El Partido Popular sigue sin desvelar si reclamará a su senador Manuel Baltar que entregue su acta después de que haya sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial. A pesar de que el PP sí ha exigido el cese de otros cargos socialistas en casos similares, la dirección de Alberto Núñez Feijóo ni siquiera aclara si ha abierto expediente a Baltar, como ordenan sus propios estatutos.

El pasado agosto, los populares reclamaron la salida del Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) de la teniente de alcaldesa socialista Iria Malvido, que triplicó en un control de alcoholemia la tasa máxima permitida para conducir. En un duro comunicado advirtieron de que la conducta de los representantes públicos "debe ser ejemplar" y de que la situación de la concejala era "insostenible". “Cuando una persona comete un error, lo que debe hacer es asumir las consecuencias de sus actos y pedor disculpas”; dijeron. Cuatro días después, Malvido cuya tasa superaba el límite para que sus infracción se considerara delito, anunció su renuncia.

Un día antes, otro concejal del PSOE, Óscar Jiménez, edil en Nerja (Málaga), dimitió tras conocerse que había sido condenado a 1.200 euros y ocho meses sin carné por otra alcoholemia. El pasado diciembre, Sergio Matas, diputado socialista en el Congreso, anunció que dejaba su escaño después de que trascendiera que había dado positivo en alcohol tras sufrir un accidente sin heridos.

Baltar fue identificado el pasado 23 de abril como el conductor del coche oficial de la Deputación de Ourense al que un radar que detectó a 215 km/h. El pasado lunes, el Tribunal Supremo lo condenó a 1.800 euros y un año sin carné tras considerar probado que circulaba como mínimo a 204 km/h en una vía limitada a 120. El BNG y el PSOE han pedido su dimisión, pero tanto Feijóo como Alfonso Rueda han evitado pronunciarse sobre si Baltar debe hacerlo.

Indicios de delito

Los estatutos del PP son muy claros al respecto de los procedimientos en casos similares: los cargos orgánicos y de representación tienen el deber de comunicar a la dirección la apertura de cualquier procedimiento jurisdicional del que puedan derivarse indicios de la comisión de un delito, y poner su cargo a disposición del partido si el Comité Nacional de Derechos y Garantías considera que el asunto puede dañar la imagen de la formación o de la institución de la que forme parte el afectado

En su artículo 13.1.c., las normas internas del PP consideran falta muy grave "la condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los [...] estatutos, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente". El apartado 3 del citado artículo 13 castiga las faltas muy graves con suspensión de militancia por entre cuatro y seis años e inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o de representación durante el mismo período.

En cuanto al procedimiento, el reglamento indica que cuando un afiliado incurre en conductas tipificadas como delito doloso incompatible con esas obligaciones éticas, se le debe abrir expediente informativo, que se transformará en expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral.

"No hay novedades"

Público se ha dirigido al presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, José Antonio Monago, que ha indicado que ese organismo no hace valoraciones ni informa sobre los asuntos que trata. Fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo han indicado que "no hay novedades" en el caso y que el Comité de Garantías lo estudiará "cuando sea oportuno", pero se han negado a confirmar si, como establecen los estatutos, se ha abierto expediente informativo para transformarlo luego en disciplinario.

Tras su infracción al volante del coche oficial de la Deputación el 23 de abril de 2023, la jueza señaló la vista oral para el 9 de mayo de ese año. La incomparecencia de su abogado forzó a la jueza a posponer el juicio para al 30 de ese mes, cuando tampoco pudo celebrarse a causa de la huelga de funcionarios de la justicia.

Esas dilaciones dieron tiempo a Feijóo y a Alfonso Rueda para negociar con Baltr su salida de la Deputación a cambio de nombrarle senador por designación autonómica. De esa manera, logró la condición de aforado, por lo que su causa se trasladó al Tribunal Supremo, que tuvo que solicitar el preceptivo suplicatorio a la Cámara Alta para poder procesarlo y juzgarlo, finalmente, el pasado 13 de enero, casi dos años después de la infracción.

Silencio en el PPdeG

Los principales dirigentes del PP de Galicia también se mantuvieron ayer en silencio y eludieron valorar la sentencia del Supremo y ofrecer su opinión sobre si debe o no dejar su acta en el Senado.

Público preguntó por ambas cuestiones al departamento de comunicación de los populares gallegos, que a la hora en la que se terminó de escribir este artículo no había ofrecido respuesta. También se dirighió a los presidentes provinciales de A Coruña, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia, y Pontevedra, Rafael Domínguez, que no han atendido al ofrecimiento de este periódico.

Sí lo hizo el presidente de la Deputación de Ourense y del PP de esa provincia, Luis Menor, sucesor de Baltar en ambos cargos y cuyo equipo se limitó a transmitir que se remitía "a lo que ya ha dicho el partido [y los] presidentes autonómico y nacional".

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, diputado por Ourense y persona muy próxima a Baltar, tampoco ha querido valorar la sentencia ni aclarar si la permanencia del condenado como senador por designación de la Cámara gallega puede afectar negativamente a la imagen pública de ambas asambleas.