El Gobierno Central y los agentes sociales se han reunido este jueves para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Aunque el encuentro ha concluido sin ningún acuerdo entre las dos partes, sí ha habido avances. 

Según han informado los sindicatos, ha habido un acercamiento respecto a la necesidad de que las empresas vuelvan a solicitar un nuevo ERTE, cuya vigencia empezaría el 1 de noviembre.

Para ello, las empresas tendrán de plazo hasta el 10 de octubre para presentar la solicitud que la Adminsitración resolverá en los 10 días siguientes. Y, mientras tanto, el Ejecutivo y los agentes sociales, prorrogarán hasta el 31 de octubre los presentes ERTE .

De esta manera, se dará margen a las empresas para solicitar los nuevos expedientes y a la Administración para resolverlos. 

Aunque en la reunión del pasado martes el Gobierno planteó que, en caso de no producirse una resolución en ese plazo se consideraría la renovación del ERTE como desestimada (silencio negativo), fuentes de la negociación confirman que el Ejecutivo ha reconsiderado su postura, de forma que el silencio administrativo se entenderá como positivo. 

Asimismo, este viernes, el Gobierno y los agentes sociales retomarán esta negociación.

El "contador cero" y otros obstáculos en el acuerdo

Los sindicatos han expuesto en en la reunión, a la que no ha asistido ningún representante de la Seguridad Social, su opinión sobre la idea de vincular las exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE a que las empresas pongan en marcha planes de formación para su plantilla.

En UGT opinan que, a pesar de que consideran una "buena idea", esto debe hacerse con suficientes garantías, lo que no se da a su juicio en un acuerdo para cuatro meses como el que se plantea. 

Desde CCOO, además, han defendido que esta cuestión debe abordarse en el mecanismo de flexibilidad interna que sustituirá a los ERTE de manera estructural y que sindicatos y empresarios están negociando con el Gobierno en el marco de la mesa de reforma laboral. 

Otro de los obstáculos que se ha interpuesto en el acuerdo es el denominado "contador a cero". Este se refiere a que el cobro de la prestación por desempleo de los trabajadores en uno de estos ERTE no compute para una eventual percepción de esta prestación en caso de irse al paro.

En principio, este "contador a cero" termina el 31 de diciembre, pero, desde UGT, han solicitado que se amplíe hasta el 30 de junio del próximo 2022. "Es imprescindible para nosotros que las personas trabajadoras no sufran merma en el desempleo", han advertido

Este asunto, para el que hay consenso entre los agentes sociales, no parece que vaya a ser un escollo, sino que falta que el Gobierno "concrete su posición". 

Otra de las reclamaciones en las ha incidido CCOO es la de recuperar a los fijos-discontinuos, que no aparecían en el anterior acuerdo, así como que haya nuevos ERTE de limitación de actividad en caso de que se establezcan restricciones a la actividad por la pandemia.