¿Qué está pasando en Ecuador?

El pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y otras organizaciones, iniciaron un Paro Nacional en protesta contra el alto coste de vida y los recortes sociales de Guillermo Lasso. El paro se inició con el corte de vías en diferentes provincias del país a lo que el Gobierno respondió deteniendo al líder de la CONAIE Leónidas Iza, bajo la acusación de paralizar los servicios públicos.

La detención de Iza y la utilización espuria del aparato judicial contra el movimiento indígena, aceleró de hecho el estallido. En paralelo a la detención del líder indígena, se declaró también el Estado de Excepción, restringiendo la libertad de movimiento, limitando los derechos de reunión y asociación, restringiendo el uso de telecomunicaciones y autorizando las detenciones sin orden judicial.

Además, se declaró el Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" poniéndola a cargo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora la represión policial y militar ha dejado 5 muertos, más de 200 heridos y unas 100 personas detenidas.

Las reivindicaciones de la CONAIE se concretan en diez puntos:

- La reducción de los precios del combustible.

- Alivio económico para más de cuatro millones de ecuatorianos.

- Precios justos para los productos del campo.

- Empleo y derechos laborales.

- Moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y auditoría a los impactos socio-ambientales.

- El respeto a los 21 derechos colectivos.

- Prohibir la privatización de los sectores estratégicos.

- La exigencia de políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.

-  Garantizar el acceso a la salud y educación.

- Seguridad para frenar la ola de violencia que atraviesa el país.

La respuesta por otro lado de Lasso:

- En primer lugar, ha derogado el Estado de excepción, que ya se extendía a seis provincias, y que era una de las peticiones de la CONAIE para iniciar el diálogo.

- En segundo lugar, ha anunciado la reducción de diez céntimos en los precios de la gasolina y el diesel, una medida que se encuentra sin embargo muy alejada de las demandas del movimiento indígena.

Ha habido petición de destitución, impulsada por el correista, y principal partido de la oposición, Unión por la Esperanza. El debate aún no ha finalizado y continuará a lo largo del día. Una vez termine, los legisladores ecuatorianos tendrán 72 horas para votar la destitución de Guillermo Lasso. Para ser aprobada, esta medida requiere al menos 92 de los 137 apoyos del Congreso.

De prosperar su destitución, el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría temporalmente el poder y se convocarían elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

El mapa del conflicto es el siguiente: De un lado está Guillermo Lasso, banquero, de hecho heredó uno de los principales bancos de Ecuador, el Guayaquil, y presidente de Ecuador desde hace cerca de un año. 

Ganó las presidenciales por la mínima en segunda vuelta con el apoyo del establishment económico y mediático del país pero su fuerza política, el movimiento CREO, obtuvo un exiguo 14% del padrón en primera vuelta y apenas cuenta 12 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional.

Durante sus primeros 100 días de gobierno promovió una masiva campaña de vacunación que le hizo ganar popularidad, pero rápidamente se topó con dificultades de gobernabilidad. En septiembre de 2021, un enfrentamiento en una cárcel en Guayaquil dejó al menos 116 muertos y Lasso decretó el estado de excepción en el sistema penitenciario. El 3 de octubre de 2021, Lasso apareció en la lista de los Papeles de Pandora.

En términos generales, Lasso no se ha alejado de la senda iniciada por su predecesor, Lenin Moreno: degradación de los servicios públicos, libre comercio, privatización y desregulación económica.

De hecho, tal y como señalan Adoración Guamán y Virgilio Hernández en una tribuna en el diario Público, el presidente banquero se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, de garantizar el pago de la deuda,  de mejorar el movimiento de capitales y de asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras tanto, desmantela los servicios públicos del país. 

La CONAIE es, en última instancia, el sujeto más representativo de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Desde principios del siglo XXI la política ecuatoriana ha estado siempre mediada por la acción de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. 

Donde más apoyos aglutina es en la zona de la sierra ecuatoriana, donde se concentra en gran parte la población indígena, y es precisamente en esta zona de donde han surgido los principales liderazgos de la organización.

Es importante señalar, que la relación de la CONAIE con los distintos gobiernos de Ecuador no ha estado exenta de contradicciones. En algunos momentos la confederación ha sido cooptada por los gobiernos, incluso por estructuras neoliberales. Tal es el caso de su brazo político, el Pachakutik, un movimiento muy heterogéneo, que incluye facciones cercanas al Gobierno. Esto se ha concretado en la selección de algunos asambleístas de posturas reaccionarias que nada tienen que ver con los principios del movimiento. 

Para finalizar daremos un poco de contexto histórico a este estallido social. Para entender lo que está sucediendo hoy hay que remontarse a octubre de 2019, cuando se produjo una fuerte protesta social contra las medidas de ajuste impulsadas por el entonces presidente del gobierno, Lenin Moreno, en connivencia con el Fondo Monetario Internacional.

El detonante de aquel estallido fue la eliminación del subsidio a los combustibles, que llevaba vigente en Ecuador desde hacía cerca de 40 años. 

Los más de diez días que paralizaron el país se saldaron con centenares de heridos, más de una decena de muertos, miles detenidos y una intensa persecución policial y política. 

La crisis se cerró en falso, con una mesa de diálogo entre el Gobierno y líderes del movimiento indígena. Moreno no sólo no cumplió los acuerdos resultantes de esa mesa, sino que, valiéndose de la pandemia, aceleró la implantación de los paquetes de ajuste impuestos por el FMI. 

El nuevo ciclo de movilizaciones, retoma el rechazo a los recortes de entonces, profundizados ahora por el gobierno de Lasso.