Un juez procesa al 'ex número dos' del PSOE andaluz y a un exconsejero por el presunto fraude de los cursos de formación

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha procesado, como paso previo a la apertura de juicio oral, al exvicesecretario general del PSOE de Andalucía Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por el fraude de los cursos de formación relacionado con un entramado empresarial.

Además de Velasco y Fernández, el magistrado ha procesado a otros ocho acusados entre los que se encuentran familiares del exvicesecretario vinculados a la empresa Aulacen Cinco. Entre los ocho también se sitúan ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Este procedimiento está relacionado con la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen Cinco SL, vinculada con Velasco.

Aulacen habría sido beneficiaria de unos 194.000 euros

A través de diferentes expedientes de subvención Aulacen Cinco habría sido beneficiaria "injustamente" de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo para cursos formativos para desempleados. La empresa habría recibido más de 193.900 euros, culminado con un último ingreso por el importe de 10.324 euros.

Según el juez, es una actividad "al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados".

Entre las irregularidades, el juzgado también expone que no se habría seguido de forma legal el procedimiento competitivo establecido de inscripción de la sociedad Aulacen Cinco como centro de formación acreditado.

Por estas irregularidades, "cabe deducir el trato de favor que, por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se habría dispensado a Aulacen Cinco SL como beneficiaria", indica la resolución.

El juzgado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, pidan la apertura del juicio y formulen escrito de acusación, el archivo de la causa o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.