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Caso ERE Todas las condenas del caso ERE

La Audiencia ha dictado sentencia contra seis exconsejeros, además de los expresidentes de la Junta de Andalucía

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El exdirector de Trabajo Javier Guerrero hoy en la Audiencia de Sevilla. /EFE

El tribunal de la pieza política del caso ERE ha condenado a seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán al considerarlo culpable de prevaricación y malversación. Por su parte, Manuel Chaves, expresidente de Andalucía y del PSOE, ha sido inhabilitado por nueve años al resolver que incurrió en un delito continuado de prevaricación, al igual que la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez. Los tres fueron ministros de gobierno socialistas.

Estas son las condenas que reciben los 19 exaltos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía por transferir dinero público, entre los años 2000 al 2009, sin control previo, a una entidad pública y eludir los controles administrativos con el fin de agilizar las ayudas sociolaborales a trabajadores en reestructuración empresarial. 

La sentencia [enlace a su contenido íntegro] incluye dos absoluciones: la del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez -juzgado por prevaricación y malversación-, y del ex jefe del Gabinete Jurídico, Francisco del Río (prevaricación).

Manuel Chaves, presidente de la Junta (1990-2009)

Condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

El fiscal acusó al que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009 de un delito continuado de prevaricación de los artículos 404 y 74 del Código Penal, sin apreciar que concurriese ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó para él una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.  

José Antonio Griñán, presidente de la Junta (2009-2013)

Ha sido condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por un delito continuado de malversación, en concurso medial con prevaricación. [El concurso medial se da cuando la actuación delictiva abarca más de un delito y uno de ellos es imprescindible para cometer otro].

El sustituto de Manuel Chaves en la presidencia de la Junta, que presidió un gobierno de coalición con IU antes de renunciar al cargo al año de su constitución, afrontó este juicio por su gestión como consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009. Griñán se enfrentaba a una petición de 10 años de inhabilitación por prevaricación y de 6 años de prisión por otro delito continuado de malversación de los artículos 432 y 74 del Código Penal, más una inhabilitación absoluta durante 20 años por este último delito, así como al pago de una parte correspondiente a la restitución a la Hacienda Pública andaluza de los créditos destinados a ayudas sociolaborales de forma fraudulenta. 

Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia durante 15 años

Recibe una condena de 9 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público por un delito continuado de prevaricación.

El que fue mano derecha de Chaves durante gran parte de su mandato al frente de la Junta, responsable de la función de secretariado de las reuniones de los Consejos de Gobierno y hombre fuerte en el PSOE de Jaén afrontaba la misma petición de condena que su superior, 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. 

José Antonio Viera, consejero de Empleo (2000-2004)

Condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta de 18 años y un día por delito continuado de malversación en concurso medial con prevaricación.

El primer responsable de la Consejería de Empleo en la etapa que abarca este procedimiento judicial, que también fue secretario general del PSOE de Sevilla y antes de entrar de lleno en la política entrenador de fútbol, se enfrentaba a la petición más alta de condena: 8 años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, además de otros 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, junto al pago de la parte correspondiente a la restitución a la Hacienda Pública andaluza de los créditos destinados a ayudas sociolaborales de forma fraudulenta. 

Antonio Fernández, consejero de Empleo (2004-2010)

Es condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día por delito continuado de malversación en concurso medial con prevaricación.
Para el sustituto de Viera en la Consejería de Empleo, reconocido abogado laboralista y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Jerez, la fiscalía solicitaba las mismas penas por los delitos continuados de malversación y prevaricación. Ha sido condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta de 18 años y un día por malversación y prevaricación. 

Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda (2009-2010)

Condenada a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por un delito continuado de malversación, en concurso medial con prevaricación.

La que fue viceconsejera de Griñán en el departamento de Economía y Hacienda, y que luego asumió el cargo de consejera cuando aquél fue nombrado presidente de la Junta, se enfrentaba por su gestión como ‘vice’ a la misma solicitud de condena de prisión e inhabilitación que su superior. 

Francisco Vallejo, consejero de Innovación (2004-2009)

Condenado a 7 años y 1 día de prisión y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por malversación continuada, en concurso medial con prevaricación.

El hombre que ocupó hasta tres consejerías en sucesivos gobiernos de la Junta entre 1994 y 2009 después de haber sido alcalde de La Carolina (Jaén) afrontaba por su etapa como responsable del departamento de Innovación, Ciencia y Empresa la misma solicitud de penas que Viera, acusado también de cometer delitos continuados de malversación y prevaricación. 

Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda (1994-2004)

Condenada a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.

Fue ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Afrontaba por su etapa como consejera en el gobierno de Manuel Chaves a una petición del fiscal de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación. 

Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo (2004-2010)

La condena ha sido de 7 años y un día de prisión por malversación cotinuada, así como 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación (en concurso medial con el primer delito).

El ministerio público pedía para el ‘vice’ del consejero Antonio Fernández las mismas penas que para quien fue su superior durante sus seis años en Empleo, acusado de los delitos de prevaricación y malversación. 

Jesús Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación (2005-2010)

Es condenado a 6 años y 2 días de prisión por malversación continuada e inhabilitado por 15 años y dos días por prevaricación (concurso medial).

Para el ‘segundo’ de Vallejo en Innovación, anteriormente viceconsejero de Justicia y Administración Pública y alcalde de Estepa (Sevilla), el fiscal solicitaba las mismas condenas que para su superior. 

José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda (1990-2004)

La Audiencia de Sevilla le ha condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada.

El ‘vice’ de Magdalena Álvarez, que luego ostentó el cargo de consejero durante tres meses y luego la presidencia de Renfe, afrontaba la misma petición de pena que su entonces jefa por un delito de prevaricación. 

Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo (1999-2008)

Condenado a 7 años,11 meses y un día de prisión por malversación continuada, así como a 19 años, 6 meses y un día por prevaricación (en concurso medial).

La persona a quien se sitúa en el corazón del caso de los ERE, director general durante toda una década y con tres consejeros de Empleo diferentes. Fue el primer responsable de las ayudas a empresas y trabajadores motivo de este procedimiento judicial. Se enfrentaba a la máxima petición de pena, como en el caso de dos de sus exsuperiores, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Juan Márquez Contreras, director general de Trabajo (2008-2010)

Recibe una pena de 7 años y 1 día de prisión por malversación continuada y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por prevaricación continuada.

El sustituto de Guerrero afrontaba las mismas peticiones de condena que su antecesor en el cargo. 

Juan Francisco Sánchez, secretario general Consejería de Empleo (2000-2004)

Condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y absuelto de la malversación.

El que luego fue también secretario general técnico de la Consejería de Innovación y director de Finanzas de IFA-IDEA hacía frente a una petición de penas por los delitos de prevaricación y malversación (8 años de prisión).

Javier Aguado, secretario general de Empleo (2004-2008)

Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada y absuelto del delito de malversación.

El fiscal solicitaba también las máximas penas para este responsable, que anteriormente había dirigido la Secretaría General de Trabajo. 

Lourdes Medina, secretaria general de Empleo (2008-2012)

Condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación y absuelta de malversación.

La secretaria general técnica que sustituyó a Aguado del cargo en la última etapa de este caso se enfrentaba también a la acusación del fiscal por los delitos de prevaricación y malversación.

Antonio Vicente Lozano, director general de Presupuestos (2002-2009)

Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada.

Alto cargo de la Consejería de Economía y Hacienda, la fiscalía pedía para él 10 años de inhabilitación. 

Manuel Gómez Martín, interventor general de la Junta (2000-2010)

Absuelto. Era el encargado de la intervención general de la Administración andaluza durante una década y afrontaba una acusación por prevaricación y otra por malversación (6 años de prisión). 

Miguel Ángel Serrano, director general de IFA-IDEA (2004-2008)

Condenado a 6 años, 6 meses y un día de prisión por malversación continua, así como a 10 años de inhabilitación absoluta por prevaricación.

El responsable de la agencia pública encargada del desarrollo económico regional mediante el apoyo al empresariado se enfrentaba a una acusación por prevaricación y malversación. 

Jacinto Cañete, director general de IFA-IDEA (2008-2009)

Estaba acusado de los mismos delitos que su antecesor en el cargo. Ha sido  condenado por prevaricación a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial y absuelto de la malversación.

Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta (2001-2008)

Absuelto. Afrontaba una solicitud de 10 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.  

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