Saben que no es fácil, pero su deber es "confiar". Así se muestran los conservadores cuando se les pregunta por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2018 que deberían haberse aprobado hace meses para cumplir los plazos que establece la Constitución. 

Si, en un principio, apuntaban a la posibilidad de tramitarlos de forma exprés antes de que finalizara el año, la situación en Catalunya -con la votación de la declaración unilateral de independencia, la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones- ha retrasado los planes de Mariano Rajoy. No obstante, tanto en el PP como en el Gobierno se muestran convencidos de que, una vez superado el 21 de diciembre (21-D), podrán aprobar las cuentas del próximo año.

A día de hoy, no existen conversaciones con otros grupos a este respecto, más allá de breves e informales contactos en los pasillos del Congreso. Es el PNV el que ha cerrado esa puerta tras haber advertido al Ejecutivo central de que una dureza excesiva frente al independentismo frenaría cualquier negociación presupuestaria. Ahora, con el encarcelamiento de Oriol Junqueras y los consellers cesados y con Carles Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament pendientes de resoluciones judiciales, la situación se ha enquistado aún más. 

Y tanto en Génova como en Moncloa saben que son los vascos quienes tienen la sartén por el mango. En ningún caso se plantean buscar apoyo del PSOE, conscientes de que para los socialistas ya tiene un coste político el haber estado del lado de Rajoy con la aplicación del 155 en Catalunya. "No nos van a apoyar en todo, somos conscientes", señala un miembro del Ejecutivo. 

Por ello, su objetivo está en reeditar el pacto que hizo posible la aprobación de los PGE de 2017: PP (137 escaños), Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canaria (1) alcanzaron los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta del Congreso.

Los conservadores creen que no será fácil alcanzarlo ("en política las condiciones cambian de un día para otro", advierten), pero mantienen la esperanza. "Una vez se estabilice la situación en Catalunya, el PNV no tendrá excusas para no sentarse a negociar y volver a pactar", considera un alto cargo del partido. "Tener unos presupuestos es bueno para todos, no sólo para el Gobierno", valora otro.

Estabilidad política, más que económica

Pese a todo, en Moncloa lanzan un mensaje de tranquilidad: "No pasa nada por tener unos presupuestos prorrogados, se está cumpliendo el objetivo de déficit y, salvo por la situación catalana, la economía va bien", mitinean. 

De hecho, confirman que la aprobación de los PGE del 2018 tiene más importancia política que económica. "Hay que generar estabilidad", opina una de las fuentes consultadas que justifica, así, la intención del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de no presentar las cuentas en el Congreso sin antes tener los apoyos para sacarlas adelante bien atados.

Eso sí, desde el Gobierno amenazan ya veladamente con la posibilidad de no agotar la legislatura en caso de que su minoría le impida sacar adelante los PGE, aunque sea con retraso, el próximo año. De no aprobarse las cuentas antes de la primavera, Rajoy podría convocar elecciones generales anticipadas en 2018. "Aunque no sería bueno para nadie", concluyen.