La prostitución se mantiene en la alegalidad en España. El Congreso continúa custodiando la situación de las prostitutas como un tema tabú y las asociaciones feministas denuncian el silencio de los partidos políticos. Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana sí penaliza a las prostitutas. En España se han impuesto 329 multas a las mujeres en prostitución a través del art. 37.5 desde que entró en vigor esta norma, el 1 de julio de 2015, recaudando un total de 54.000 euros. Este apartado señala que serán sancionadas las mujeres por “la realización o incitación de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena”.

Pero esta no es la única manera a través de la cual se penaliza a la mujer en prostitución. “Las multas a las mujeres prostitutas están camufladas por el artículo 36.6 (desobediencia a la autoridad), que abarca la mayoría de sanciones a las prostitutas con esa excusa”, asegura una portavoz del colectivo Hetaira. “Las instituciones dicen que no penalizan a la prostituta, pero sí lo hacen. Les dicen que dejen de ejercer y se vayan del polígono y las multan por seguir ahí, pero las estadísticas no lo recogen”, añade.

"Es un sistema perverso, en el que la denuncia de la criminalización brilla por su ausencia", recalca Hetaira

“Hay una persecución institucionalizada que pretende conseguir mediante ideología lo que no ha sido capaz de conseguir con la religión”. Ninfa es prostituta en el polígono de Villaverde (Madrid), conocido como Marconi, desde hace 15 años. Nadie le obliga; nadie gestiona su dinero; pero no puede ejercer libremente lo que ella considera como ‘su trabajo’: la Policía hostiga a las mujeres en prostitución desde que entró en vigor la Ley Mordaza. Tampoco quiere mostrar su rostro, porque no quiere que la sociedad la criminalice como a todas las mujeres en prostitución, sin conocer su historia. 

Penalizar al cliente, "hacer daño a las prostitutas"

Las 665 multas efectuadas a demandantes de prostitución suman un total de 397.055 euros, desde que entró en vigor la conocida como Ley Mordaza, a través del artículo 36.11: “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores (…) o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”. La capital lidera el primer puesto de las denuncias efectuadas a través de esta ley a demandantes de prostitución, según datos del Ministerio del Interior. 

La asociación Hetaira, que trata día a día con mujeres en prostitución a través de intervenciones sociales, recalca que “la Policía acude al polígono a impedir que trabajen las prostitutas”. “Es un sistema perverso, en el que la denuncia de la criminalización está brillando por su ausencia”, afirma la portavoz.

Ninfa afirma que el sistema criminaliza a la mujer prostituta. “Penalizar a los clientes es una manera de hacerle daño a las prostitutas, porque criminalizan a aquellos que se atreven a acercarse a las puertas de nuestro negocio”. 

Hetaira tacha de antidemocrático este sistema, “cuyo objetivo es erradicar la prostitución a través de criminalizar a la prostituta, directamente y a través de multar al cliente, sin ofrecer alternativas a las mujeres”.