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La Policía Judicial registra las oficinas de Globalia en busca de billetes con descuento para residentes no peninsulares

La Audiencia Nacional trata de determinar, en una pieza secreta, si el holding turístico habría manipulado billetes bonificados para cobrar del Estado entre 80 y 120 millones, según estimaciones de la patronal de agencias de viaje

Fachada de la sede de Globalia en Llucmajor (Baleares).

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PALMA/MADRID.- Agentes de la Policía Judicial desplazados desde Madrid por orden de la Audiencia Nacional registraron este lunes y martes las oficinas del holding turístico Globalia en Llucmajor (Baleares) y Tenerife para recopilar información sobre billetes de avión emitidos por Air Europa con descuento para residente en las Islas Baleares y las Islas Canarias y que habrían sido emitidos por las compañías del grupo de Juan José Hidalgo desde el año 2009, según informa la web especializada preferente.com.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abierta una investigación, que ha declarado secreta, en la que reclamó a Globalia 3.325 billetes de avión a la que dio de plazo hasta el 9 de diciembre para entregarlos,

Los registros de la Policía Judicial se centraron el lunes en la oficina que el holding tiene en Tenerife y en la de Llucmajor, donde el registro duró hasta la noche. Las oficinas de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, no han sido registradas aunque los directivos de la empresa han reclamado a los trabajadores la recopilación de facturas y otra documentación relativa a grupos y billetes de avión de Air Europa.


La Fiscalía interpuso el pasado octubre una querella por presunta estafa en los descuentos a residentes no peninsulares. El caso ha recaído en el juzgado central de instrucción 6, cuyo titular es Eloy Velasco, ya que hace un año, en marzo de 2014, recibió una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) por posibles irregularidades en los billetes con descuento a residentes no peninsulares, específicamente de las Islas Canarias.

La patronal de agencias de viaje CEAV estima el presunto fraude entre 80 y 120 millones de euros, según difundió preferente.com.

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