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Las nueve peticiones de Amnistía Internacional para garantizar el derecho a la vivienda

La ONG publica el informe 'Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España' en el que denuncia que "el derecho a la vivienda corre peligro" en el Estado español

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Imagen de archivo posterior a un desahucio. EFE

MADRID.- Amnistía Internacional ha publicado este martes el informe 
Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España en el que denuncia que el Estado español no ha adoptado las medidas necesarias para proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada.

"En un momento de crisis económica en que era más necesario que nunca adoptar políticas públicas a proteger y realizar el derecho a la vivienda, la pasividad y las medidas regresivas han dejado desprotegidas a cientos de miles de personas, y, por tanto, han supuesto un quebrantamiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos", concluye la ONG. 

Estas son las nueve peticiones principales de la ONG para acabar con el drama de los desahucios y llenar de contenido el derecho a una vivienda. 

 

1. El Gobierno español debe abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras no se adopten garantías de protección de derechos humanos.

2. El Gobierno español debe modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.

3. El Gobierno español debe crear un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los bancos y las personas y asegurar que el desalojo es el último recurso después de haber explorado todas las alternativas y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.

4. El Gobierno español debe realizar consultas con las personas afectadas y organizaciones, realizar  evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos y publicar datos desagregados.

5. El Gobierno español debe trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social y adoptar todas las medidas a su alcance para modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor número de personas.

6. Las Comunidades Autónomas deben abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas.

7. Las Comunidades Autónomas deben utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda. En relación a las viviendas vacías de propiedad  privada, elaborar un censo actualizado y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.

8. Las Comunidades Autónomas, en especial Madrid y Catalunya, deben asegurarse que cualquier venta de vivienda social es compatible con la necesidad de incrementar la disponibilidad de vivienda social. Además, deben revertir las medidas que reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas de inserción, claves para ayudar a las personas en el acceso a la vivienda.

9. Los Ayuntamientos deben utilizar todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.

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