El Constitucional suspende la norma de Ayuso que impide catalogar la sede de Sol un lugar de memoria

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes suspender el artículo de la norma de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que impide poner una placa en la Real Casa de Correos que la signifique como lugar de memoria.

La negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid a negociar con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la colocación de una placa que recuerde el luctuoso pasado del lugar ha desencadenado este conflicto que llega ahora al Constitucional.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha adoptado esta decisión al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que añade los artículos 87, 88 y 89, apartados 2 y 3, a la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 11 marzo el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el acuerdo del Ejecutivo nacional de incoar procedimiento de declaración de lugar de memoria democrática la extinta Dirección General de Seguridad franquista.

Posteriormente, el 25 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid.

La ministra portavoz del Gobierno explicó entonces que esta medida se adoptó ante la negativa de la Comunidad de Madrid a dialogar con el Ministerio de Política Territorial para resolver las discrepancias sobre este asunto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entendió que el objetivo del Gobierno es reducir la historia de la Real Casa de Correos "a un pasado tenebroso" con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición".

Por su parte el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que el Gobierno incoó en octubre del año pasado el expediente para declarar lugar de memoria la sede de la extinta Dirección General de Seguridad por considerar que fue "un centro de represión, de torturas e incluso de muerte" durante la dictadura.

La Comunidad de Madrid respondió a este expediente con un requerimiento y a la vez el Gobierno autonómico hizo la referida modificación legislativa.

El Consejo de Ministros decidió recurrir ante el TC al entender que los tres artículos que introduce la reforma "están fuera de la Constitución" al señalar que los lugares de memoria que sean de la Comunidad de Madrid se tienen que acordar con el Gobierno regional.

También sostienen esos artículos que "no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble", que en este caso en la Comunidad de Madrid, así como que los actos de memoria "tienen que hacerse en consenso" con el Ejecutivo autonómico.