La prisión permanente revisable, el paso definitivo hacia el 'populismo punitivo'

El debate en torno a la prisión permanente revisable se ha convertido en uno de los pocos temas capaces de desplazar de las noticias la fase judicial contra el procés. Nadie podía imaginar hace menos de un año y medio, cuando la mayoría del Congreso votaba a favor de su derogación, que algunos partidos fueran a realizar un viraje de tal magnitud.

El rumbo previsto para su eliminación legislativa y su recurso al Tribunal Constitucional por parte de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDC se ha visto paralizado ante la aparición del cuerpo sin vida de Diana Quer a principios de año. A partir de entonces, la intensa campaña mediática y en redes sociales para el mantenimiento de esta pena contemplada en la reforma del Código Penal de 2015, aprobada en solitario por el Partido Popular, ha puesto en peligro cualquier intento de acabar con ella. Fruto del tiempo político que viven desde Ferraz, el PSOE ha sido el principal artífice de que la derogación quede en tierra de nadie, abogando por una prórroga de los plazos para su debate en la Cámara junto al PP y Cs. Este cambio llega después de que el Partido Socialista haya denunciado en reiteradas ocasiones las maniobras de la Mesa del Congreso para dejar en vía muerta las iniciativas de la oposición.

La doctrina a la que se han adherido los socialistas sería el ejemplo paradigmático de lo que desde el mundo académico se conoce como ‘populismo punitivo’. Sobrepasados por la presión mediática en torno a un caso que conmociona a la sociedad, los partidos políticos se muestran ávidos por aplicar nuevos cambios en el Código Penal sin atenerse a los preceptos constitucionales de reinserción, al estudio y la efectividad de las reformas anteriores.

Huelga decir que la única ocasión en la que se ha puesto en práctica la figura de la prisión permanente revisable ha sido para David Oubel, declarado culpable por el asesinato de sus dos hijas. Precisamente, la recogida de firmas iniciada por su expareja en la plataforma Change.org para la no eliminación de este tipo penal ha superado los dos millones de firmas tras el desenlace del caso Diana Quer y la campaña mediática iniciada al calor del caso.

Legislar a golpe de telediario

La operación dirigida por el Partido Popular se ha encontrado con la respuesta de catedráticos, profesores universitarios, jueces y fiscales. Oponiéndose a la figura de la cadena perpetua por ser cruel, innecesaria e incompatible con la Carta Magna, estos colectivos reprochan a los partidos políticos la ausencia de honestidad “al introducir en el debate público ideas incompatibles con el sistema de valores propio de un Estado que se pretende constitucional, con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas ajenas”.

El desatino con que se acometen las sucesivas reformas penales es el principal quebradero de cabeza de organizaciones que trabajan en el entorno penitenciario y en el mundo académico. Como subrayan desde la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), la irracionalidad de la regulación penal en España queda en evidencia si tenemos en cuenta que, en veintidós años de vigencia, nuestro Código Penal democrático ha sufrido más de una reforma cada año. “Ese es el principal indicador de que las reformas sucesivas se han aplicado sin haber tenido resultados fehacientes de la eficacia de las anteriores. La política criminal de este país se produce a raíz de casos como el de Marta del Castillo, que desencadenó una reforma de los delitos contra la libertad sexual. Por un caso no pueden saber cómo ha funcionado el sistema que habían puesto en marcha hace poco más de un año. Haga usted primero una evaluación legislativa detectando los fallos e intentando cambiarlo”, denuncia la propulsora del manifiesto contra la cadena perpetua Marisa Cuerda -catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón-.

Esa pulsión emocional e irracional hacia las reformas penales ha encontrado un alto grado de satisfacción en la opinión pública. De acuerdo con una encuesta realizada por GAD3 en 2015, el 67% de los españoles está a favor de la prisión permanente revisable. “A partir de crímenes mediáticos, los partidos políticos han reaccionado utilizando un sistema demagógico puramente electoralista primando a las víctimas y a la opinión pública, en detrimento de uno de los pilares de la democracia que es la proporcionalidad entre el delito y la pena. Legislar a golpe de telediario es un inmenso error y, variar unos parámetros rehabilitadores por otros vengativos, supone una pérdida de cultura cívica en detrimento de los valores democráticos”, critica Juan Antón Mellón –catedrático de la Universitat de Barcelona-.

El resultado de esta política destinada a resarcir emocionalmente a las víctimas y a otorgar una sensación de seguridad a la ciudadanía ha generado que España tenga un sistema penal más punitivo que el que existía durante el franquismo. Así lo denuncian desde el observatorio del entorno penitenciario realizado por la ROSEP: “Es terrible comprobar cómo nuestro actual sistema penal democrático encarcela a casi 7 veces más ciudadanos y ciudadanas que el sistema totalitario franquista anterior. En 1975 había 8.440 personas presas en España mientras que en 2015 hay 61.614. Proporcionalmente hemos pasado de 23 a 133 personas presas por cada 100.000 habitantes”.

En su manifiesto contra la prisión permanente revisable, el Grupo de Estudios de Política Criminal no ve fundado el intento de mantener este tipo penal, teniendo en cuenta que antes de su implantación el cumplimiento efectivo de la pena podía llegar hasta los 40 años. “Para hablar de este tema primero tenemos que explicarle a la gente qué entendemos por prisión permanente revisable y qué objetivos persigue. Si la finalidad es la prevención de futuros delitos, la prisión permanente revisable no es un instrumento idóneo para este fin. No hay un análisis fehaciente de naturaleza criminológica que acredite que a mayor duración de las penas se rebaja sustancialmente la criminalidad. Es más, sí está demostrado que los estados norteamericanos con pena de muerte el índice de criminalidad no es inferior a la de otros estados que no cuentan con esta condena”, revela Marisa Cuerda.

Uno de los aspectos que pasa desapercibido a ojos de la opinión pública, debido a la sensación de inseguridad y de alarmismo que generan los medios de masas, es la baja incidencia de delitos que tienen lugar en España en comparación con la población reclusa. “Al contrario de lo que se muestra a la opinión pública, tenemos un país bastante duro en materia penitenciaria. La media europea está en torno a los 7 meses de duración de pena y en España está en 18 meses, más del doble. La tasa de delincuencia española es un 27 % inferior a la media europea y está muy por debajo de países considerados muy seguros como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Si nos fijamos en nuestra tasa de criminalidad y en la media europea, la mitad de nuestra población carcelaria debería estar en libertad”, detalla Álvaro Crespo -secretario técnico de la ROSEP-.

España se olvida de la reinserción

En momentos en los que desde la política se ha etiquetado el conflicto catalán como una cuestión de constitucionalistas frente a inconstitucionalistas, no deja de sorprender el premeditado olvido hacia el precepto constitucional de la reinserción de los presos. Según recoge el artículo 25.2, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los presos. No obstante, para la ROSEP, la realidad es que “antes de llegar a la reinserción hay que pasar por la intimidación de la pena, la seguridad y el control, la respuesta a la alarma social, la razón de Estado, la ejemplaridad, la defensa social, la opinión pública, las limitaciones presupuestarias y el control del déficit”. “Cuando una persona se podía pasar casi 40 años a efectos prácticos en la cárcel, eso deja muy poco lugar a la reinserción social”, cuestiona Álvaro Crespo, quien se encarga de la reinserción de los presos a través de la cultura en la organización Solidarios para el Desarrollo.

“Deberíamos de felicitarnos por ser unos pocos países del mundo que tiene incluido a nivel constitucional el principio de reinserción de las penas. Eso significa que aceptamos que, por muy grave y reprobable que sea el delito, hay que trabajar en todo caso por la reinserción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado contra países que tienen cadena perpetua como Reino Unido señalando que no podemos negar la esperanza de cambio a una persona”, declara Josep Cid –profesor titular en la Universitat Autónoma de Barcelona-.

En contra de lo que se transmite a la sociedad, el clamor por una mayor severidad y un cumplimiento efectivo de las penas reduce las posibilidades de reinserción de los presos, generando una mayor inseguridad. De acuerdo a los análisis de reincidencia encargados por la Generalitat de Cataluña a grupos de expertos, el paso previo del recluso por la libertad condicional, el régimen abierto o el tercer grado reducen notablemente la posibilidad de reincidencia. En cambio, más de la mitad de los presos termina su condena sin haber realizado un retorno progresivo a la comunidad. Ni siquiera la prisión es la medida penal que más asegura la rehabilitación de una persona, a nivel de Cataluña las medidas penales alternativas a la cárcel aseguran el éxito en la rehabilitación en un 90% de los casos, frente al 70% que consigue el internamiento en prisión. Según defiende Josep Cid, el mensaje debería ir dirigido a que la reinserción es el mejor instrumento, “no para proteger al delincuente, sino para proteger a la sociedad y a las víctimas”.

La prisión permanente revisable no supone la mayor amenaza al principio constitucional de la reinserción. La reforma penal de 2015 atentó gravemente contra este precepto al eliminar de facto la libertad condicional, asegura el Observatorio del Entorno Penitenciario: “Con la última reforma, si la libertad condicional es revocada los internos tendrá que reingresar a prisión a cumplir la pena íntegra. En otras palabras, todo el periodo que haya estado en libertad condicional tendrá que ser cumplido de nuevo en régimen de privación de libertad. Esta es una de las medidas más regresivas que contiene esta reforma y va a contribuir, sin duda, a aumentar aún más la duración de las condenas”.

Para Juan Antón Mellón, esta deriva hacia un mayor número de reclusos y un agravamiento de las penas responde a la hegemonía política, social, cultural y económica del neoliberalismo. “La corriente de populismo punitivo puesta en marcha a partir de la década de los ochenta es la respuesta del neoliberalismo a las disrupciones sociales. En lugar de hacer un análisis sistémico de qué es lo que está provocando el aumento de la pobreza y la desigualdad, individualizan los problemas sociales y la represión como única respuesta posible. Aumentar la población carcelaria, por tanto, es una manera de desviar los problemas sociales. El paradigma más evidente de este modelo es Estados Unidos con la mayor población reclusa del planeta”.