La habilitación del ministerio de Transición Ecológica a la Autoridad Portuaria de València (APV) para que decida por su cuenta si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que avala la ampliación del dique norte ha caducado o no, se ha visto, entre los partidarios de esta ampliación, como la victoria definitiva y el reconocimiento de sus tesis.

No en vano, el conflicto por la validez o no de la DIA, aprobada el 2007 por un proyecto de ampliación que nunca llegó a ejecutarse, ha sido el centro de la batalla jurídica y política que rodea el polémico proyecto de ampliación. Ahora, es la misma APV, convertida en juez y parte, quien tiene que decidir si su tesis que la DIA es válida jurídicamente. Parece que el principal obstáculo a la ampliación ha sido removido.

Pero un análisis más detallado podría señalar que esta es una victoria pírrica. Además de la DIA, todavía falta emitir el informe pertinente de la dirección general de Costas y Mar —que se calcula que tarde entre tres y seis meses— y adaptar el proyecto a sus recomendaciones. Pero, además, toda la ampliación está judicializada con una denuncia a la Audiencia Nacional, que podría paralizar el proyecto en cualquier momento.

Esta es la esperanza, al menos, de Antonio Montiel, abogado de la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciudadana opuesta a las obras. Estos tempos se suman a los dos años que ya hace que se presentó el actual proyecto de ampliación. En este tiempo, el acuerdo firmado entre la APV y MSC —una de las principales navieras mundiales y propietaria del futuro muelle— ya ha caducado. Montiel recuerda que "la concesión a MSC se encuentra en un limbo jurídico, ya tenía que haberse ejecutado en ocho meses, y, a pesar de una primera prórroga, ya ha caducado".

A pesar de esto, MSC no se ha retirado y continúa esperando. "Esto demuestra que no fue una licitación real (MSC ganó por ser el suyo el único proyecto presentado) sino un traje hecho a medida. Un proyecto como este supone un coste de hacer todos los informes, provisión de fondo para la inversión, reserva de maquinaria que, en algunos casos hay que fabricar expresamente, etc. Y una empresa no aguanta todo esto si es que no sabe que no tiene otra opción", continúa Montiel.

El mayor riesgo es que la APV continúe con el proyecto sin esperar la resolución judicial y, una posterior sentencia contraria, obligara a pagar masivas indemnizaciones a MSC con dinero público.

Consenso social contra la ampliación

En estos dos años también han cambiado los acondicionamientos políticos que rodean la ampliación. Si entonces la ampliación del puerto era vista, por la mayoría de la ciudadanía, como un asunto lejano e intrascendente, con el tiempo, la oposición al nuevo muelle ha ido creciendo, ganando adeptos en sectores sociales muy diversos y presentando argumentos cada vez más sólidos.

Entonces, por ejemplo, la posición de Joan Ribó, alcalde de València, era mucho más matizada y condicionada a la repetición de la DIA. A día de hoy, Compromís rechaza frontalmente la obra. Su portavoz parlamentaria, Papi Robles, está segura que esta "acabará por no hacerse, porque cada vez se aguanta menos". Esta diputada no solo alerta sobre la "destrucción del litoral", sino también recuerda que "los empresarios no lo necesitan, no creará riqueza y la actual infraestructura todavía puede acoger hasta un 40% más de mercancías".

Desde Podem, la diputada por Castelló, Marisa Saavedra, ha anunciado una batería de iniciativas para evitar la ampliación, como la presentación de una Propuesta No de Ley en el Congreso y el registro de una iniciativa para forzar a posicionarse a la ministra Teresa Ribera, además de la petición de paralización ante la Comisión Europea que ya elevaron.

Pero no son solo los aliados a la izquierda del PSOE. Fue significativo el silencio de los perfiles de Twitter de los cargos socialistas el día que se anunció la habilitación por parte del ministerio de Transición Ecológica. La noticia coincidió con el anuncio de la instalación de la fábrica de baterías eléctricas de Volskwagen en Sagunt, un hecho que sí desencadenó una avalancha de mensajes y autofelicitaciones. Pero solo uno vinculó esta fábrica con la "necesidad" de ampliar el puerto: la portavoz popular María José Catalá. Una excepción bastante reseñable.

"En el PSOE están callados porque esta ampliación no es justificable —defiende el miembro de la Comissió Ciutat-Port, Josep Gavaldà— y, de hecho, mucha gente del entorno socialista pero sin cargo, como el ex-dirigente Joan Romero, se han opuesto públicamente al proyecto". Para este activista, la política del "dejar hacer" dentro de los socialistas, no solo se demostraría por la actividad en redes sociales, sino en actos administrativos como la negativa a validar la DIA, primero por parte de Puertos del Estado y, ahora, por el ministerio de Transición Ecológica, limitándose a pasar la patata caliente a la APV.

"Han optado por dejar solo Aurelio Martínez (presidente de la APV) con el proyecto, imagino que por miedo a posibles efectos políticos y jurídicos de una sentencia contraria, pero también porque se trata de soterrar una cantidad obscena de dinero público (solo la ampliación, sin contar las obras de accesos, supone al menos 550 millones de euros) en un proyecto que no tiene en cuenta las actuales incertidumbres provocadas por el encarecimiento de los combustibles, el cambio climático, las relocalizaciones u otros, como la misma guerra", concluye Gavaldà.