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Organizaciones policiales denuncian la utilización política del cuerpo contra Podemos

Sin aval judicial

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Jorge Fernández Díaz, junto al director de la Policía, Ignacio Cosidó, en el 40 aniversario de los TEDAX. / EFE

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MADRID.- La campaña activada desde el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz comenzó tras las elecciones generales del 20 de diciembre y tuvo su punto culminante con las declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en las que aseguraba que “Podemos es una amenaza para la democracia”. El remate de esta campaña es el conjunto de “nuevas filtraciones que desde la institución que él dirige se están llevando a cabo con intereses políticos y que erosionan la imagen de los profesionales, a los que no se les otorgan medallas ni otras recompensas”, aseguran diferentes organizaciones policiales. 

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Sin aval judicial

En cuatro ocasiones el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales han rechazado hasta el momento las pruebas que se contenían en un supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que, como desveló Público en enero, era un informe fantasma encargado por la Secretaría de Estado de Interior a la Dirección Adjunta Operativa que dirige el comisario Eugenio Pino.

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Durante el mandato de Cosidó, sigue relatando la carta del OCC, “han sido numerosos los casos conocidos de prácticas corruptas de miembros de su partido y no ha opinado al respecto nunca". "Suponemos que porque son sus compañeros de partido pero también por respeto a la labor policial y a los tribunales de justicia, respeto que en las declaraciones citadas ha brillado por su ausencia, usando el cargo de máximo responsable de todos los policías para acusaciones partidarias que nos alejan de la democracia y el Estado de Derecho”.

Policías en Venezuela

A pesar de que ningún órgano judicial lo admitía y de haber quedado desacreditada esa labor atribuida falsamente a la UDEF, la Policía lo remitió al Tribunal de Cuentas y, además, envió a finales de febrero a agentes de una “unidad de inteligencia no oficializada” a Venezuela para hacerse con una documentación que podría relacionar a Podemos y Pablo Iglesias con el gobierno de Nicolás Maduro.

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