La PDLI recuerda al nuevo Gobierno diez mejoras pendientes sobre la libertad de expresión

Al nuevo Gobierno constituido este martes le aguardan numerosos campos de mejora que llevaban aguardando meses el desbloqueo de la política española. La libertad de expresión es uno de ellos y así se lo ha recordado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI) al nuevo Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos.

Concretamente, la organización ha planteado al Gobierno de Sánchez diez tareas pendientes que España debe acometer en esta esfera. Con ellas, la PDLI anima a "revertir el retroceso sin precedentes en democracia que ha sufrido la libertad de expresión en los últimos años", según reza su comunicado. 

La primera de las medidas, tanto en orden como importancia, es la derogación de la 'Ley Mordaza'. Desde la PDLI recuerdan cómo esta legislación "ha sido muy eficaz reprimiendo derechos y libertades" y ha establecido "un patrón sancionador" a través de sus artículos más ambiguos. 

El comunicado de la plataforma también sugiere una reforma de más de diez artículos del Código Penal "en los que no se están respetando los parámetros de la ONU". De entre los mismos, destacan algunos como los de injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos o discurso de odio. Para ello, recuerda casos como los de César Strawberry, Cassandra, Dani Mateo o El Jueves, todos ellos protagonistas de procesos judiciales en los que se aplicaron dichos preceptos legales. 

Otra recomendación destacada pide la inmunidad para los informadores de casos de corrupción. Al respecto, la PDLI reclama una "transposición adecuada" de la reciente Directiva aprobada por el Consejo de Europa al respecto, así como una reforma del artículo 197 del Código Penal sobre la revelación de secretos. 

El resto de medidas propuestas por la PDLI son: culminar la reforma de RTVE, un reparto equitativo de la publicidad institucional, mejorar la Ley de Transparencia, garantizar la seguridad de los/as periodistas frente a cualquier clase de violencia, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prohibir el espionaje preventivo, proteger las libertades de expresión e información en Internet y mejorar el derecho de acceso a la Justicia.