A su juicio, la "operación médica marcial Covid-19" es un ejemplo del "poderío militar al servicio de las oligarquías reinantes", que sigue vigente y es obra del Departamento de Defensa de Estados Unidos. También acusa a los medios de comunicación de ser aparatos de propaganda del Estado, de los "organismos globalistas" y de Bill Gates y George Soros. Por supuesto, también rechaza la "Agenda esclavista 2030".

Terra SOS-Tenible se nutre de donativos, rechaza las subvenciones públicas y se queja de que rara vez los jueces admiten a trámite sus denuncias. Con su discurso, claramente negacionista del cambio climático y que incluye la denuncia de las fumigaciones aéreas clandestinas, las estelas de condensación y la geoingeniería, Josefina Fraile compareció en las Cortes de Aragón en 2019 y presentó derechos de petición tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía para que se estudiara y debatiera "la manipulación del clima como un arma geopolítica que viola derechos fundamentales".

ACLARACIÓN: Una vez publicada la información, Eleuteria se dirigió a este periódico para indicar que es una asociación "estrictamente apartidista". También precisó que no todos sus procedimientos judiciales están archivados, algo que realmente no se afirmaba en el texto, que se refería lógicamente a las causas que se citan expresamente en el artículo.