Diez años de la investidura de Puigdemont: referéndum, exilio y caos en el espacio postconvergente

El 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont fue investido president de la Generalitat de Catalunya con 70 votos a favor —los de los diputados de Junts pel Sí y la CUP— y 63 en contra. Una investidura que llegaba después de semanas intensas de negociaciones y de fuertes tensiones, sobre todo entre los anticapitalistas que decidieron vetar para el cargo al hasta entonces president y líder de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Artur Mas. Cuando el escenario de una repetición electoral ya sobrevolaba en el horizonte, la presión de algunos actores independentistas —como una ANC que lideraba Jordi Sànchez— mantuvo una negociación que acabaría con el aval, in extremis, al nombre de Carles Puigdemont.

Hacía ya meses que Puigdemont, que en 2011 se había convertido en el primer alcalde de Girona que no pertenecía al PSC desde la recuperación de la democracia, había ido subiendo peldaños dentro de la escalera de CDC. En un momento de ebullición del procés, que encaraba sus años más trepidantes, cuando fue investido como líder del Govern presidía la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El antiguo periodista asumía el cargo con una hoja de ruta clara: la independencia en 18 meses. Pero diez años después, se mantiene en el exilio belga —a la espera de que se le aplique la ley de amnistía pesa sobre él una orden de detención si pisa el Estado— y su espacio político ha pasado por cambios, escisiones y redefiniciones que todavía hoy duran. Y no solo eso: ahora Junts está en la oposición y sus perspectivas electorales se ven amenazadas por el crecimiento de la extrema derecha independentista, que representa Aliança Catalana.

El contexto de aceleración del procés transformó rápidamente el perfil de Puigdemont —que, eso sí, siempre se había situado entre los sectores independentistas de CDC—, y en junio de 2017 convocó oficialmente el referéndum del 1 de octubre. Después de las grandes movilizaciones y la represión policial se llegó al 27 de octubre, en el que se aprobó la simbólica declaración de independencia.

Aunque no tenía ninguna trascendencia legal —la declaración ni siquiera llegó a publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC)— desató una gran represión del Estado. Bajo el Govern de Rajoy, se respondió con la intervención de las instituciones catalanas a través del artículo 155, la detención y encarcelamiento de los miembros de la Generalitat que se quedaron en Catalunya —como el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras— y la marcha al exilio del resto. El propio Puigdemont se instaló en Bélgica, donde reside desde aquel otoño de hace más de ocho años.

Crisis en su espacio

Los años más intensos del procés también desataron una crisis política estructural del espacio político representado por la antigua CDC, que de algún modo todavía se mantiene hoy. Después de que se rompiera la histórica alianza con la hoy desaparecida Unió Democràtica —con quien durante décadas formó la alianza de CiU—, en su intento de huir de la sombra de la corrupción del pujolismo y del caso 3%, CDC mutó en el verano de 2016 en el PDeCAT.

El nuevo partido, sin embargo, quedó desbordado por la irrupción de Junts per Catalunya como marca electoral, concebida inicialmente como un instrumento al servicio del liderazgo de Puigdemont. Con esta marca, y un Puigdemont en Bélgica de cabeza de lista, el partido concurrió a las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las que se vio superado por Ciudadanos, pero en las que quedó por delante de ERC y la mayoría independentista permitiría, meses después, la sorprendente investidura de un outsider como Quim Torra.

El PDeCAT quedó progresivamente arrinconado mientras Junts per Catalunya se consolidaba como partido. La situación acabaría con una ruptura absoluta que se visualizaría en las elecciones catalanas de febrero de 2021, cuando Junts y el PDeCAT concurrieron en listas separadas y los pésimos resultados de los segundos —cero diputados— aceleraron el camino hacia su futura disolución.

Desde entonces, el espacio liderado por Puigdemont ha vivido una sucesión de cambios orgánicos. Con el tiempo, Junts se ha transformado de una coalición electoral —en buena parte alimentada por formaciones minúsculas— a un partido estructurado, no sin dificultades para equilibrar y funcionar en el ámbito interno. El propio Puigdemont ha ido alternando rol: durante un par de años (2022-2024) cedió la presidencia orgánica a Laura Borràs para marcar distancias institucionales y centrarse en el Consell per la República. La condena por corrupción de Borràs y la nula influencia social y política del Consell llevaron a Puigdemont a recuperar la presidencia de Junts en octubre de 2024.

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Judit Castaño

El reto electoral

Paralelamente, Puigdemont ha mantenido una trayectoria política condicionada por su situación judicial. Detenido en Alemania en marzo de 2018 y encarcelado durante 12 días en Neumünster antes de quedar en libertad bajo fianza, su caso ha pasado por tribunales de diversos países europeos. Las negativas reiteradas a la extradición han consolidado su relato de persecución judicial y han mantenido una cierta presencia del conflicto catalán a escala internacional. A la vez, su ausencia física de la política catalana también le ha acabado desgastando de manera clara.

Con todo, hasta ahora se ha mantenido como el único líder posible de Junts y electoralmente el partido ha resistido, a la espera de lo que suceda en el siguiente ciclo con las urnas, que encarará con unos pésimos pronósticos en las encuestas. En los comicios al Parlament de 2021 se situó como tercera fuerza, pero con 32 escaños quedó justo a uno del PSC —la opción más votada— y ERC, mientras que en 2024 subiría al segundo lugar y obtendría 35, si bien más lejos de los socialistas, que se encaramaron hasta los 42.

En estos últimos años su espacio ha vivido momentos de una influencia mínima, especialmente visible cuando, a partir de octubre de 2022, Junts rompió con ERC y salió del Govern de Aragonès y, además, sus votos no eran decisivos en el Congreso. Ahora bien, los comicios estatales de julio de 2023 lo devolvieron al primer plano político, ya que los siete diputados de Junts en la cámara baja se volvieron decisivos y permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

Hoy, diez años después de su investidura, Puigdemont afronta un escenario más complejo que nunca. Su posible regreso coincide con un independentismo más atomizado que nunca y con la aparición de Aliança Catalana, que disputa los votos a Junts con un discurso racista y primario que se alimenta, en parte, del malestar de los decepcionados con el procés. En este nuevo mapa, el reto del expresident ya no es solo volver, sino decidir si su liderazgo sirve para reconstruir un espacio en transformación o para resistir ante una extrema derecha que lo enmienda. Hasta ahora, ha ido salvando el partido manteniéndose por encima de los 30 diputados, pero las últimas encuestas lo sitúan, incluso, por debajo de los 20. Un hipotético resultado que, probablemente, desataría una crisis sin precedentes entre los postconvergentes.