Entre la numerosa documentación incautada durante el registro a los domicilios y oficinas del comisario José Manuel Villarejo en el momento de su detención, en 2017, se encontraron borradores de acuerdos privados fechados en 2008 en los que Villarejo le reconocía a su "tronco" José Luis Olivera Serrano (también alias El Oli y Pepelu) una participación en un negocio que se estaba constituyendo. La ejecución de los servicios contratados iba a depender mucho de la ayuda que Olivera podía prestar por su condición de jefe de la UDEF desde hacía apenas año y medio. La empresa se llamaría Servicios de Investigación y Detección SL., funcionaría con la marca ImásD y su negocio se centraría en la localización y recuperación de activos desviados o sustraídos.  

Aunque Olivera no figurase en las escrituras por ser una actividad manifiestamente incompatible con su trabajo como policía, en dichos borradores se le reconocía un 5% de participación a cambio de lograr que se admitieran las denuncias que se llevaran ante la UDEF, de ocuparse de ellas y de facilitar a dicha empresa los resultados y datos obtenidos en tiempo real, incluidos aquellos procedentes de bases restringidas y a los que solo la Policía puede acceder. Al menos así se extrae de las conversaciones que Villarejo mantiene con el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso para incorporarlo como socio-gerente de dicha compañía y en las que le explica los pormenores. En cualquier caso se trata de borradores, no de documentos firmados, aunque su contenido tenga reflejo en las conversaciones que el comisario mantiene con Giménez Raso —sin Olivera presente— en las mismas fechas de la data de los documentos.

Lo que no se ha encontrado aún son pruebas tangibles de cobros correspondientes a actividades no policiales por parte de Olivera. Algo que puede explicar el hecho de que éste aún no haya sido imputado en la macrocausa Tándem. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el marco de la pieza Kitchen un informe patrimonial de Olivera con el objeto de buscar incrementos patrimoniales no justificados que puedan deberse a cobros por servicios privados prevaliéndose de su condición de policía. 

Servicios de Investigación y Detección SL (ImásD) se presentaba en su página web (la ya extinta www.imasdservices.com) como una empresa de análisis de información, dirigida por policías (en segunda actividad, pero poniendo el acento en la condición policial) para gestión de crisis y de problemas judiciales. Una puesta en el mercado sin duda llamativa, cuando menos, que ha sido objeto de comentarios por la Fiscalía.

ImásD, nacía con cartera bajo el brazo, la que Villarejo aportaba como capital en especie el día de su constitución, el 30 de enero de 2008: un contrato valorado en 60.000 euros y al que denomina "Proyecto Iban", según su nota literal, a la que Público ha accedido. A tenor del contenido de los archivos incautados en su domicilio y oficinas, el "Proyecto Iban" tiene relación con la estafa a la empresa guetariana Indaux, que se instruía desde septiembre de 2008 en un juzgado de Azpeitia (Guipúzcoa). Villarejo había sido contratado para supuestamente localizar y recuperar, por vía judicial o extrajudicial, el montante desviado. El hallazgo de los bienes pasaba también por la localización previa de los estafadores, que se habían fugado, y por la gestión de sus extradiciones.

El trabajo lo factura la empresa de Villarejo, pero lo realiza la Policía

De acuerdo con un audio de 2007 incautado a Villarejo, éste anda convenciendo por entonces a Antonio Giménez Raso para que deje de trabajar con Francisco Marco, de la agencia de detectives Método 3, y se incorpore al Grupo Cenyt, empresa del comisario encarcelado, para trabajar con ellos, como gerente y también como accionista de una nueva línea de negocio que van a lanzar con "El Oli", Jose Luis Olivera: recuperaciones de bienes en el marco de fraudes y estafas financieras. 

Giménez Raso tiene miedo escénico y no sabe si hará un buen trabajo. Pero Villarejo le tranquiliza: el asunto no radica en conseguir los datos y procesarlos, sino en "recogerlos" para refacturarlos dentro de la asesoría contratada con el cliente; su trabajo es mucho más llevadero y, sobre todo, mucho más rentable: será la cara visible de la empresa ante la unidad policial que dirige Olivera, la UDEF (Villarejo no puede hacer ese papel porque, en sus propias palabras, "la gente ya me conoce y sabe que tal...") y su misión será recibir los datos y acudir diariamente a las oficinas de la UDEF para vigilar que la investigación avanza.

Según le cuenta, la metodología es sencilla: la empresa mirará sobre todo por el enfoque estratégico; en lo que respecta al trabajo de campo, cuando reciben una estafa, se convence al cliente para que denuncie en la UDEF y a partir de ahí esta unidad se hace cargo. La relación de El Oli con Villarejo propicia que "las cosas pasen" y el asunto sea seguido con el interés debido. El lado legal también está cubierto —para garantizar la discreción—, en este caso por su abogado y amigo Ernesto Díaz-Bastién (alias Primo). Se trata, pues, de denunciar los hechos en los dominios de Olivera, y así beneficiarse del uso de bases policiales de acceso restringido tan útiles cuando se trata de localizar bienes y  personas fugadas: informes de actividad del notariado, embarques, pernoctaciones en hoteles, etc., datos a partir de los cuales resulta mucho más sencillo localizar el dinero desviado y recuperarlo.

Villarejo explica a Giménez Raso el procedimiento con detalle:

-Villarejo: "Claro. Y... pero lo fundamental, ¿nosotros qué hicimos? Cuando nos... cuando nos encargan el asunto.
-a) Oye, bueno, tenemos una parte que es estrategia, no sé qué, estrategia jurídica, cómo hacerlo, cómo tal, cómo llevar el tema, cómo llevar la denuncia... bueno.
-b) Despacho de abogados. -"Oye, este es el que os interesa contratar" [en el caso del "Proyecto Iban" han recomendado a su amigo Ernesto Díaz-Bastién]. Ahora, tema de estrategia, lo llevamos nosotros.
-c) Tema de investigación, lo llevamos también nosotros, pero que de esta manera se desviaría prácticamente a lo que es la empresa IMásD, ¿no?". 

Y le hace ver que se trata de algo sencillo y que no va a ser él quien tenga que buscar datos y procesarlos. Solo tiene que ir a diario "a ver cómo va el tema":

-Villarejo: "Con lo cual, insisto, ¿qué harías tú? Pues, hombre, la verdad es que aparentemente no mucho, pero sí, coño, pues... ¡joder!, a mí me da corte estar todos los días allí en la de ésta, porque la gente me conoce y sabe que tal... Entonces, claro...".
-Antonio: "Yo puedo ir todos los días...".
-Villarejo: "Tú puedes ir todos los días... cuando se te ponga de los cojones a ver cómo va el tema o todos los días o cuando, o una vez a la semana y tal, ¿entiendes? Rafa, que es ahora mismo el que mantiene el contacto con el segundo del Oli, o pues lo hace de puta madre, pero claro, ellos saben que él es abogado. No es lo mismo que vayas tú, pues... O sea, digamos... Ese curro, fíjate que fácil... no, facilón...

Desde su nacimiento, en 2008, Servicios de Investigación y Detección llegó a facturar un máximo de 230.000 durante dos años; el resto del tiempo su facturación estuvo por debajo de los 45.000 euros. Sus últimas cuentas son de 2015.

'El Oli' y Villarejo, una relación que viene de antiguo

La relación de Olivera y Villarejo es anterior a 2007 y la progresión profesional de ambos discurre en paralelo. Las operaciones policiales que destaca Olivera en su curriculum son prácticamente las mismas que las que despliega Villarejo en el suyo. También coincide, por ejemplo, el año en que Olivera da un salto cualitativo con su nombramiento como jefe de la UDEV con el espacio temporal en el que Villarejo abre oficina representativa en la Planta 9 de Torre Picasso. En el material de audio incautado, las menciones a "El "Oli" o "Pepelu" por parte de Villarejo son constantes y se suceden a lo largo de años. 

El hoy comisario encarcelado promete a clientes y amigos la colaboración de Olivera sin pudor alguno. Al mismo Adrián De la Joya, que vive angustiado con las consecuencias de las rogatorias solicitadas por el juzgado del Caso Gürtel, Villarejo le asegura y reasegura que "El Oli" —entonces ya en el CITCO— se lo va a solucionar. "Seguro, seguro".

La vinculación entre ambos ya se constata cuando Villarejo, junto a Ángel Benseny, pone en marcha la plataforma de servicios jurídicos y escuela Schola Iuris entre mayo y octubre de 2004. Pero pudo remontarse a una época anterior, los años noventa, cuando Benseny y Olivera también coinciden, en Barcelona, en espacio temporal y en el mismo sector de ocupación (sistemas de pago).  Desde mediados de esa década, Olivera está destinado en el área de la Policía que, entre otros delitos, se especializa en fraudes en medios de pago; y Ángel Benseny era director desde al menos 1995 del control del fraude para el Sur de Europa de Europay, una empresa dedicada a sistemas de pago, responsable de Eurocard —Eurocheque primero— y, desde 1994, también de Mastercard.

Sin duda, el área policial donde Olivera prestaba sus servicios se esmeró. Continuamente era felicitada por el récord de detenciones y lucha contra el fraude en medios de pago. En julio de 1995 ya La Vanguardia destacaba las importantes y continuas operaciones contra falsificadores de tarjetas de crédito que llevaban a cabo los grupos II y III de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Barcelona, así como las encendidas palabras de elogio de Ángel Benseny con respecto de la eficiencia policial.

Eran los tiempos del boom turístico, de los cheques de viaje y del despegue de las tarjetas de crédito. En 2006, y según un estudio del IESE, España era el segundo país de Europa en uso de tarjetas de pago (1,63 por habitante). Y, por tanto, también el segundo mercado más importante para servicios de prevención y reducción del fraude y recuperaciones. Por número y por dinero movido, entre Santander, BBVA, Caixa Bank, Caja Madrid y Banco Popular se controlaba el 50% de las tarjetas. BBVA era el líder, con el 17%.

Un gran mercado en el que se movía mucho dinero y con una demanda creciente de este tipo de servicios contra el fraude. Se podía hacer mucho dinero recuperando el caudal estafado para emisoras o aseguradoras o eliminando riesgos desmantelando bandas. Obviamente, no es delito perseguir delitos y siempre hay que felicitarse por el desmantelamiento de bandas criminales, pero sí se habría cometido un delito si se hubieran priorizado investigaciones "a la carta" a cambio de un precio —en efectivo o en especie—.

Tras el ascenso de Olivera a la UDEV, en 2003, en 2004 Villarejo articulará con Benseny, y con el apoyo de Olivera y del fallecido exfiscal general José Manuel Maza Martín, la plataforma de servicios jurídicos y escuela Schola Iuris, marca registrada en octubre de dicho año bajo la mercantil Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris SL. En su web, ya cerrada, se ofrecía de manera destacada el servicio de asesoría en control del fraude de medios de pago, servicios de extranjería, derecho de familia y formación jurídica. 

También junto a Benseny, pero en 2011, Villarejo constituirá Cenyt Argo SL, una consultora del área de sistemas de pago en la que también se invita como gerente y accionista a Antonio Giménez Raso. Como complemento, y en marzo del mismo año, Villarejo funda la Asociación para la Defensa de Usuarios de Medios de Pago (ASUSMEPA), con la función de personarse como "acusación popular" en procedimientos judiciales relacionados con fraudes en sistemas de pago en los que, coincidentemente, figuraban como perjudicados clientes de Cenyt o de Benseny.

Al mando de la UDEV, Olivera siguió prestando atención a las grandes operaciones contra el fraude de tarjetas (Operación Armagedon, entre otras). A partir de 2006, ya como jefe de la UDEF, se centró en los grandes casos de corrupción en los que la evasión, repatriación y blanqueo de capitales eran protagonistas: Ballena Blanca, Operación Hidalgo, Avispa, Malaya, Astapa o Goldfinger. Casos en los que confluían un montón de personas adineradas imputadas o en riesgo de imputación, es decir, necesitadas de servicios de gestión de crisis. Y cuando existía este tipo de demanda, la organización de Villarejo nunca andaba lejos. Como en Goldfinger, por ejemplo: Villarejo asesoraba en temas de gestión de crisis al ya desaparecido bufete Díaz-Bastién & Truán, principal imputado en dicha causa por facilitar operaciones irregulares a varios clientes mediante el diseño y gestión de estructuras mercantiles específicas.

En 2012 Olivera es nombrado Jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), directamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, a cargo entonces de Francisco Martínez (alias El Choco Paco). Una de las funciones de este organismo creado por Jorge Fernández Díaz es recibir, almacenar, analizar y coordinar todos los datos relevantes de las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad dependientes del Ministerio de Interior y que se dan de alta en su aplicación Investiga. Por tanto, alguien con acceso autorizado a esa base de datos puede saber a quién se investiga, por qué, por quién, qué pruebas se han encontrado, de quién se sospecha, y puede hacerlo en todas las investigaciones —y en cualquier fase (prejudicial, judicial, etc.)— de la Policía Nacional, Guardia Civil, Erztaintza y ahora también Mossos. Todo un mundo de información fácil de rentabilizar y de variadas formas si se apuesta con tino.