Un informe de la Intervención General del Estado sobre el “caso Auditorio”, cuyo principal implicado es el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, confirma punto por punto todas las irregularidades e incumplimientos legales cometidos en una construcción en Puerto Lumbreras, población de 14.000 habitantes de la que entre 2003 y 2013 fue alcalde el ahora mandatario murciano, que costó casi seis millones de euros, se recepcionó sin que estuviera terminada y a la que le faltan otros dos millones para poder ser acabada.

El informe fue solicitado por la juez instructora del caso, Pilar Andreo, del número uno de Lorca, antes del pasado verano, después de hacer una nueva y minuciosa –según fuentes jurídicas– recopilación jurídica del asunto debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se inhibió de la causa, que había sido investigada y denunciada por la Fiscalía regional, y la envió a aquel partido judicial del que depende Puerto Lumbreras.

En las conclusiones del texto de la Intervención General del Estado se establece que “la obra no estaba completa” en el momento en que el Ayuntamiento dirigido por Pedro Antonio Sánchez la recepcionó, por lo que “no debería haberse firmado el Acta de Recepción de forma favorable”.

Además, señala “una multiplicidad de incumplimientos por parte del Ayuntamiento en la justificación de la subvención y en particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra”.

La obra del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras fue financiada íntegramente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), presidida a la sazón por el actual decimocuarto vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel. Éste nombró a Sánchez consejero de su Gobierno en 2013 como trampolín para sucederle cuando se presentara a las elecciones europeas de 2015.

Dada la procedencia del montante y las irregularidades señaladas, la Intervención del Estado constata que “no se conocen las razones por las que la CARM no solicitó el reintegro de la subvención con esos incumplimientos” y añade que tampoco “se conoce la razón de los frecuentes retrasos en el pago de las certificaciones de obra”, ni tampoco “consta que la Intervención General de la CARM hiciera algún control financiero de esa subvención".

En cuanto al proceso de adjudicación de la obra al arquitecto Martín Lejarraga, la intervención destaca la carencia de importantes documentos preceptivos que implican que no se sabe “cuánto ni cómo cobró” la dirección técnica, ni está acreditada “la titularidad de los terrenos donde se iba a construir el Teatro Auditorio", y el proyecto presentado "era un simple anteproyecto que no reunía el requisito de ser de ejecución, como requería la CARM".

El informe de la Intervención General pone al presidente murciano en la perspectiva de tener que sentarse finalmente en el banquillo, según interpretan diversas fuentes jurídicas y políticas consultadas por este diario. “Esto es la crónica de una muerte anunciada: todas las semanas Pedro Antonio Sánchez está al borde del abismo”, declaró Óscar Urralburu, dirigente de Podemos.

Recordó Urralburu que hace unos días el juez de la Púnica, Eloy Velasco, llamó a declarar como investigado (imputado) a David Conesa, hombre de confianza del presidente, por sus actividades cuando era jefe de Gabinete de Sánchez como consejero de Cultura, cargo que ocupó tras dejar la alcaldía de Puerto Lumbreras y antes de ser candidato, posición a la que tuvo que renunciar momentáneamente por su implicación en este “caso Auditorio”.

Desde junio de 2015 Sánchez es presidente gracias al apoyo de Ciudadanos. La Guardia Civil pidió su imputación en la Púnica en mayo pasado.