MURCIA.— La Presidencia de Murcia que ostenta —¿o habría que decir "detenta"?— Pedro Antonio Sánchez López, PAS para sus amigos, está ya bajo demasiadas sospechas… y Ciudadanos que lo apoya frente a demasiados dilemas que ya no puede ignorar. La petición de imputación hecha desde la Guardia Civil por sus relaciones con la trama Púnica es un capítulo más de una serie de sospechas acumuladas sobre su persona que en cualquier país de esos que llaman "de nuestro entorno" hubiera sido suficiente para alejarlo definitivamente de la gestión de cualquier cosa pública.

El aún presidente murciano lleva un año gobernando bajo una espada de Damocles que ya pesaba sobre él en los tiempos en que fue consejero de Educación (2013/2014). Arrastra consigo el llamado caso Auditorio de Puerto Lumbreras, donde siendo alcalde recepcionó sin que estuviera terminada una obra de casi seis millones de euros y a la que le faltarían otros dos millones y medio para poder ser acabada según el proyecto, sobre cuya adjudicación también hay fundamentadísimas sospechas incluidas en el sumario del caso.

Tuvo la suerte de que unos magistrados benevolentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entre ellos el recién reelegido presidente Miguel Pasqual del Riquelme y su antecesor en el cargo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, derivaran el caso a un juzgado de Lorca para que allí una jueza de instrucción decidiera, que está a punto, si hay indicios de delito o no.

Es el de Sánchez López un caso típico de personaje tocado por la mano del dios local y elevado a las alturas celestiales por decisión superior, sucediendo así a un mentor, Ramón Luis Válcarcel, cómodamente instalado en una de las 14 vicepresidencias del Parlamento europeo. A donde, por cierto, le llegan también las sospechas y posibles futuras imputaciones por casos de delitos relacionados con la corrupción urbanística y ambiental: Novo Carthago —intento de construir 20.000 viviendas en terrenos protegidos junto al Mar Menor—o Desaladora de Escombreras —por la que la Comunidad murciana se comprometió a pagar a la ACS de Florentino Pérez el quíntuple de lo que costó.

Pero Sánchez estaba predestinado a las más altas misiones por su protector Valcárcel, presidente murciano entre 1995 y 2014. Gracias a esto, primero fue "el director general más joven de España" con 23 años y después alcalde de Puerto Lumbreras, su pueblo, entre 2003 y 2013. Su municipio, ganado con mayoría absoluta por él en tres elecciones consecutivas, tuvo dinero a espuertas de subvenciones de la Comunidad Autónoma para que quien ya era sucesor in pectore demostrara que efectivamente tenía madera de gestor y de líder.

Con ese dinero, además del famoso Auditorio, inició obras para nuevos ayuntamiento, centro de emergencias, centro de atención policial y museo folclórico. En total, otros casi seis millones de euros que sumar a la misma cantidad de aquella más conocida. Como alcalde, las dejó todas iniciadas y sin terminar. Ahí siguen en una localidad como Puerto Lumbreras (14.000 habitantes) los esqueletos de las cinco obras. Solamente sobre el Auditorio actuó la Fiscalía Regional, a pesar de que tiene los datos suficientes para actuar también en relación con las otras cuatro.

Esta es la tarjeta de presentación como gestor que le valió primero ser nombrado consejero de Educación por Valcárcel y, luego, sucesor, a pesar de que tuvo que esperar un año porque el Caso Auditorio se lo impuso temporalmente. Merced al envío del asunto a Lorca, pudo ser "coronado" en las elecciones de mayo de 2015.

Un año después, la Guardia Civil pide la imputación de Sánchez por sus relaciones con la Operación Púnica, lo que extiende el curriculum de sospechas sobre el presidente murciano junto a personajes como la alcaldesa de Cartagena, exdiputada a Cortes y después senadora, a quien cada vez más frecuentemente llaman la "Rita Barberá cartagenera", aunque sea oriunda de Galicia. Y también lo relacionan con un personaje de esos de libro, capaz de flotar como un corcho contra viento y marea, como es José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena que, tras ser derrotado por Barreiro en 1995, hizo buenísimas migas con ella hasta el punto de que tuvo en sus manos los mejores proyectos urbanísticos en la ciudad por los que también está siendo investigado.

El Partido Popular de Sánchez/Valcárcel —quien sigue presidiéndolo a distancia, desde Bruselas— ganó las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta pero con 22 diputados. Ciudadanos, con los votos de sus cuatro diputados, facilitó la investidura del delfín y, de momento, no quiere ni oír hablar de una moción de censura que haría caer al presidente Sánchez hasta que no lo imputen, como el lunes mismo ha reiterado Miguel Sánchez, portavoz regional del partido de Albert Rivera. Podemos, seis escaños, y PSOE, trece, tienen que esperar a que el partido naranja se decida a poner fin a un personaje rodeado de tanta sospecha y tanta posible imputación.