¿Amnistía para Puigdemont y Junqueras? Es el turno de la justicia europea

La vista celebrada este martes en la sala grande del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto el camino de la deliberación europea respecto a la ley de amnistía aprobada en España por parte del Congreso de los Diputados. El alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo inicia así los trabajos para dictaminar si la ley de amnistía española vulnera la legislación europea como defienden algunos de los tribunales españoles que hasta ahora se han mostrado contrarios a aplicar la nueva ley, entre ellos el Tribunal Supremo. La decisión es importante porque, de decidir que la norma no es contraria al derecho europeo, el TJUE podría emitir una sentencia decisiva para concluir que dirigentes independentistas de la relevancia de Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, entre otros, son amnistiables, en contra de lo que hasta ahora han preconizado los jueces del Supremo Pablo Llarena y Manuel Marchena.

La vista de este martes ha servido, básicamente, para que las partes plantearan sus posiciones en defensa o en contra de la ley de amnistía. Pero el momento clave del proceso llegará con la sentencia definitiva que emita el TJUE, después de que el Abogado general del Tribunal presente su informe. Los recursos sobre los que la quincena de jueces europeos han escuchado este martes los argumentos de las partes, y que ahora tendrán que deliberar, son dos: el presentado por el Tribunal de Cuentas (TdC), que tiene abierta una causa por el presunto gasto irregular supuestamente realizado por altos cargos de la Generalitat para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sobre las actividades para la internacionalización del procés. En el caso del TdC hay una treintena de encausados, entre ellos los principales líderes del procés: Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, así como otros altos cargos en el Govern de la época.

La segunda causa evaluada en Luxemburgo este martes es la relativa a la Operación Judas por parte de la Audiencia Nacional, que afecta a una docena de activistas independentistas acusados de formar parte de una "organización terrorista de carácter secesionista". La Fiscalía pidió la aplicación de la amnistía pero el caso está pendiente del pronunciamiento de la instancia judicial europea.

Este martes se ha iniciado el procedimiento de estos dos primeros casos, quedando pendientes dos más que el TJUE ya tiene en el cajón a la espera. Concretamente, la consulta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por la causa relativa a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Ésta es especialmente significativa, ya que también tocaría el tema de la malversación. Y la cuarta consulta sobre la amnistía pendiente del TJUE es un caso de presunta desobediencia por negarse a retirar un lazo amarillo en Vilanova y la Geltrú y que se encuentra en el Juzgado de lo Penal número 3 de esta ciudad barcelonesa.

La prejudicial del Supremo, pendiente

De entrada, la sentencia del TJUE podría suponer un revés a las intenciones del Tribunal Supremo de alargar el rechazo a la aplicación de la amnistía tras la sentencia del Tribunal Constitucional que fijaba la constitucionalidad de la ley. La posibilidad de que el Supremo alargue el proceso, a la espera de una resolución sobre una cuestión prejudicial que el alto tribunal español podría presentar ante el TJUE, podría verse frustrada con la culminación de la deliberación que ha comenzado este martes.

Según el abogado de Carles Puigdemont y de otros dirigentes independentistas, Gonzalo Boye, "la jurisprudencia del TJUE impide una nueva prejudicial del Supremo una vez el TJUE se pronuncie sobre las actuales porque está establecido en este tribunal que no se admitirán más prejudiciales sobre lo que está claro o lo que el propio tribunal ya ha aclarado". "No tiene ningún sentido que estemos un año con múltiples prejudiciales de varias instancias jurisdiccionales españolas sobre la misma ley y que ahora, tras la sentencia favorable del Constitucional, el Supremo se descuelgue con otra prejudicial ante el TJUE", añade el abogado.

Un indicativo de que en el TJUE hay preocupación por que les llegue un alud de cuestiones sobre la amnistía es que los jueces han pedido explicaciones sobre la opción de plantear prejudiciales en Luxemburgo. El vicepresidente del tribunal ha manifestado que quería "disipar" sus "temores" sobre las vías de consulta de tribunales inferiores españoles.

El calendario, entre septiembre y noviembre

Las fuentes de las defensas consultadas fijan un posible calendario y estiman que el próximo paso consistente en la presentación del informe del Abogado General del TJUE podría darse a finales de agosto o la primera semana de septiembre. Y la sentencia llegaría entre la segunda quincena de octubre o máximo finales de noviembre. Sin embargo, fuentes del Gobierno español, y también del propio TJUE, apuntan a que la primera prejudicial, la que se ha visto este martes presentada por el Tribunal de Cuentas y que afecta a la malversación, podría resolverse en el mismo mes de septiembre, pocas semanas después del informe del Abogado General. Pero de entrada, los tiempos del Tribunal de Luxemburgo suelen ser más largos y coinciden más con los pronósticos de las defensas de los implicados. Según las últimas estadísticas del tribunal, la media de resolución es de 17,2 meses y el caso del TdC se registró a finales de julio de 2024.

El TJUE podría así pronunciarse sobre la malversación, que supuestamente cometieron algunos de los dirigentes independentistas, en septiembre, en respuesta al primero de los recursos presentado por el Tribunal de Cuentas. Esto haría que la posición del alto tribunal europeo llegue incluso antes de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo de dirigentes independentistas como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Jordi Turull y otros, contra la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la aplicación de la amnistía, al considerar que con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 cometieron un delito de malversación con enriquecimiento personal que no sería amnistiable.

Gonzalo Boye: "La amnistía (...) tiene por finalidad pacificar un conflicto, reparar a las víctimas y buscar una solución jurídica y democrática. No borra delitos, pero repara fracturas"

Llegue más pronto o más tarde, la sentencia del TJUE tendrá un impacto político decisivo, ya que la resolución europea podría forzar al Supremo a aplicar la amnistía y desatascar la posible vuelta del presidente de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya sin peligro de ser detenido, o a la retirada de la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras. Dos componentes políticos muy relevantes en Catalunya, puesto que estamos hablando del segundo y tercer partido después del PSC, y también en el Estado por la fuerte incidencia de los partidos independentistas en la gobernabilidad del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Optimismo de las defensas de los encausados

Las defensas de los implicados en el caso del Tribunal de Cuentas se muestran optimistas sobre la resolución del Tribunal de Luxemburgo tras la vista de este martes. Para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, "la amnistía no es una amenaza para Europa, sino una promesa hecha ley, aprobada por una mayoría parlamentaria libremente elegida, y que tiene por finalidad pacificar un conflicto, reparar a las víctimas y buscar una solución jurídica y democrática. No borra delitos, pero repara fracturas, no da impunidad ni privilegios, sino que hace un reconocimiento entre partes para reconstruir. La amnistía no es silencio, sino diálogo, y todas las partes están presentes". Marc Marsal, abogado de Oriol Junqueras, también ha insistido en que "se amnistían hechos, no personas, producidos en un plazo temporal concreto, sin cambio de régimen, controlado por jueces, aprobado por el Congreso, por partidos diferentes y sin ningún legislador afectado".

Boye hace una valoración esperanzada de la sesión de este martes: "Hay gente que ha venido [a Luxemburgo] a tratar de europeizar un tema que es estrictamente local. Creo que el tribunal lo tiene perfectamente claro y hay que esperar a la sentencia". "En Europa siempre nos ha ido bien, y más con los argumentos falaces que han traído", remacha el abogado.

Cara y cruz de la Comisión Europea

En cuanto a la posición de la Comisión Europea, los argumentos han tenido una cara y una cruz para la validez de la ley de amnistía, cuya legalidad ha defendido la Abogacía del Estado español. La cara es que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español han defendido que los gastos vinculados al 1-O no afectan a los intereses financieros de la UE. La cruz –y en eso han discrepado ambas partes– ha venido en el debate sobre la seguridad jurídica y la "discriminación" de la ley. Carlos Urraca, de los servicios jurídicos de la Comisión, ha cuestionado que la ley respete los principios de seguridad jurídica y de igualdad. Pese a admitir que es competencia de los tribunales españoles analizarlo, el Ejecutivo comunitario ha dicho que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general" porque "forma parte de un acuerdo de investidura".

La ley de amnistía está prácticamente vista para sentencia en Europa y, llegue en septiembre o unas semanas más allá, el primer dictamen sobre las ocho cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas marcará ya claramente un camino jurídico del TJUE en el polémico tema de la malversación, cuestión puntal en la justificación del Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a Puigdemont, Turull, Junqueras, y otros dirigentes independentistas.

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Albert Aragonès

Lo que decida el TJUE tiene pues una doble relevancia. Por un lado, puede beneficiar al conjunto de independentistas encausados que no han sido amnistiados todavía, el 40% del total. La mayoría, personas anónimas relacionadas con protestas contra los encarcelamientos de los dirigentes independentistas o vinculadas a la logística del referéndum del 1-O. Por otra parte, la decisión del TJUE sobre la amnistía puede tener un impacto político de grandes dimensiones en función de si supone un aval o un revés al Gobierno de Pedro Sánchez. Y también si la resolución europea abre la puerta a la normalización de la situación jurídica de los dirigentes independentistas.

La resistencia del Supremo con la amnistía

Sin embargo, las propias defensas consultadas admiten que existen dudas de que el Supremo acepte finalmente aplicar la amnistía si se da una sentencia europea favorable a la ley. "La lógica jurídica dice que debería aplicarse la ley de amnistía, y probablemente muchos tribunales lo hagan, pero en el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía existe una lógica más de venganza y oposición política que una componente jurídica", afirman los abogados.

Una negativa que puede frenar la vuelta a Catalunya de Carles Puigdemont y los otros dos dirigentes independentistas que residen en Bruselas. Y evitar que Oriol Junqueras o Jordi Turull puedan presentarse a las elecciones. Pero que, de producirse, podría provocar también un choque de dimensiones jurídicas desconocidas entre instituciones tan relevantes como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el TJUE.