La Audiencia de Sevilla condena a cuatro años y nueve meses de cárcel al chófer que compró cocaína con dinero de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a Juan Francisco T, quien fuera el conductor de Javier Guerrero, hoy fallecido, exdirector general de Trabajo, epicentro del caso de los ERE fraudulentos por el que han acabado condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE) y José Antonio Griñán (PSOE).

Los magistrados consideran probado que el chófer recibió sin tener derecho a ello 1,35 millones de euros de la partida destinada a trabajadores en crisis. Otros 125.000 euros se desviaron en pólizas de seguros "fraudulentas" a favor de su "propia madre".

La condena se produce por delitos de prevaricación, malversación y de falsedad en documento oficial con dos atenuantes: dilaciones indebidas y confesión.

El conductor se concertó con Guerrero, su jefe y fue montando hasta tres "sociedades mercantiles con la intención de recibir cantidades procedentes de ayudas que serían concedidas para financiar presuntas actividades de inversión, y que provenían de fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

Juan Francisco T., según la sentencia, "destinó parte de los fondos recibidos de las subvenciones al pago de necesidades particulares de Javier Guerrero –que incluían consumiciones en restaurantes y establecimientos de ocio, y suministro de estupefaciente (cocaína)– y a la entrega a este de cantidades en metálico".

Juan Francisco T "tenía la disponibilidad de la totalidad de los fondos allegados a las cuentas bancarias de las tres entidades, utilizó los respectivos importes para fines diferentes de los que, en su caso, se expresaban en los correspondientes proyectos de inversión que se habían presentado para justificar la concesión de las ayudas; estos fines estaban relacionados con la satisfacción de intereses particulares como la compra de bienes inmuebles".

Tres empresas diferentes

Los 1,35 millones fueron entregados a tres empresas diferentes. Así, Juan Francisco T. constituyó en 2003 la empresa Lógica Estratégica Empresarial. Un año después, sin apenas papeleo, Guerrero le concedió 450.000 euros con cargo a la partida de los ERE, la ya famosa 31L, según recoge el fallo.

Además, Juan Francisco T. creó otra firma, Iniciativas Turísticas Sierra Morena. Guerrero, sin que "se tramitara expediente administrativo, omitiéndose de modo total y absoluto el procedimiento legalmente establecido", le concedió otros 450.000 euros. La misma cantidad y de la misma forma, 450.000 euros, fue a parar a otra compañía, "la empresa Isidoro R.E.".

Los magistrados concluyen que el haber dispuesto de estos 1,35 millones "perjudicó la disponibilidad presupuestaria que se necesitaba para atender el objetivo de la partida 31-L [la de los ERE], que era facilitar ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en situación de crisis, y privó a empresas que realmente se hallaban en esta coyuntura de concurrir y acceder a los importes".