Cuando Feijóo sí pedía usar el gallego en las instituciones de la UE
El rechazo del PP a la oficialidad europea del gallego, el euskera y el catalán contradice la práctica habitual de su líder durante los 13 años en que se mantuvo como presidente de la Xunta de Galicia.

A Coruña--Actualizado a
El Alberto Núñez Feijóo que hoy denosta la posibilidad de que las lenguas cooficiales del Estado lo sean también en las instituciones de la Unión Europea es el mismo que hace 15 años pedía usar el gallego ante esos mismo organismos cuando era presidente de la Xunta. O no. Porque el idioma de sus padres, en el que, según el Instituto Galego de Estatística, aprendieron a hablar más 877.000 personas de su país y que emplean a diario cerca de 1,2 millones de sus conciudadanos, ya gozaba de reconocimiento legal en la UE.
El régimen lingüístico de la Unión parece complicado, pero resumirlo en cuatro líneas no es, en realidad, muy difícil: hay 24 lenguas de trabajo en las que se deben publicar todas las normas comunitarias y en las que los europeos, sus representantes políticos y sus Estados y funcionarios tienen derecho a dirigirse a y recibir respuesta de las instituciones comunitarias. De entre esas 24, tres –inglés, francés y alemán– gozan de un estatus oficioso pero consolidado de idiomas más habituales.
Además, cada Estado miembro puede instar acuerdos y firmar con cada institución los convenios bilaterales que considere convenientes para promover y permitir el uso de otras lenguas minoritarias o minorizadas en su territorio, siempre que no se vulneren los principios básicos citados y, casi siempre, asumiendo los costes de traducción y/o interpretación que se deriven.
Fue lo que hizo España hace 20 años, cuando el Consejo de Ministros de la UE aprobó el uso del gallego, el catalán y el euskera en las intervenciones orales en sus sesiones y en las de otras instituciones; así como en las comunicaciones de los y las ciudadanas con ellas y, también, para que se publicaran en esos idiomas los actos administrativos y legales adoptados por el Europarlamento y el Consejo mediante el procedimiento de codecisión.
Convenios con Zapatero
A raíz de la aprobación de ese documento el 13 de junio de 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmó convenios para desarrollarlo con el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.
Desgranarlos todos podría aburrir al lector, pero baste para que éste se haga una idea del asunto una breve cita del acuerdo con el Consejo de la UE, la institución que representa a cada Estado y que los coordina a todos, suscrito en 2006: "Los representantes de España podrán, si ha lugar, utilizar en una sesión del Consejo una de las lenguas distintas del castellano reconocidas como lenguas oficiales en la Constitución española". Las únicas condiciones son que España avise con antelación y que existan medio humanos y técnicos disponibles.
"Los representantes de España podrán, si ha lugar, utilizar en una sesión del Consejo una de las lenguas distintas del castellano reconocidas como lenguas oficiales en la Constitución española" (Acuerdo entre España y el Consejo de la UE firmado en 2005)
La primera vez que Feijóo viajó como presidente de la Xunta a Bruselas fue en octubre de 2009, pocos meses después de ganar su primera mayoría absoluta en Galicia y poco antes de que España firmara, el 16 de noviembre de ese año, el correspondiente convenio lingüístico con el Comité de las Regiones. Desde entonces, el líder del PP intervino varias veces en ese organismo usando el gallego y con intérprete. Aún quedan periodistas y traductores que lo recuerdan.
También está la hemoreteca, claro, que rememora la reunión que mantuvo con el entonces presidente de la Comisón Europea, José Manuel Durão Barroso. "Feijóo propone un ‘aterraxe suave’ para no perder los fondos de la UE", titularon los medios, para subrayar que el hoy presidente del PP había usado el término (en femenino) gallego para "aterrizaje" en una reunión que, según confirmaron entonces fuentes del gabinete de Barroso, se había celebrado en gallego y en portugués.
El gallego en la Eurocámara, hace un cuarto de siglo
En el Parlamento Europeo ya se había escuchado el gallego mucho antes. Primero, hace más de un cuarto de siglo, en boca del eurodiputado del BNG Camilo Nogueira, que se apoyaba en la cabina de interpretación del portugués; y luego, en 2006, oficialmente y con intérprete específico, en la del antecesor de Feijóo en la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño. La fonoteca y la hemeroteca también guardan cortes de Feijóo dirigiéndose en gallego a la prensa y a sus ciudadanos desde la sede de la Eurocámara en varias de sus visitas como máximo representante de Galicia.
Además, desde entonces, los conselleiros de sus gobiernos usaron ese idioma en algunas de sus intervenciones en las reuniones ministeriales, especialmente cuando se trataban temas que les afectaban y le tocaba a Galicia el turno de representación rotatoria, que algunos ministerios ofrecen a las comunidades autónomas cuando se debaten asuntos de su directa competencia.
El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, Países Bajos, 1992) establece que la Unión, donde 40 millones de personas –uno de cada diez ciudadanos– hablan lenguas que no son mayoritarias en el Estado en el que viven, tiene que "respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". El Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa, Portugal, 2007) también conmina a sus instituciones a promover "el aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros", en atención a su diversidad. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Niuza, Francia, 2000) prohíbe expresamente la discriminación por razón de idioma.
Lo que España propone y a lo que Feijóo se opone –que las lenguas cooficiales en España los sean en la UE– sigue esa senda normativa de los tratados y, además, tampoco es algo excepcional. Irlanda logró hace tres años que se le reconociera ese mismo estatus al gaélico, que cuenta con 1,8 millones de hablantes frente a los 8,5 millones de ciudadanos del Estado español que usan habitualmente el catalán, el euskera o el gallego. La UE aceprtó la oficialidad del gaélico en enero de 2022, cuando Feijóo aún presidía la Xunta. Era el mismo político que ahora que preside el PP. O no.


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