Si usted mañana viaja al País Vasco y atraviesa alguna de sus autopistas, quizás no sólo se sorprenda por los precios de sus peajes. En cualquier momento puede toparse con un cordón de metralletas, pinchos y agentes con chalecos antibalas. Si eso ocurre, baje la ventanilla, saque su DNI y prepárese para vivir uno de los innumerables controles antiterroristas que siguen registrándose en las vías de Euskadi.

Tampoco crea que esto sólo le pasa usted: entre enero y octubre del año pasado, se contabilizaron 2.750 controles de ese estilo. Puede que al acabar el año ya fuesen 3.000. O lo que es lo mismo, algo más de ocho al día.

Este jueves, el Pleno del Parlamento Vasco debatirá una iniciativa presentada por EH Bildu para pedir el fin de estas medidas. “El resultado de los controles de carretera que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional es la incomodidad, la molestia causada en alguna ocasión a la mayoría de los ciudadanos, si no es a todos. A algunos, además, les ha ocasionado violencia física o verbal, al imponerse un clima de acoso selectivo”, indica la moción presentada por el parlamentario independentista Julen Arzuaga.

En ese texto, la coalición abertzale sostiene que se trata de “anticuados métodos, propios de otros tiempos”. En efecto, los severos controles antiterroristas fueron instalados en los años de mayor violencia.

Según la información ofrecida por la Guardia Civil a través de su página web, el Grupo Antiterrorista Rural —GAR, que posteriormente pasó a llamarse Grupo de Acción Rápida—, “se despliega en el País Vasco y Navarra en febrero de 1980 para combatir el aumento de la actividad terrorista”. A día de hoy, su base está en Logroño (La Rioja), aunque sus compañías “se encuentran concentradas habitualmente en las tres provincias vascas y Navarra, donde prestan apoyo en otras misiones solicitadas por los Jefes de las Unidades Territoriales”, explica la Benemérita.

“En la actualidad, nos seguimos encontrando con la justificación de que son unos controles contra ETA, pero sin la existencia de ETA”, afirma Arzuaga a Público.

Mientras preparaba su intervención para el Pleno de este jueves en Vitoria, el parlamentario vasco advirtió de que estas medidas, acompañadas por una elevada presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, mantienen a Euskadi como la "zona más militarizada de Europa". "Calculamos que aquí hay un ratio de 7,1 agentes por 1.000 ciudadanos, cuando según datos de la UE en Irlanda hay 2,6; en Alemania 2,9; en Francia 3,5 y en Bélgica 3,7", comenta.

"Adecuada proporcionalidad"

Cifras aparte, la iniciativa presentada por su grupo político ha recibido enmiendas por parte del PNV, PSE y UPyD, mientras que el PP ha optado por el silencio.

Tanto los nacionalistas como los socialistas vascos solicitan que el Ministerio de Interior convoque a la Junta de Seguridad del País Vasco para analizar posibles “disfunciones” en materia de competencias. El PSE también plantea que los controles policiales "deben basarse en el respeto al sistema competencial establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Además, el partido de Idoia Mendia considera que estas actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado "deben guardar la adecuada proporcionalidad entre los objetivos de seguridad perseguidos y los medios adoptados", tanto en "frecuencia" como en "intensidad".

Arzuaga: “Muchas personas han fallecido en este tipo de controles”

Por su parte, el PNV coincide en la necesidad de abordar con el Gobierno central aquellas cuestiones "tendentes a la mejor adecuación de la seguridad en Euskadi, atendiendo a la realidad presente y a la que pueda preverse a futuro". Fuentes parlamentarias consultadas por Público han señalado que PNV y PSE podrían acordar un texto común sobre este tema para el Pleno de este jueves, lo que dejaría a EH Bildu sin posibilidades de sacar adelante su moción.

Mientras tanto, UPyD ha optado por "defender y agradecer la labor realizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma del País Vasco". En su enmienda a la totalidad, el único parlamentario de esta formación, Gorka Maneiro, rechaza las críticas vertidas anteriormente por la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, quien en noviembre pasado había acusado al Ministerio de Interior de aplicar “prácticas caducas” en Euskadi, al tiempo que revelaba que muchos de los controles policiales no eran previamente comunicados al Ejecutivo autonómico.

En medio de este rifirrafe, EH Bildu intenta forzar al PNV a adoptar una postura “clara y contundente” sobre las “vulneraciones de derechos humanos que han generado estas medidas”, señala Arzuaga. En su moción, el parlamentario abertzale recuerda que “muchas personas han fallecido en este tipo de controles”, por lo que exige que el Ministerio de Interior los anule para siempre.

No será tan fácil: en noviembre pasado, la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco denunció que el Ejecutivo de Rajoy se negaba tajantemente a abordar esta cuestión. De momento, las metralletas, los pinchos y los agentes con chalecos antibalas seguirán estando en las carreteras vascas.