El PP tira balones fuera y tilda de "boicot" la avería del ascensor escolar que obliga a una madre a subir a su hijo a cuestas

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha sugerido un posible "boicot" relacionado con el ascensor averiado en el colegio Voramar de Alacant, que ha dejado a un alumno en silla de ruedas sin acceso a su aula. Según el popular, la dirección del colegio podría haber gestionado mejor la situación, señalando que no se planificó adecuadamente la reubicación del estudiante.

El caso ha resonado esta semana cuando el portavoz y concejal de Compromís en la capital alicantina, Rafa Mas, difundió un vídeo de María Jesús, que debe cargar a su hijo con movilidad reducida a sus espaldas en el colegio porque el ascensor está averiado. "El PP quiere destruir la educación pública para beneficiar a la privada", denunció Mas.

Ante las críticas, el conseller no ha asumido ninguna responsabilidad. En una entrevista en À Punt, ha declarado que el alcalde de Alacant, Luis Barcala, le ha informado sobre un posible "boicot" detrás de las constantes averías del ascensor.

El conseller también ha señalado al colegio, argumentando que podría haber tomado medidas provisionales, como trasladar al alumno con discapacidad a una planta baja. Esta falta de acción, según Rovira, demuestra una planificación inadecuada por parte de la dirección del centro.

La oposición acusa al PP de "lavarse las manos"

El PSPV, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Alacant, Ana Barceló, ha criticado duramente al conseller por culpar al equipo directivo del colegio en lugar de exigir una solución rápida al alcalde Barcala, responsable de las infraestructuras educativas en la ciudad.

Barceló ha afirmado que las averías del ascensor no son un problema nuevo y ha lamentado la incompetencia del alcalde para resolver la situación. Así, ha reclamado una solución inmediata y ha lamentado la falta de inversión en infraestructuras educativas públicas por parte del Ayuntamiento.

Compromís también ha acusado a Rovira de "lavarse las manos" y de lanzar acusaciones infundadas sobre un supuesto boicot en la comunidad educativa. Gerard Fullana, portavoz de Educación en Les Corts, ha pedido explicaciones al conseller, calificando sus declaraciones de "injustificables".

Por su parte, Rafa Mas ha calificado las insinuaciones de sabotaje como una estrategia para desviar la atención del mal estado de las infraestructuras educativas. El de Compromís ha pedido la dimisión de dos concejalas responsables de educación e infraestructuras en el Ayuntamiento.

Pilar Alegría reclama medidas al colegio y al Ayuntamiento

La ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha intervenido en el debate, urgiendo al colegio Voramar y al Ayuntamiento de Alacant a encontrar una solución rápida al problema del ascensor. Según Alegría, la reparación es competencia municipal, pero deberían implementarse soluciones provisionales si no se puede arreglar de inmediato.

Alegría ha expresado su preocupación por la situación y ha señalado que el niño afectado está viendo mermado su derecho a una educación de calidad. La ministra ha propuesto que el centro reubique las aulas si la reparación del ascensor se demora más tiempo.

En este sentido, ha reconocido que a la "hora de inaugurar o abrir un colegio a principio de curso puede surgir algún problema, pero cuando eso sucede, las administraciones autonómicas tienen que tener un plan B para que los niños reciban la atención de calidad que se merecen y, por supuesto, que los profesores puedan trabajar en espacios de calidad".

Alegría ha aprovechado para recordar el incremento presupuestario realizado por el Gobierno de la nación en materia educativa. "Hemos aumentado más del 175% esa cantidad, llegando a casi los 400 millones de euros para libros de texto, para mejorar los recursos en la educación y hacer verdaderamente nuestra educación más inclusiva", ha añadido la ministra.

El caso del colegio Voramar resalta la necesidad de una gestión eficiente de las infraestructuras educativas para evitar que situaciones como esta afecten negativamente el derecho a la educación de los alumnos más vulnerables.