Tras la ofensiva de las derechas contra el decreto del Govern sobre el catalán en las aulas, hasta diez formaciones políticas defenderán este martes en el Congreso una reforma del reglamento de la Cámara para permitir intervenciones en lenguas cooficiales, con la correspondiente traducción simultánea.

El futuro de la iniciativa, registrada por Unidas Podemos y los principales aliados parlamentarios del Gobierno, incluyendo a ERC, el PNV, EH Bildu, Más País o Compromís (también del resto de independentistas: Junts, PDeCAT, la CUP y BNG), está en manos del PSOE, ya que su voto hará inclinar la balanza hacia su admisión a trámite o hacia su rechazo. Fuentes parlamentarias del grupo socialista avanzan que todavía no tienen una decisión tomada al respecto.

Hace unos meses, este tema se puso encima de la mesa después de que el Senado aceptara una medida similar a propuesta de Junts. La Cámara Alta, con los votos a favor del grupo socialista, aprobó la toma en consideración de la proposición de reforma del reglamento de la Cámara Alta por la que se modifican el artículo 84.5 y la disposición adicional quinta para la integración total de las lenguas oficiales (hasta la fecha, solo está permitido para los debates de mociones en el pleno).

En el Congreso, la utilización de las lenguas cooficiales solo se limita a expresiones y citas puntuales, pues no es una Cámara territorial y la única lengua común en el Estado es el castellano. Por ello, los socialistas descartaron generalizar este uso, aunque se vieron obligados a precisar unas declaraciones realizadas previamente por su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, en las que se mostraba dispuesto a "valorar" la propuesta tramitada en el Senado.

¿Qué propone la reforma del reglamento?

La reforma planteada por estas fuerzas en la Cámara Baja persigue que sus señorías tengan derecho a "intervenir en las sesiones del Pleno del Congreso y de las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades Autónomas". Asimismo, "tendrán el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas", añade el texto de la iniciativa.

Por ende, los servicios del Congreso, "con el fin de asegurar el correcto desempeño de las funciones atribuidas a la Mesa del Congreso de los Diputados y a las Mesas de las Comisiones, procederán a la traducción al castellano de los escritos con entrada en el Registro General y en el Registro de Comisiones presentados en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatuariamente en sus Comunidades Autónomas distintas al castellano".

El pasado 7 de junio, el PSOE junto a otras fuerzas progresistas, nacionalistas e independentistas, es decir, una amplia mayoría de la Cámara Baja, rechazó una proposición no de ley presentada por el PP que aspiraba a instar al Gobierno a recurrir el decreto catalán en respuesta a la sentencia del TSJCat que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

"No queremos establecer una contienda, una batalla campal política, porque consideramos que las sentencias están para cumplirlas en cuanto a ese régimen en el ámbito educativo", apuntó Héctor Gómez, además de apostar por la "defensa de las lenguas cooficiales". "Ha sido una posición que hemos defendido siempre, que se reflejó también en la ley audiovisual, amparados en el mandato constitucional", sostuvo.