Unidas Podemos y los grupos independentistas y nacionalistas han pedido a la Mesa del Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre las filtraciones de la operación Volhov para "influir en el debate público". El grupo confederal de Unidas Podemos, ERC, Bildu, JxCat, CUP y BNG han registrado la propuesta este martes para "esclarecer las responsabilidades en relación a las filtraciones llevadas a cabo por individuos de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE)", tal y como sostienen los grupos en la solicitud a la que ha tenido acceso Público. 

La Fiscalía de Barcelona ha ordenado este martes abrir diligencias sobre la denuncia presentada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por la grabación y filtración a un medio de comunicación de una conversación privada, enmarcada en las intervenciones telefónicas a los investigados por el caso Volhov. En este sentido, Rufián denuncia que la conversación publicada no guarda "ninguna relación con el objeto de ningún procedimiento judicial" y que su publicación no busca más que el "desprestigio" y la "pugna política".

Así las cosas, el objetivo de esta comisión es saber al detalle los miembros de las FCSE y funcionarios que han estado involucrados en la filtración de secretos sumariales y las grabaciones de conversaciones privadas. Además, los grupos solicitan investigar "la posible existencia de cualquier trama parapolicial", además de sus vínculos con "entramados privados, lobbies de presión y medios de comunicación".

Con la creación de la comisión, los grupos pretenden analizar la actuación del Ministerio de Interior en torno a las presuntas irregularidades cometidas, así como proponer nuevas medidas para evitar "futuras tramas de espionaje ilegales o de cualquier estructura paralela al margen de la legislación vigente".

Las formaciones sostienen que es "recurrente que se lleven a cabo filtraciones de grabaciones o se revelen secretos sumariales a la prensa". De hecho, denuncian que las redadas o detenciones practicadas se conocen antes por la prensa que por los propios implicados. "La intromisión a la intimidad por medios ilícitos de líderes políticos y sociales con intención de conocer información para influir en el debate público ha venido siendo una práctica recurrente", indican los firmantes de la solicitud registrada al amparo del Artículo 52 del Reglamento de la Cámara Baja. 

Asimismo, los grupos citan ejemplos de este tipo de prácticas, como las filtraciones de conversaciones de investigados del procés con terceros o el caso de Tamara Carrasco, la CDR que fue absuelta de desórdenes públicos después de su detención por terrorismo y rebelión a raíz de un mensaje de Whatsapp.

"La persecución de la disidencia política es una realidad a día de hoy en el Estado español, algo totalmente impropio de una democracia", señalan en el texto. Además, enumeran algunos de los derechos fundamentales, como el de la libre asociación política, el de la intimidad y la libre expresión, como preceptos que deben ser de "especial protección" frente a su posible vulneración por parte de las cloacas del Estado.