El fraude de los ERE: el caso que liquidó la hegemonía del PSOE en Andalucía en seis claves

El 19 de noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla abrochó, después de una severísima instrucción impulsada por la magistrada Mercedes Alaya, la sentencia que condenaba a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por prevaricación, y José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, este delito unido al primero. Tres años después, el Tribunal Supremo confirmó las condenas.

Ahora, un lustro después de la primera sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional sobre Magdalena Álvarez abre la puerta también a la anulación de las condenas de Chaves y Griñán, según expertos consultados por Público. Esto se verá la próxima semana.

En la Andalucía azotada por el desempleo, la Junta presupuestó 679,2 millones de euros distribuidos durante diez años para combatir crisis empresariales y laborales. Su reparto en ese periodo, opaco y arbitrario, según la justicia, causó un daño tremendo al PSOE, el partido que había gobernado durante 37 años consecutivos.

Estas son seis claves del caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) fraudulentos que marcó a fuego la política andaluza y que contribuyó a liquidar la hegemonía socialista.

1. El PSOE no gana desde la condena

La sentencia de la Audiencia de Sevilla llegó tras una instrucción que había arrancado ocho años antes, cuando el hoy fallecido Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, epicentro del caso, manifestó a la Policía, en un interrogatorio que disponía de un "fondo de reptiles para crisis". Aunque luego se desdijo, esa frase impulsó las pesquisas dirigidas por la jueza Mercedes Alaya. 

El PSOE pudo ganar los comicios de diciembre de 2018, pero no gobernar. Se lo impidió el pacto del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla con Ciudadanos y Vox. Fue el principio del fin de la hegemonía socialista en Andalucía. El caso de los ERE no es ciertamente la única razón que explica que el PSOE perdiera el Gobierno andaluz —el desgaste tras 37 años de Gobierno consecutivos y el deterioro de los servicios públicos en los últimos años son factores relevantes, además de las guerras internas en el partido—, pero, desde luego, es un factor fundamental para comprender ese ocaso.

La minuciosa y polémica instrucción de Alaya desgastó al partido, que perdió cuadros y provocó desafección de los profesionales y clases medias que habían apoyado hasta entonces los Gobiernos del PSOE. Y la sentencia, que cayó como una bomba, terminó por liquidar el dominio socialista.

Aunque nueve días antes de la sentencia, los socialistas lograron ser la primera fuerza en Andalucía en las elecciones generales de 2019, desde que ese 19 de noviembre de 2019 fueran condenados Chaves y Griñán, el PSOE ha perdido todas las elecciones que se han celebrado en la Comunidad Autónoma. El PP es hoy el partido hegemónico. Ha ganado las últimas autonómicas, generales,  municipales y europeas.

2. El papel de Alaya

El caso de los ERE no se explica sin la magistrada Mercedes Alaya. Ella impulsó una investigación minuciosa, que no estuvo exenta de polémica, pero que tanto la Audiencia de Sevilla, primero, como el Supremo, después, confirmaron. 

El exvicepresidente del Gobierno del PSOE Alfonso Guerra llegó a manifestar, entre grandes críticas del PP, que había "una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron". Por esas palabras fue amonestado por el Poder Judicial.

La instrucción de Alaya estuvo plagada de momentos polémicos y de anuncios en su toma de decisiones en momentos previos a procesos electorales, que indignaron a los socialistas.

3. El gran salto

El gran salto del caso se produjo cuando en la primavera de 2011 Alaya reclamó las actas de los consejos de Gobierno de diez años. Ahí quedó claro a dónde apuntaba la instrucción.

Un informe del interventor general, que fue acusado y absuelto, en el que se declaraba que se estaban dando ayudas fuera de los procedimientos legales establecidos, le dio a Alaya un hilo del que tirar. Comenzó así la tesis de que todo el fondo era ilegal. Y Alaya comenzó el cerco a Griñán, que acabó con su condena por el Supremo.

4. Desmadre en empleo

Aunque el Constitucional haya declarado que los fondos recogidos en las leyes de presupuestos para resolver crisis laborales eran legales por su propia naturaleza, las pesquisas judiciales han revelado que en la Consejería de Empleo existió un descontrol y un desmadre. Así, el modo de distribución de los 679,2 millones de euros presupuestados para empresas en crisis durante diez años fue opaco y arbitrario.

Así, según la Audiencia de Sevilla, la Consejería de Empleo gastó ese dinero "sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción de la supuesta ayuda y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía".

Los gestores de Empleo, permitieron, además de repartir el dinero en empresas y trabajadores –6.000 han cobrado las ayudas– "el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado" y con ello causaron perjuicios económicos a la Junta de Andalucía "claros e importantes", según la Audiencia de Sevilla.

El escenario que reveló la justicia era uno en el que Guerrero manejaba importantes cantidades de efectivo y concedía algunas subvenciones sin mover un papel. Incluso gente que nada tenía que ver con inversiones productivas en Andalucía, como el exfutbolista Pizo Gómez, se llevó subvenciones.

La confesión de su chófer, Juan Francisco Trujillo, hoy condenado por ello, de que había comprado cocaína con dinero público simboliza como pocas cosas este desmadre.

5. El destino del dinero

Los 679,2 millones fueron a tres destinos diferentes. Por un lado, a ayudas sociolaborales; por otro, a ayudas a empresas en crisis; por último, a otro tipo de ayudas ajenas a los fines a que debían ir destinadas, ya que 6.000 trabajadores percibieron el grueso de las subvenciones.

La Audiencia de Sevilla precisó que las ayudas sociolaborales iban destinadas al pago de primas de pólizas de rentas y capital abonadas por la Junta de Andalucía, de las que se beneficiaron 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo, extintivos, o simplemente reducir plantilla mediante despidos.

Sin embargo, como no se publicaron unas bases reguladoras de estas ayudas, que garantizase su publicidad y conocimiento por los potenciales beneficiarios, "se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo y situaciones de crisis empresarial".

Además, como tampoco existió ningún mecanismo que comprobase a las personas beneficiarias de las pólizas, otras personas se llevaron sin tener derecho a ello pólizas abonadas por la Consejería de Empleo. Estos son los famosos intrusos, los falsos prejubilados que dieron origen al caso.

Por otra parte, "un gran número de estas ayudas" a empresas en crisis "carecían de un objeto concreto" y respondían a fines muy diversos. Así, los fondos se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo", se lee en la sentencia de la Audiencia.

Sirvan como ejemplos los siguientes. Con cargo a estos fondos, se financió un protocolo para ceder un inmueble al sistema de emergencias 112 Andalucía; se sufragó el programa de formación por internet del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería; también una campaña de prevención de riesgos laborales; además la financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las contratas de limpieza de Granada, que, con ello, puso fin a un conflicto, y se financiaron muestras de artesanía, además de cursos de Alta Dirección de Instituciones Sociales para un total de 100 personas.

6. La condena a Griñán, en el aire tras la decisión del TC

Ahora, la Audiencia de Sevilla deberá interpretar el fallo del Constitucional, que establece que "la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación". Este tipo de actuaciones, "ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía".

De momento, la sentencia que condenó a Magdalena Álvarez, la exconsejera de Hacienda ha sido anulada parcialmente. Algunos expertos creen que este criterio puede servir para anular las condenas de Chaves y Griñán —la de este conlleva cárcel, que ha evitado hasta ahora por el cáncer que padece—.

La semana que viene, el Constitucional verá estos recursos de amparo y decidirá. Y la Audiencia de Sevilla deberá ajustar su decisión a lo estipulado por el órgano garante de la aplicación constitucional de las leyes.