La caída y detención exprés de Pedro Castillo ha dado lugar a una ola de protestas con epicentro en el sur del país, y que se ha ido extendiendo al resto del territorio peruano. En la base de este movimiento hay un elemento de "economía moral" muy fuerte: la sensación de que el Congreso —con 9% de apoyo social— al final se salió con la suya: echó a Castillo pero los desprestigiados diputados "se quedaron todos" y se niegan a adelantar las elecciones para 2023.

Pese a los problemas del gobierno de Castillo muchos campesinos e indígenas sentían que tenían las puertas más abiertas del Palacio. Por otro lado, los discursos que festejaron su caída y las características del nuevo gobierno de Dina Boluarte —recostada en la derecha y las fuerzas armadas— sedimentan la imagen de que una élite "racista y arrogante" ha recuperado el poder.

La represión y las muertes solo han reforzado estas percepciones, en medio de velatorios públicos y masivos de los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad. La entrada de la policía a la Universidad de San Marcos, tras el derribo de una puerta con una tanqueta, ha llevado las denuncias de violaciones al Estado de derecho al corazón de la capital peruana y probablemente gatille la participación más decidida de los estudiantes universitarios y los habitantes de Lima en las protestas.

Todo esto lo dice Pablo Stefanoni, un doctor en historia y especialista en América Latina que combina su trabajo académico con el ejercicio de un periodismo serio y riguroso.