La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha acusado al PP de actuar con absoluta tibieza ante el "caso Montoro", que considera una "Kitchen fiscal", en referencia al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, y sostiene que los populares "quieren privatizar hasta la realización de las leyes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, López ha insistido en que la imputación del exministro Cristóbal Montoro "afecta de lleno" al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, quien "tiene en su equipo al equipo del señor Montoro".

Para la secretaria de Política Económica socialista, este caso "pone en un espejo cómo funciona el PP", la "patrimonialización de las instituciones y esa privatización absolutamente de todo", de tal forma que "da la sensación de que quieren privatizar hasta la realización de las leyes".

Porque, según ha indicado, el juez ha dicho que, "había empresas muy poderosas que conocían las leyes incluso antes que las Cortes Generales. Y es que además se utilizaba como ocurría con la Kitchen": "En su momento, además de presuntamente utilizar la policía, también utilizaban al Ministerio de Hacienda. Es una cuestión de patrimonialización", ha afirmado.

También ha recordado que estos hechos sucedieron supuestamente cuando Montoro pedía a los españoles que se apretaran el cinturón mientras hacía recortes a "los impuestos de las empresas más poderosas a cambio de que presuntamente pasaran por caja".

Hace unos días, ha dicho, Núñez Feijóo estaba rodeado de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, de quienes fue ministro Montoro: "Esto es así y no pueden mirar para otro lado", ha señalado Enma López, quien ha recalcado que, frente a un PP que "no se escandaliza con la corrupción", el PSOE lucha contra ella.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP, al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.