BRUSELAS.- “En pleno siglo XXI no puede haber ciudadanos que no gocen de todos sus derechos fundamentales por llevar uniforme. No podemos permitir que existan esferas con prácticas del pasado incompatibles con una democracia”. Con estas palabras, Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, ha abierto el acto sobre derechos fundamentales de los militares que ha organizado su formación en el Parlamento Europeo.

En el evento, Sánchez ha hecho hincapié en el diseño de la justicia militar española, en la que los magistrados “no son independientes”, ya que permanecen inmersos en el escalafón militar y tienen que dar cuenta de sus acciones con sus superiores jerárquicos. En opinión de la eurodiputada, esto los convierte en “juez y parte” y echa por tierra “el derecho a un juicio justo” de los soldados y guardias civiles.

“Es una situación inaceptable”, ha aseverado la número cuatro en la lista de Podemos para las elecciones europeas de 2014. Por ello, ha pedido el fin de la justicia militar impartida por militares. “Defendemos una reforma de la justicia militar incorporando jueces civiles, dentro de los tribunales ordinarios”, ha expresado, manifestando que éste sería un primer paso “para asegurar que los derechos de los militares son protegidos”.

La eurodiputada de Podemos, que también ha cargado contra el nuevo Régimen Disciplinario Militar y contra el arresto: “No se puede privar de libertad a nadie por medio de un trámite administrativo”. “No permitiremos que haya ciudadanos de segunda a los que no alcance el Estado de Derecho”, ha aseverado.

El Ejército: una Transición fallida

El acto organizado por la delegación de Podemos ha contado con la participación de otras voces militares críticas con el actual recorte de derechos que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el teniente Segura, que acumula cinco meses de arrestos impuestos por vía administrativa por el Ejército de Tierra, y Letizia Prieto, comandante auditor en excedencia y actual empleada del Ministerio de Justicia, han explicado sus experiencias a los eurodiputados.

Prieto ha explicado que “la sociedad civil no tiene ni idea de lo que pasa en las Fuerzas Armadas”. “En el Ejército no existe la separación de poderes”, ha continuado la experta en derecho militar, exponiendo que “la justicia militar ha quedado como el juguete” de una cúpula castrense “a la que los partidos políticos que han gobernado este país han permitido que haga y deshaga con ella lo que quiera”.

“Yo puedo hablar porque soy libre, y soy libre porque ya no estoy en el Ejército”, ha argumentado Prieto, elogiando la “valentía” del teniente Segura, que se niega a salir de filas y permite a sus mandos seguir sancionándole. Para la auditora militar en excelencia, esto solo es posible porque la institución “sigue siendo esclava de unas normas absolutamente totalitarias y que beben directamente de la época franquista”.

“No hay límites para los derechos esenciales”

Rafael Mayoral, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, ha adelantado que su formación pretende abrir el debate sobre los derechos fundamentales de los militares en el Parlamento Europeo, ya que “no solamente se están violando los derechos recogidos en la Constitución Española, sino también la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea”.

Mayoral ha adelantado que su formación intentará que España se acoja a las recomendaciones de instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exhortan a limitar la jurisdicción militar a contextos muy específicos. Así, los soldados solo podrían ser juzgados por tribunales castrenses cuando se juzguen delitos cometidos en “zonas de operaciones y en estricto desempeño de sus funciones como militar”.

Miembros de la plataforma de apoyo al teniente Segura –que ha explicado su caso ante los diputados de Podemos y de otras fuerzas presentes en el acto, como Javier Couso, de IU, e Inés Ayala, del PSOE– han presentado una petición formal ante la Defensora del Pueblo Europeo para que interceda en su caso. Al respecto, Mayoral ha defendido que “no hay límites en derechos esenciales: La privación de libertad no se puede realizar sin una supervisión judicial”.