La extrema derecha y asociaciones del entorno de Ciudadanos se unen en un frente antinacionalista en los tribunales

Pocos acontecimientos políticos durante la última década han polarizado tanto la opinión pública, acaparado tanto protagonismo y suscitado un debate tan vehemente como el procés, que incluyó un referéndum declarado ilegal y una declaración unilateral de independencia, rodeados ambos de todo tipo de tensiones en la calle y en las instituciones. Los tribunales tampoco pudieron sustraerse de la batalla política. Y aún hoy siguen en ella, que ha escalado al Tribunal de Justicia de la UE: en próximas fechas debe resolver una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas sobre la supuesta malversación cometida por 33 altos cargos del Govern, entre ellos Carles Puigdemont y Artur Mas.

En los tribunales españoles, las acusaciones populares encontraron en el procés una auténtica mina de oro para frenar los impulsos independentistas, castigar a sus líderes políticos o impedir que se acogieran a la amnistía aprobada por el Gobierno. Los más hiperactivos, como Manos Limpias –contra la amnistía–, HazteOír –conta la amnistía y contra la visita y mitin relámpago de Carles Puigdemont a Barcelona en agosto de 2024– y hasta Abogados Cristianos –contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido por no abstenerse en la deliberación sobre la Ley de Amnistía–, además de Vox, se personaron en los procedimientos que enjuiciaron el procés, la amnistía o los indultos.

Pero no fueron los únicos. Les acompañaron otras asociaciones desconocidas por la opinión pública como la Asociación Democrática y Derechos por la Democracia Real y por los Derechos Fundamentales del Ciudadano, la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (Anviped) y la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. También dos partidos extraparlamentarios: Derecha Liberal Española y el Partido por la Libertad.

Éste es el séptimo reportaje de la serie de investigación sobre las asociaciones que llevan años personándose como acusación popular en todo tipo de procedimientos judiciales, 10 entregas que se publicarán a lo largo del mes de julio, que describen y analizan esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.

La Asociación Democracia y Derechos por la Democracia Real y por los Derechos Fundamentales la preside José Carril Herrero, que fue secretario de Organización del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca y ahora es un afiliado de base, "sin ningún tipo de cargo ni aspiración de asumir responsabilidades orgánicas", según explica a Público. También recalca Carril Herrero la "total" independencia política de la asociación. "No respondemos a ninguna ideología concreta", sostiene.

No obstante, Democracia Real se personó como acusación popular contra el presidente del Gobierno, varios ministros y políticos de ERC y Junts por la Ley de Amnistía, junto a Manos Limpias y la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (Anviped). También acudió al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho es una iniciativa de Francisco Javier Marzal Mercader, un empresario que se presenta como “víctima de la disfunción del Estado de Derecho por la corrupción sistémica de sus profesionales y de sus instituciones”.

La asociación, hoy inactiva, se creó para defender a personas víctimas de abusos por parte de fiscales, jueces, secretarios judiciales "y otros profesionales del sistema legal". Ahora Francisco Javier Marzal está al frente de un movimiento llamado Españoles por el Futuro, que acaba de denunciar en el Supremo a "la banda de magistrados totalitarios del Tribunal Constitucional por más de 30 procedimientos". También ha denunciado a España en Bruselas por una presunta infracción del Derecho de la UE al aprobar la Ley de Amnistía.

Sin embargo, la experiencia de Francisco Javier Marzal con sus compañeros de acusación popular no fue muy buena, según ha comentado a Público. Su "afán de protagonismo", sobre todo de "los nuevos que hacen negocio con ello, distorsiona los mensajes a la sociedad", critica.

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, creada en 2016 para que "los poderes públicos sirvan a los intereses de los ciudadanos y no a la inversa", tiene como presidente a Manuel Romeral Frías. Según aparece en la página web de la asociación, es un ingeniero de Telecomunicaciones que dice haber sido denunciado siete veces por su exmujer y no puede ver a su hijo por culpa de "la malvada ideología de género", frente la que -asegura- nada hacen ni el PP ni Vox. Romeral Frías también preside en Madrid el Partido Valores, una formación encabezada por Alfonso Galdón. Procedente de Vox, también presidió el Foro de la Familia y se atribuye la creación del pin parental. El tesorero de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción es Eugenio Martín Closas, que repite en la web las proclamas contra la ideología de género de Manuel Romeral y se presentó a las elecciones generales de 2016 en las listas de Falange Española por Castellón.

La actividad de la asociación en los tribunales ha sido profusa. Participó en al menos una quincena de procedimientos. Desde la exhumación de los restos del dictador Franco hasta las banderas arcoíris, pasando por la Ley de Amnistía y el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont, a la que acusaba de un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

La asociación no ha respondido a las preguntas sobre el número de sus miembros y sus fuentes de financiación que le ha enviado Público.

Desencantados con el PP, integrados en Vox

Por lo que se refiere a los partidos políticos, Derecha Liberal Española se fundó en 2014, a iniciativa de un grupo de abogados de Madrid decepcionados con las políticas "irresolutas" ejecutadas por el PP tras las elecciones de 2011, que llevaron a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Según explican en los estatutos que registró el partido en el Ministerio del Interior y a los que ha tenido acceso este periódico, el PP fue incapaz de "corregir la deriva que el Gobierno del PSOE había introducido en el rumbo de España durante los siete años anteriores", pese a haber conseguido "la mayor confianza" otorgada a “ningún partido desde la Constitución de 1978”. El partido, que encabeza el abogado José Ignacio Sánchez Rubio, defiende el "liberalismo político y económico" para "recuperar […] las tradiciones y libertades arrebatadas a los españoles durante los últimos años". También considera "obsoletos y carentes de contenido los conceptos políticos de izquierda y derecha" y reclama un "Estado desconcentrado", la supresión de los parlamentos autonómicos y el Tribunal Constitucional, así como la disolución del Senado y las diputaciones provinciales.

En 2021, Derecha Liberal Española se querelló contra el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Gobierno por los reales decretos que concedieron los indultos a los nueve condenados por el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El partido argumentaba que el Ejecutivo los había indultado "de manera torticera, como moneda de cambio a los grupos independentistas catalanes en contraprestación a su apoyo" a Pedro Sánchez. Sin embargo, el Supremo no admitió la querella porque los hechos no eran "constitutivos de ilícito penal alguno".

El Partido por la Libertad también se sumó a Vox en la causa del procés. Lo presidía José María Ruiz Puerta, abogado del sindicato Manos Limpias y defensor de Pedro Varela, el máximo dirigente de Cedade, el partido nazi español. Varela fue el primer condenado en España por apología del genocidio e incitación al odio racial: un juez le impuso cinco años de cárcel por distribuir en todo el mundo desde su librería de Barcelona publicaciones que justificaban el holocausto. El Partido por la Libertad intentó formar una alianza con Plataforma por Cataluña, España 2000 y Manos Limpias para ocupar en España el espacio político de Marine Le Pen en Francia. En 2018 se integró en Vox. Un año más tarde, medios digitales de la extrema derecha publicaron que el partido de Santiago Abascal había expulsado a Ruiz Puerta al enterarse de que, desde octubre de 1982 hasta junio de 1983, había sido secretario de Cedade.

El centro antinacionalista

Mención aparte merecen otro tipo de asociaciones que también llevaron el procés a los tribunales desde el rechazo al nacionalismo, pero alejados de la extrema derecha.

Es el caso de Societat Civil Catalana. Fundada en 2014, un año después presentó una denuncia en las juntas electorales contra los ayuntamientos, unos 300, que habían colocado esteladas, banderas independentistas, en sus balcones. La Junta Electoral Central ordenó su retirada para no interferir en las elecciones municipales de ese año. El Tribunal Supremo desestimó después un recurso de CiU contra esa decisión de la Junta Electoral Central.

En esas mismas fechas comenzó también la asociación a presentar recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la adhesión de numerosos municipios –y las diputaciones de Barcelona y Tarragona– a la Associació de Municipis per la Independència. En este caso los jueces también le dieron la razón a Societat Civil Catalana.

Pero los casos de más impacto aún estaban por llegar. Societat Civil se unió a Vox y la asociación Dignidad y Justicia –presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima de ETA– como acusación popular en su querella por las protestas convocadas por la organización Tsunami Democràtic y los disturbios tras la sentencia del procés en octubre de 2019, que los denunciantes consideraban "terrorismo callejero". Estuvieron imputados, hasta el pasado mes de marzo, cuando se ordenó el archivo definitivo del caso, el expresidente catalán Carles Puigdemont, la ex secretaria general de ERC Marta Rovira y una decena de personas, entre cargos políticos y empresarios.

También se personó Societat Civil en la pieza separada sobre unas subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona a entidades a Convergència Democràtica de Catalunya con las que supuestamente se desviaron dos millones de euros en ayudas al desarrollo. Las grabaciones halladas en el teléfono de uno de los detenidos en la operación dieron pie a la apertura de la investigación sobre la injerencia rusa en el procés, que el Supremo archivó el pasado marzo.

317.000 euros de presupuesto  

Otra de sus querellas se dirigió contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por la visita que le hizo a Carles Puigdemont en Bruselas en septiembre de 2023. Societat Civil se unió a la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción y la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Políticos en la acusación popular. "[La vicepresidenta] Trató asuntos de Estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez", sostenía. Por el contrario, el Tribunal Supremo no apreció delito alguno y archivó la causa en junio de 2024. A su juicio, la visita no era más que una más de las negociaciones que los representantes de los grupos parlamentarios estaban desarrollando entonces para "conseguir la investidura de un determinado candidato como presidente del Gobierno".

Pero la actuación que más alcance ha tenido –como queda dicho más arriba, ha llegado al TJUE– es la denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas, Carles Puigdemont y otros 10 ex altos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern.

Societat Civil Catalana tiene 7.000 socios, de los que 600 son de pleno derecho, tras pagar una cuota de 15 euros al año –7,5 euros si son desempleados o jubilados–. Se financia "exclusivamente" con esas cuotas y con donaciones "tanto periódicas como puntuales" y no recibe subvenciones públicas, según detalla a preguntas de Público. Su presupuesto para este año asciende a 317.000 euros, "una cantidad similar a la de 2024", precisa. Dice que sus cuentas están auditadas y fueron aprobadas por su asamblea de socios el pasado 30 de mayo. De esa cantidad anual, 52.000 euros, el 16,5% del presupuesto, se destina a emprender acciones judiciales, tanto al pago de las fianzas para ejercer la acusación popular como de los abogados.

La asociación fue fundada por el profesor de Economía de la UAB Ferran Brunet; Susana Beltrán García, que fue diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán; el consultor José Rosiñol Lorenzo, y las abogadas Ana María Lindin Rodríguez e Isabel Porcel González, entre otros. Su primer presidente, el empresario y militante del PP José Ramón Bosch Codina, fue acusado de colgar vídeos de extrema derecha en un canal de YouTube que llevaba con seudónimo, lo que le obligó a dimitir en 2015. También fue denunciado por proferir amenazas utilizando un perfil falso en Facebook. Esos antecedentes no le impidieron ser elegido presidente de nuevo, en enero de 2019. Poco después le sustituyó en el cargo la empresaria Elda Mata Miró-Sans, que lo dejó el pasado 30 de mayo. Su actual presidente es Alejandro Ramos Torre, vicepresidente de la Federación Europea de Sindicatos Médicos FEMS.

La izquierda jacobina

A un buen número de sus querellas se le sumó Impulso Ciudadano, que preside José Domingo Domingo, uno de los fundadores de Societat Civil Catalana además de exdiputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Su vicepresidente segundo, el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas García, también fue uno de los fundadores de Societat Civil. En la junta directiva figuran además otros dos candidatos de Ciudadanos, como José Luis Alegre Martín, número tres a las elecciones europeas de 2023 en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Rosario Gálvez Ortiz, número 50 al Parlamento de Catalunya en las elecciones de 2024. Otro de sus vocales es Víctor Gómez Frías, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que milita en Izquierda Española, partido integrado por antiguos políticos socialistas, como Soraya Rodríguez, y de Ciudadanos. También perteneció al consejo de administración de El Español, el digital que dirige Pedro J. Ramírez, donde sigue escribiendo artículos.

Impulso Ciudadano tiene 175 socios y un presupuesto de 38.192 euros en 2024, según las cuentas que ha facilitado a este periódico. De esa cifra, el 7,6% corresponde a cuotas y tasas procesales. "Vivimos de las cuotas de nuestros socios y de pequeñas donaciones, no tenemos subvenciones", asegura José Domingo. Sus acciones legales son, sobre todo, recursos contencioso-administrativos, no actuaciones penales, destaca además. Como acusación popular se personaron en el caso sobre la supuesta injerencia rusa en el procés junto a Societat Civil Catalana, la Associació Barcelona amb la Selecció, Cataluña Suma por España –que engloba a Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana Españoles de a Pie y Foro España– y la Associació de Juristes Constitucionalistes per les Llibertats. También procedió contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra por no retirar una pancarta en la fachada de la sede del Govern con un mensaje a favor de la libertad de "los presos políticos y exiliados" acompañado de un lazo amarillo.

El resto de sus acciones legales, recalca José Domingo, se han dirigido, sobre todo, a la batalla lingüística: a la defensa de la lengua castellana "como lengua oficial común en todas las instituciones públicas" y a su enseñanza.

Así, Impulso Ciudadano presentó denuncias contra los Departamentos de Educación y Sanidad por sus protocolos de usos lingüísticos y contra el Ayuntamiento de Barcelona por su reglamento de uso del catalán. Los tribunales fallaron en contra de las pretensiones de Impulso Ciudadano, que rechazaban que el catalán fuera establecido como lengua vehicular. También se unió a la Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe –a la que también pertenece José Domingo–, la Asociación por la Tolerancia y Galicia Bilingüe en un recurso contra un real decreto del Ministerio de Educación que, a juicio de estas organizaciones, negaba a los alumnos castellanohablantes de Catalunya, País Vasco y Galicia el derecho a la educación básica en su lengua en los centros públicos.

Impulso Ciudadano ha hecho de las banderas otro de sus motores, denunciando a todos los ayuntamientos catalanes que no colgaban la enseña nacional. También actuó contra el Ayuntamiento de Barcelona por cambiar el nombre de la Avinguda de Borbó por el de Avinguda dels Quinze. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó su recurso.

Unas jornadas sobre derechos lingüísticos en Madrid e informes sobre la "erosión institucional" en España que ha enviado a la Comisión Europea o propuestas al Senado para garantizar la convivencia lingüística denunciando los "abusos del nacionalismo en materia idiomática", son otras de las actividades de Impulso Ciudadano el último año.

José Domingo resalta que sus actuaciones son "más jurídicas que políticas", razón por la cual terminaron separándose de Societat Civil Catalana. Tanto él como el catedrático Rafael Arenas participaron en la fundación de esa asociación, pero en 2017 regresaron a Impulso Ciudadano, que habían creado ya en 2009. Domingo precisa que Impulso nació cuando él abandonó Ciudadanos después de que Albert Rivera decidiera pactar con la extrema derecha y unirse para las elecciones europeas de ese año a Libertas, una coalición integrada por grupos antieuropeístas y ultraconservadoras. La candidatura la encabezó el abogado, ex director general de la ONCE y expresidente de Telecinco, Miguel Durán. Ese movimiento, de hecho, le costó a Ciudadanos la pérdida de sus tres diputados en el Parlamento catalán; José Domingo fue uno de ellos. "Yo era del ala socialdemócrata de Ciudadanos", admite, "vengo de la izquierda y bebo de fuentes jacobinas, y sí, soy profundamente antinacionalista, como antes era la izquierda". "Pero ni yo ni Impulso Ciudadano tenemos en absoluto nada que ver con ese mundo de la extrema derecha", quiere dejar claro.

Otro acompañante habitual de Societat Civil en los tribunales es la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución. Juntos recurrieron la colocación de lazos amarillos en las sedes oficiales de la Generalitat y denunciaron por malversación ante el Tribunal de Cuentas al Govern por los gastos del referéndum. La preside el abogado Ramón María de Veciana Batlle, quien perteneció al Consejo de Dirección de UPyD. La asociación tampoco ha contestado a las preguntas que le ha formulado Público sobre sus cuentas, fuentes de financiación y gastos legales.