Ayuso se queda sola en su cruzada contra el registro de objetores al aborto y se cita con el Gobierno en los tribunales

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha hecho pública este viernes la intención del Gobierno de Ayuso de no crear el registro de objetores de conciencia del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales.

Ayuso se declara en rebeldía y desacata así el mandato del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez que requería a Aragón, Madrid e Illes Balears la presentación de la base de datos con los nombres de los implicados. Las otras dos regiones, también gobernadas por el PP, han accedido finalmente.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.

Mónica García: "Aún están a tiempo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes a la Comunidad de Madrid que el Gobierno va a respetar el plazo, y ha recordado que acaba a medianoche de este viernes: "Aún están a tiempo".

"Esta noche a las 00.01 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo", ha respondido la ministra ante la posición del Gobierno de Ayuso.

El Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón e Illes Balears por incumplir con el registro de objetores, "una obligación legal".

El Ejecutivo central les dio un mes de plazo –cuya fecha límiete era este viernes– para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales.

La consejera madrileña ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto". "Creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente", ha defendido.

Tras el requerimiento y el mes para que estas comunidades justificasen su situación, el Ministerio de Sanidad tiene dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley, según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Tal y como apuntó la ministra, "saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia".

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Ante este requerimiento, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió la capacidad de "autoorganización" en materia sanitaria. "Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha añadido este viernes la consejera de Sanidad.