Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos tienen ahora dos fases. Primero, ambos partidos tienen que cerrar un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para aprobar un proyecto de ley; y después, lejos de concluir la batalla política, los socialistas pueden bloquear su propio proyecto (del Ejecutivo, aprobado en el Consejo de Ministros) y ralentizarlo en base a distintos objetivos y fines que atañen a los de Pedro Sánchez.

Esto es lo que se deduce de la situación en la que se encuentran los proyectos de la ley trans y de la ley de vivienda, dos normas que ya han sido acordadas por UP y el PSOE, aprobadas en Consejo de Ministros, pero que se encuentran bloqueadas en la Cámara Baja debido a la acción de los socialistas.

Las dos leyes han seguido un desarrollo muy parecido y comparten algunas características. Ambas provocaron un gran enfrentamiento en el seno del Gobierno y se acordaron entre tensiones e intensas negociaciones entre los dos socios. La ley de vivienda, un compromiso del acuerdo de coalición, tardó nada más y nada menos que un año en cerrarse, después de una batalla sin cuartel entre Ione Belarra (primero como secretaria de Estado y después como ministra), y los ministros de Transportes (José Luis Ábalos primero, y Raquel Sánchez, después).

La regulación de los alquileres fue el mayor desencuentro que se vivió en ese proceso negociador, y al final la norma incluyó parte de lo defendido por ambas formaciones (posibilidad de poner topes a los precios en las zonas de mercado tensionado para grandes tenedores de vivienda, e incentivos fiscales para que los pequeños propietarios bajaran la renta a sus inquilinos).

Hace ya ocho meses que el texto salió del Gobierno con el visto bueno y el consenso del Consejo de Ministros, y, lejos de estar cerca de su aprobación, ni siquiera ha logrado grandes avances en su tramitación parlamentaria. Pese a llevar tanto tiempo en el Congreso y haber superado el plazo de presentación de enmiendas, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no convoca la ponencia donde se tiene que desarrollar el texto legislativo. 

Esta norma se encuentra en trámite de informe de la ponencia desde finales de abril, pero la comisión (donde el PSOE decanta las mayorías) no ha convocado aún ninguna sesión para avanzar en su desarrollo. Tanto la ley de vivienda como la ley trans fueran admitidas por el Pleno del Congreso por la vía de la tramitación urgente.

La gran batalla de la ley trans

La ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, conocida como ley trans, comparte prácticamente la misma situación que la de vivienda. Es fruto de una intensa batalla en el seno del Gobierno de coalición en base a la autodeterminación de género que defiende la ministra de Igualdad, Irene Montero (y Unidas Podemos), y una parte de las mujeres del PSOE, lideradas por la ex vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que la rechaza.

Durante la negociación de esta norma, Calvo era la segunda autoridad en el Ejecutivo, después del presidente, por lo que el choque con Montero y con UP fue total. Finalmente, Sánchez se comprometió con la ley redactada por Igualdad y la batalla se saldó con la salida del Ejecutivo de la vicepresidenta primera, que pasó a ser la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso.

Sin embargo, pese a que la norma entró en la Cámara Baja en septiembre, superó las enmiendas a la totalidad, y se aprobó por la vía de la tramitación urgente, en la actualidad se encuentra completamente bloqueada en el Congreso. En concreto, el PSOE, apoyado por el PP y Vox, ha aprobado en la Mesa del Parlamento varias prórrogas del plazo de enmiendas al articulado (cinco en total), lo que de facto paraliza su avance y la deja en un limbo legislativo.

En Unidas Podemos mostraron su preocupación por que la ley no se apruebe antes de final de año, un compromiso del Gobierno con el colectivo trans; pero la preocupación del espacio confederal no se limitó solo a los plazos, sino que en UP tampoco descartaban que los socialistas pudieran presentar una enmienda para reabrir la batalla que postergó la aprobación de la ley en el Ejecutivo: la autodeterminación de género. 

Finalmente el PSOE ha rechazado la posibilidad de presentar una enmienda en este sentido, pero sí que han manifestado sus "dudas" sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género. Desde el Grupo Socialista defienden que lo que se busca es dar seguridad jurídica a la ley, a sabiendas de que acabará recurrida por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional.

Si antes se entendía que las batallas políticas entre el PSOE y Unidas Podemos se zanjaban cuando la disputa pasaba a ser ley, ahora se puede dar el caso de que los acuerdos cerrados se rompan en el Congreso a través de un bloqueo que, de momento, desvirtúa por completo tanto la ley trans como la de vivienda.