¿Qué está permitido y qué está prohibido durante la campaña electoral?
La LOREG establece límites para los partidos, los medios de comunicación y los ciudadanos durante las semanas previas a las urnas.

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El calendario electoral entra en una de sus fechas clave. Después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, los partidos políticos arrancan este jueves la campaña electoral. Durante los próximos 15días, las distintas formaciones intensificarán sus actos, mítines y encuentros con los ciudadanos para dar a conocer sus propuestas y conseguir apoyos de cara a la cita con las urnas. El periodo de propaganda finalizará el 27 de noviembre, antes de la jornada de reflexión del sábado 28.
En dos semanas las formaciones políticas podrán desarrollar diferentes acciones para promocionar sus candidaturas, aunque deberán respetar los límites que establece la legislación electoral. La normativa recoge tanto las actividades permitidas como las prohibiciones destinadas a garantizar la igualdad entre partidos y la libertad de decisión de los votantes. ¿Qué pueden hacer los candidatos durante la campaña y qué tienen prohibido? Estas son las claves.
¿Qué pueden hacer los partidos durante la campaña electoral?
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge entre sus artículos 50 y 69 las actividades que los partidos políticos y las candidaturas pueden realizar durante la campaña para conseguir el apoyo de los votantes. Una de las principales es colocar carteles y propaganda electoral en los espacios habilitados para ello. Los ayuntamientos deben reservar lugares gratuitos para que todas las candidaturas puedan anunciarse en condiciones de igualdad, además de facilitar locales oficiales y espacios públicos para celebrar mítines, reuniones y otros actos electorales.
La distribución de estos emplazamientos corresponde a las juntas electorales de zona, que deben repartirlos de manera equitativa para que cada candidatura disponga de una superficie y unas condiciones similares. Fuera de esos espacios gratuitos, los partidos también pueden colocar carteles en los lugares comerciales que estén autorizados.
Otra de las actividades permitidas es contratar publicidad electoral en medios de comunicación privados. Los partidos pueden pagar anuncios en periódicos, emisoras de radio y otros medios de difusión, siempre que no exista discriminación entre candidaturas en las tarifas, la ubicación o las condiciones de contratación. Además, el precio de estos espacios publicitarios no puede superar las tarifas habituales de la publicidad comercial y los anuncios deben indicar claramente que se trata de propaganda electoral.
La ley también reconoce a las formaciones políticas el derecho a disponer de espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de radio y televisión de titularidad pública. El tiempo asignado depende de los resultados obtenidos en las elecciones anteriores y de la representación conseguida. Así, las candidaturas que no obtuvieron representación o no se presentaron a esas elecciones, como el Frente Amplio, disponen de diez minutos; aquellas que no consiguieron el 5% cuentan con 15 minutos; treinta minutos es el tiempo que tienen destinado los partidos que alcanzaron entre el 5% y el 20%; aquellos que alcanzaron el 20% disponen de cuarenta y cinco minutos.
Para acceder a estos espacios, los partidos deben cumplir determinados requisitos de presentación de candidaturas en las circunscripciones correspondientes. La distribución busca que las formaciones tengan oportunidades de presentar sus propuestas ante los ciudadanos, aunque el tiempo no sea el mismo para todas.
Por último, los candidatos y dirigentes de los partidos pueden ejercer su derecho de rectificación cuando un medio de comunicación publique información sobre ellos que consideren inexacta y que pueda perjudicarles. Para ello, deben solicitar la rectificación conforme a la legislación vigente. Si el medio no puede publicarla en los tres días siguientes por su periodicidad, su director tendrá que difundirla a su costa en otra publicación de la misma zona y con una difusión similar. Además, el procedimiento judicial para resolver estas solicitudes debe celebrarse dentro de los cuatro días siguientes a la presentación de la petición.
¿Qué tienen prohibido los partidos durante la campaña electoral?
La LOREG recoge también entre sus artículos 50 y 69, las principales restricciones que deben respetarse durante el periodo electoral. Una de las normas fundamentales es que los poderes públicos no pueden utilizar recursos institucionales para favorecer a ningún partido ni influir en el voto. Desde la convocatoria de las elecciones hasta la jornada electoral, tampoco pueden organizar o financiar actos para publicitar sus logros o realizar actividades que puedan confundirse con la propaganda de una candidatura. La comunicación institucional debe limitarse a informar sobre la fecha de los comicios, cómo votar y los trámites del voto por correo, sin orientar la decisión de los ciudadanos.
Un ejemplo de esta prohibición se produjo en 2023, cuando la Junta Electoral Central (JEC) impuso una multa de 4.700 euros a Isabel Rodríguez, entonces ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, por realizar manifestaciones de carácter electoralista desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la sanción, al considerar que se había vulnerado la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas durante el periodo electoral.
También existen límites para los propios partidos y para determinados colectivos. Los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales, así como jueces, magistrados, fiscales y miembros de las juntas electorales, no pueden hacer campaña ni difundir propaganda electoral. Las candidaturas, por su parte, no pueden comenzar a hacer publicidad electoral antes del inicio oficial de la campaña ni continuarla cuando esta haya terminado. Esto incluye la colocación de carteles, la contratación de soportes publicitarios y las inserciones propagandísticas en prensa, radio y medios digitales fuera del periodo permitido. Una vez que comienza la jornada de reflexión, tampoco se pueden celebrar actos de campaña ni pedir el voto.
Un ejemplo de esta limitación se produjo en junio de 2023, antes de las elecciones generales del 23 de julio. Vox instaló el 17 de junio una lona publicitaria en un edificio de la calle Alcalá de Madrid, cuando la campaña electoral todavía no había comenzado oficialmente. La Junta Electoral de Zona de Madrid ordenó retirarla porque consideró que, aunque no incluyera expresamente una petición de voto, el mensaje, que mostraba las siglas del partido y descalificaba propuestas de otras formaciones, tenía como finalidad persuadir al electorado y captar apoyos. La resolución no entró a valorar si el contenido podía constituir un delito de odio, sino que se centró en el incumplimiento de los plazos electorales: la contratación de soportes publicitarios en la vía pública para hacer propaganda solo está permitida durante los 15 días de campaña oficial.
En materia de publicidad, no se pueden contratar anuncios electorales en medios de comunicación públicos ni en las emisoras de televisión privadas. Los partidos sí pueden acceder a espacios gratuitos de propaganda en las televisiones y radios públicas, que se distribuyen conforme a los criterios establecidos en la ley. Además, los carteles, pancartas y banderolas deben colocarse en los espacios habilitados por los ayuntamientos o en los soportes comerciales autorizados. No está permitido utilizar cualquier lugar de la vía pública para colocar propaganda.
La ley también prohíbe cualquier práctica que pueda condicionar la libertad de los votantes. No se puede comprar el voto mediante regalos, recompensas, dinero o promesas, ni presionar a una persona con violencia o intimidación para que vote a una candidatura, se abstenga o revele el sentido de su papeleta. También está prohibido impedir o dificultar injustificadamente el acceso o la permanencia de electores, candidatos, interventores y representantes en los lugares donde se desarrollen actos del procedimiento electoral.
En los actos electorales tampoco se puede alterar gravemente el orden ni entrar en los locales donde se celebren con armas u otros instrumentos que puedan utilizarse como tales. La LOREG contempla, además, un agravamiento de las penas por los delitos de calumnia e injuria cuando se cometen durante la campaña y están relacionados con ella. Los responsables de las cuentas de los partidos y candidaturas no pueden falsear los ingresos o gastos electorales ni utilizar los fondos de campaña para fines distintos de los previstos en la ley.
¿Qué sanciones contempla la ley?
Las sanciones dependen de la infracción y de su gravedad. Cuando el incumplimiento no constituye un delito, la Junta Electoral competente puede imponer una multa de entre 100 y 1.000 euros a los particulares y de entre 300 y 3.000 euros a las autoridades o funcionarios públicos. En el caso de las infracciones relacionadas con las encuestas electorales, la sanción económica asciende a entre 3.000 y 30.000 euros.
Cuando los hechos constituyen un delito electoral, las penas pueden ser más elevadas. Por ejemplo, realizar propaganda una vez finalizada la campaña o incumplir las normas sobre carteles y actos electorales puede castigarse con entre tres meses y un año de prisión o una multa de seis a 24 meses. Vulnerar las normas sobre encuestas puede conllevar entre tres meses y un año de prisión, una multa de 12 a 24 meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Comprar votos, coaccionar a los electores o impedirles ejercer sus derechos puede acarrear entre seis meses y tres años de prisión o una multa de 12 a 24 meses.
En estos casos, las multas no tienen una cantidad fija, sino que se calculan mediante el sistema de días-multa: la cuota diaria oscila entre 2 y 400 euros, en función de la situación económica del condenado. Por tanto, una multa de seis a 24 meses puede equivaler, en términos generales, a entre 360 y 288.000 euros; y una de 12 a 24 meses, a entre 720 y 288.000 euros. La cantidad concreta la determina el juez.
¿Qué pueden hacer los medios de comunicación durante la campaña electoral?
Los periódicos, las radios, las televisiones y los medios digitales pueden continuar desarrollando su labor informativa con normalidad durante la campaña electoral. Pueden publicar noticias sobre los partidos y sus candidatos, realizar entrevistas, organizar debates, analizar los programas electorales e incluso difundir investigaciones o informaciones críticas con el Gobierno o cualquiera de las formaciones políticas. La convocatoria de elecciones no limita el derecho de los medios a informar ni les obliga a ocultar noticias que puedan perjudicar a una candidatura.
También pueden publicar encuestas electorales, siempre que respeten los requisitos establecidos por la legislación. Los sondeos deben incluir datos sobre la empresa que los ha elaborado y quién los ha encargado, el tamaño de la muestra, el margen de error, el procedimiento de selección de los participantes, las fechas en las que se realizaron las entrevistas y las preguntas planteadas. De esta forma, los lectores pueden conocer la metodología utilizada y valorar la fiabilidad de los resultados.
¿Qué no pueden hacer los medios de comunicación durante la campaña electoral?
Los medios deben respetar una serie de obligaciones para garantizar que la información sobre las distintas candidaturas se ofrezca de manera equilibrada. En el caso de los medios públicos, la legislación exige que mantengan el pluralismo político y social, la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa. Los medios privados también deben respetar los principios de pluralismo e igualdad y, en el caso de las televisiones, cumplir además los criterios de proporcionalidad y neutralidad durante la cobertura electoral y los debates.
Un ejemplo se produjo en 2019, cuando la Junta Electoral Central impidió que Atresmedia celebrara un debate a cinco con los candidatos del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox para las elecciones generales del 28 de abril. La JEC consideró que la presencia de Vox, que entonces no tenía representación en el Congreso ni cumplía los requisitos para ser considerado un grupo político significativo, podía vulnerar el principio de proporcionalidad. Por ello, ordenó modificar el formato del debate para garantizar un tratamiento equilibrado de las distintas candidaturas.
Esto no significa que todos los candidatos tengan que disponer exactamente del mismo tiempo de intervención o aparecer el mismo número de veces. La cobertura debe ajustarse a los criterios que establece la legislación electoral y a las instrucciones de la Junta Electoral. Si alguna candidatura considera que un medio ha incumplido estas obligaciones, puede presentar un recurso ante el organismo electoral correspondiente.
Otra de las principales restricciones afecta a los sondeos electorales. Los medios de comunicación no podrán publicar, difundir ni reproducir encuestas desde el 24 hasta el 28 de noviembre, ambos incluidos, es decir, durante los cinco días anteriores a las elecciones del 29-N. La prohibición afecta tanto a los medios tradicionales como a las publicaciones digitales y también impide reproducir estudios demoscópicos difundidos originalmente en otros países.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos en campaña electoral?
Cualquier persona puede participar activamente en la campaña electoral sin necesidad de pertenecer a un partido político. Puedes expresar tus opiniones, compartir información sobre los candidatos, debatir sobre los programas electorales o mostrar públicamente tus preferencias. También tienes libertad para criticar a los representantes políticos, defender determinadas propuestas o contar a quién tienes intención de votar. Todas estas actuaciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y no están sometidas automáticamente a las mismas restricciones que las campañas organizadas por los partidos.
La legislación, no obstante, distingue entre expresar una opinión personal y organizar actividades de propaganda para conseguir votos. La campaña electoral está reservada a los partidos, federaciones, coaliciones, agrupaciones y candidatos que concurren a las elecciones, aunque esto no significa que los particulares tengan limitado su derecho a expresar lo que piensan.
El principal límite llega con la jornada de reflexión y el día de las elecciones. El sábado 28 de noviembre, los partidos no podrán organizar mítines, difundir propaganda ni realizar actos destinados a captar votos. Esta prohibición se mantiene durante el domingo 29 de noviembre, cuando se celebran las votaciones. Sin embargo, puedes seguir manteniendo conversaciones privadas sobre política y expresar tus opiniones personales, también en redes sociales, siempre que no realices actividades que constituyan propaganda o campaña electoral.
Puedes informarte, debatir, compartir tus opiniones y expresar a quién apoyas durante el proceso electoral. La diferencia está en que una cosa es ejercer individualmente tu libertad de expresión y otra participar en una actividad organizada para pedir el voto, que sí está sujeta a las limitaciones de la legislación electoral.






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