El PSOE lleva al Parlamento andaluz una propuesta para que no reciban publicidad institucional las webs de desinformación

El PSOE andaluz presentará ante el Parlamento autonómico una resolución para impedir que webs que promueven la desinformación se beneficien de contratos de publicidad institucional. La propuesta nace a raíz de las informaciones reveladas la semana pasada por Público, que evidenciaron el reparto de dinero público entre webs como Ok Diario o Estado de Alarma TV , por parte del Ayuntamiento de Sevilla, actualmente gobernado por el popular José Luis Sanz.

La licitación fue lanzada por la empresa pública de Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM), que adjudicó el contrato de Servicios de difusión de las campañas publicitarias durante el periodo comprendido entre final de 2023 e inicio de 2024 a 35 medios y plataformas por un valor total de 264.500 euros (320.045 con IVA).

De este lote, el portal dirigido por Javier Negre, Estado de Alarma TV, recibió 7.000 euros (8.470 con IVA), mientras que el de Eduardo Inda, Ok Diario, sumó 3.000 euros (3.630 con impuestos).

El mayor adjudicatario del contrato fue la versión andaluza del ABC, que recibió 35.000 euros (42.350 con IVA incluido). Otros periódicos y radios de corte conservador, como El Debate, La Razón o la Cope, resultaron beneficiarios. Pero también medios con un perfil más progresista, como La Ser.

El TUSSAM lleva años licitando este contrato, también cuando el PSOE estaba al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Muchos de los beneficiarios de entonces coinciden con los anunciados por el organismo público el pasado 17 de noviembre. Sin embargo, esta vez el listado de adjudicatarios incluye un mayor número de medios conservadores y portales de desinformación.

Con su propuesta de resolución, los socialistas andaluces buscan precisamente impedir beneficiar con contratos de publicidad institucional a medios y periodistas "que de forma habitual difundan noticias falsas, bulos o fake news", como ha explicado esta mañana en una rueda de prensa Juan Espadas, líder del PSOE andaluz y exalcalde de Sevilla.

También a aquellos, "que hayan sido condenados repetidamente por no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen o que tengan en su plantilla periodistas o reporteros condenados por la misma razón".

De prosperar, la norma sería aplicable a todas las administraciones públicas de Andalucía que de forma directa o indirecta contratan a medios de comunicación para que sirvan de soportes para su publicidad institucional. El texto completo de la resolución se presentará en el debate del estado de la Comunidad que se celebrará el próximo miércoles 29 de noviembre en Sevilla.

El PSOE-A también instará al Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por el popular Juan Manuel Moreno, a "no contratar publicidad institucional con aquellos medios de comunicación que incumplan el Código Deontológico aprobado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)".

Los socialistas andaluces recogen así el testigo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Sevilla, quien también se mostró en contra del reparto de publicidad institucional revelado por Público.

El día siguiente a la publicación de este periódico, ambas entidades lanzaron un comunicado en el que pidieron al Ayuntamiento de Sevilla que retirara la campaña de publicidad institucional del TUSSAM, por "no ajustarse a las audiencias objetivas de los medios para la distribución de la publicidad y por incluir en el reparto a empresas condenadas por mentir".

En su última asamblea general, la FAPE aprobó por unanimidad dos resoluciones sobre publicidad institucional a propuesta de la APS. La primera, exigir a las administraciones públicas que incluyan la audiencia de los medios entre sus criterios para la concesión de contratos públicos, "medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias y ponderada con las tarifas ofertadas".

También, que las administraciones públicas no contemplen en el reparto de estas ayudas "a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas".