El debate parlamentario sobre la modificación legal del concepto de justicia universal ha puesto de manifiesto, de nuevo, una característica de las  reformas emprendidas por el ministro Gallardón en el ámbito de su departamento: la soledad más absoluta del Gobierno y del PP. Y eso que el Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz, el granadino José Miguel Castillo, se ha esforzado esta tarde en hacer creer que la iniciativa suponía, frente a las críticas anunciadas, un avance en esa materia.

Un argumento que no ha convencido a nadie. Incluso el portavoz Castillo, un aplicado parlamentario que ha traído todas sus intervenciones, hasta las réplicas, escritas con buena letra, ha intervenido sin excesiva convicción, como si no quisiera dar mayor relevancia al debate. Y eso que protagonizaba un hito parlamentario en la actual legislatura: la defensa de la primera proposición de ley presentada por el Grupo Popular. Hasta el momento toda la carga legislativa de los populares ha correspondido al Gobierno mediante proyectos de ley mientras que el grupo parlamentario se ha limitado a aportar sus votos. Los que le dan la mayoría absoluta.

Pero es que esta circunstancia tiene su razón de ser; de esa forma el texto legal propuesto no requiere pasar por los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal establecidos en el caso de ser una iniciativa legislativa  promovida por el Gobierno. De eso no dijo nada el portavoz conservador; tampoco cuando la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le conminó a que el texto presentado fuese sometido al análisis de los jueces. 'Lo que sucede es que tienen miedo al informe del CGPJ porque sería negativo', ha afirmado Rodríguez, que sí ha hablado con mayor apasionamiento a la hora de defender sus tesis que se han concretado, sencillamente, en la retirada de la proposición.

PSOE: 'Tienen miedo al informe del CGPJ porque sería negativo'

Durante el debate ha sobrevolado la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en base a la legislación que se pretende anular,  de dictar este lunes una orden internacional de busca y captura del ex presidente de China entre 1993 y 2003, Jiang Zemin, y del ex primer ministro del mismo país entre 1988 y 1998, Lip Peng, junto a otros tres jerarcas chinos por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad por sus actos contra la población de Tibet en la década de los 80 y 90. También, la reacción oficial del Gobierno chino en la que se conmina a las autoridades españolas a zanjar este asunto.

Se da la circunstancia de que horas antes del debate los familiares de José Couso, el cámara de televisión muerto por el obús disparado desde un tanque del ejército de Estados Unidos en Bagdad, han visitado a los grupos parlamentarios, incluido el Popular, precisamente para reclamar la persecución de los autores del asesinato del periodista español, procesados por la Audiencia Nacional pero protegidos por las autoridades estadounidenses.

Aparte del grupo socialista, el único que ha utilizado el turno en contra, el resto de la oposición ha fijado una posición común: exigir también la retirada de la proposición, calificada como 'ley de punto final' por varios portavoces, entre ellos Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural. Joan Tardá, de ERC, ha proclamado que con esta ley 'apuestan por defender a los asesinos de Couso en lugar de perseguirlos'; el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, ha llegado algo más lejos al reclamar la imputación de José Utrera Molina como integrante del Gobierno que permitió la ejecución de Salvador Puig Antich en marzo de 1974, en las postrimerías del franquismo. Utrera, entonces ministro Secretario General del Movimiento (el partido único) es el suegro del actual ministro de Justicia.

El portavoz conservador José Miguel Castillo, al final de su réplica a la diputada socialista, ha asegurado que 'no podemos crear falsas expectativas' sobre la efectividad del ejercicio de la justicia universal porque 'la mera puesta en marcha de un procedimiento no garantiza su culminación'. Es decir, puro pragmatismo en ausencia de mejores argumentos éticos, judiciales e incluso constitucionales. Varios portavoces, Tardá e Irene Lozano, de UPyD, pidieron al grupo socialista la creación de un conjunto de 50 parlamentarios 'de varios grupos' para presentar un recurso de inconstitucionalidad al texto legal presentado. La cuestión ha quedado en el aire.