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El PP tiene que pagar 1,2 millones de fianza por las obras en su sede con la caja B o será embargado

Tiene que responder como responsable civil subsidiario por las cantidades que no han podido aportar los los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa encargada de la rehabilitación

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Dos agentes de Policía salen de la sede del PP en la madrileña calle de Génova, tras el registro realizado en diciembre de 2013 en busca de documentación sobre el pago en B de las obras del edificio. REUTERS/Paul Hanna

MADRID.- El Partido Popular (PP) tiene que abonar antes de diez días 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de las obras realizadas en su sede nacional, en la madrileña calle de Génova, presuntamente pagadas con dinero de la caja B, según una resolución del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
 

Es el dinero que tenían que haber abonado los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de las obras de la sede central de esta formación política por las que , según la Agencia Tributaria, el partido pagó un total de 1,4 millones de euros en negro.

El juzgado ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil han resultado "aseguradas parcialmente". "No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario [una figura que implica la responsabilidad de indemnizar por posibles daños pero que no supone asumir responsabilidad penal], en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral", explica. 

Este mismo lunes,  un abogado del PP ha comparecido ante el juez De la Mata, que le citó el pasado viernes, a quien ha dado un plazo de 10 días para satisfacer los más de 1,2 millones que no han podido satisfacer los acusados, o será embargado en idéntica cantidad. En concreto, el PP tiene que pagar 220.167 euros por el dinero negro no declarado en el Impuesto de Sociedades de 2008, y un total de 1.024.987 por el mismo concepto que correspondía a la mercantil Unifica. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.

Financiación ilegal "sistemática" entre 1990 y 2008

El juez De la Mata acordó estas fianzas en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas que dictó en mayo de 2015. El Partido Popular ha declarado en diversas ocasiones que desconocía la existencia de una contabilidad B, en un caso en el que Bárcenas, Lapuerta y Páez están acusados de hasta nueve delitos, entre ellos organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda.

El PP será juzgado como responsable civil en el caso de su caja B, por no haber declarado las donaciones ilegales, y por el pago en negro de las obras de la sede. Según el juez De la Mata, el partido de Mariano Rajoy se financió de forma ilegal "de manera sistemática", desde 1990 hasta "al menos" 2008, con una caja B creada por este partido, que se nutría con donaciones ilegales de empresarios que recibían adjudicaciones de gobiernos del PP.

Parte de esas donaciones las habría destinado "al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial".  Además, según el juez, con la caja B se pagaron "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

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