La pugna PSOE-Podemos aboca a la expulsión de IU de la dirección del Parlamento andaluz

SEVILLA.- La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha modificado la composición de la Mesa del Parlamento andaluz ha reactivado la tremenda bronca política con la que arrancó esta legislatura, hace ahora año y medio. El trasfondo es el mismo: Gobierno y oposición vuelven a luchar por el control del órgano que dirige la Cámara legislativa y que sirve de contrapeso al poder del Ejecutivo de Susana Díaz. El fallo del TC ha aumentado la representación del PP en la Mesa en detrimento de IU, que se queda sin portavoz y sin voto. La nueva composición sería, por tanto: tres miembros del PSOE (incluida la presidencia), dos del PP, uno de Podemos y otro de Ciudadanos.

La sentencia sólo ordena reintegrar en la Mesa a la diputada conservadora Patricia del Pozo, pero esto conlleva la expulsión inmediata del único miembro de IU (José Antonio Castro). El problema es que la salida de IU del órgano rector del Parlamento supone un incumplimiento del Reglamento de la Cámara, que obliga a que todos los grupos tengan representación en la Mesa. La solución para armonizar lo que dice la sentencia y lo que dicta el Reglamento debe ser política, pero los grupos están lejos de llegar a un acuerdo. Las posiciones más enfrentadas en este momento son las de PSOE y Podemos, con una guerra fratricida en el arco de la izquierda que puede terminar cobrándose como víctima colateral a IU, que quedaría fuera de la dirección de la Cámara.

Hay varias opciones posibles para resolver el entuerto que se ha generado a raíz del fallo del Constitucional: los grupos pueden pactar una reforma exprés del Reglamento para aumentar en un miembro la composición de la Mesa (de siete a ocho) y así devolver a IU su representación. Ésta es la opción que defiende la coalición de izquierdas y que tiene dos variantes: incluir un miembro más de pleno derecho, con voz y voto; o incluir un vocal, con voz pero sin voto. La primera opción requiere consenso y unanimidad de todos los grupos para reformar el Reglamento. La segunda no, porque una disposición adicional del mismo permite añadir un vocal sin necesidad de alterar la normativa vigente.

Ambas propuestas, sin embargo, implican un sobrecoste económico, porque los miembros de la Mesa cobran dietas de representación (en el caso de los Secretarios 177,61 euros por semana) y además cuentan a su disposición con un conductor y un ayudante, cuyos salarios los paga la Cámara. Como el presupuesto del Parlamento ya está cerrado, esta opción implicaría sacar los gastos del nuevo miembro de la Mesa de otra partida presupuestaria. Podemos es el único grupo que se opone abiertamente a la reclamación que hacen sus socios de IU, argumentando que la gente no entendería que los partidos sólo logren ponerse de acuerdo “para seguir cobrando dietas”.

La formación morada sí defiende que IU se mantenga en la Mesa para que todos los grupos estén representados, pero no a costa de ampliar el presupuesto para nóminas de la Cámara. La solución que propone el partido que dirige Teresa Rodríguez es toda una declaración de intenciones: “El PSOE debe renunciar a uno de sus tres miembros”. Esto dejaría a los socialistas en minoría, con los mismos representantes que el PP (dos). La oposición pasaría a controlar el órgano de dirección del Parlamento y la estabilidad política del Gobierno de Susana Díaz se vería amenazada a medio plazo. La presidenta andaluza gobierna con comodidad gracias al apoyo de Ciudadanos, que apoyó su investidura y los presupuestos autonómicos de este año y del siguiente. La formación naranja cuenta con un miembro en la Mesa, lo que también garantiza a Díaz esa estabilidad dentro del Parlamento, pero también hace a la socialista mucho más dependiente del partido de Albert Rivera.

El PSOE se niega rotundamente a perder a uno de sus miembros. Sabe que si lo hace el Gobierno quedaría a expensas de una hipotética alianza de intereses de los grupos de la oposición. La Mesa podría modificar el orden del día de los Plenos y priorizar leyes propuestas por el PP o por Podemos, justo lo contrario de lo que viene haciendo ahora. Díaz sabía de la importancia de controlar el órgano rector de la Cámara para garantizar la estabilidad de su Gobierno, de ahí que eligiera a tres líderes provinciales del PSOE para formar parte de la misma. Los socialistas abogan por ampliar el número de miembros de la Mesa para mantener su mayoría, y piden una solución dialogada “en la que nadie pierda”. Existe la opción de ampliar a ocho el número de miembros sin que suponga un coste adicional, es decir, que la partida destinada a dietas para los siete representantes actuales se reparta ahora entre ocho, con algo menos para cada uno. Pero nadie, por ahora, ha puesto esta posibilidad sobre la mesa. De hecho, es difícil que Podemos acepte esta idea, porque el grupo morado acaba de presentar una enmienda a los Presupuestos Autonómicos de 2017 para eliminar las dietas de todos los parlamentarios (los suyos destinan estos complementos a ONG).

La paradoja del fallo del TC es que otorga más poder a una fuerza conservadora (PP) a costa de quitárselo a un partido progresista (IU). Sin embargo, las otras dos formaciones de izquierdas que permanecen en la Mesa, en vez de coaligarse, han iniciado un pulso feroz. El PSOE quiere que el foco de la responsabilidad, en caso de que IU quede finalmente apartada, recaiga en sus socios, Podemos, el único partido que se niega a ampliar el órgano de dirección del Parlamento. Y la formación morada hace lo propio, pero al revés: sostiene que el único partido que puede ceder un miembro es el PSOE. El PP acaba de sumar uno más por vía judicial y tanto Ciudadanos como ellos mismos cuentan con uno solo.

La solución tienen que adoptarla antes del próximo Pleno, que será el miércoles que viene, para que sea la nueva composición de la Mesa la que dirija ya esta sesión. El PP ha exigido que se cumpla “ya” la sentencia, y además ha exigido a Susana Díaz que “pida perdón” en el Parlamento “por la cacicada” de la sesión constitutiva. La falta de entendimiento entre PSOE y Podemos aboca a la expulsión de IU, que además se expone a un serio problema económico. Las cuentas de las coalición de izquierdas son delicadas, aún soporta una deuda millonaria con los bancos (por préstamos electorales) y con la Seguridad Social, y su financiación depende de las cuotas obligatorias que pagan al partido sus cargos electos.

En este sentido, el puesto de Secretario tercero de la Cámara, que ostentaba el diputado José Antonio Castro, es uno de los mejor pagados. La coalición de izquierdas ha anunciado que si finalmente se queda fuera de la Mesa, también recurrirá al Constitucional, aunque esto tiene pocos visos de prosperar. El TC ha reconocido el derecho de representación política a una diputada del PP que obtuvo más votos para formar parte de la dirección del Parlamento, pero que fue excluida en virtud del Reglamento de la Cámara. El diputado de IU no entró en la Mesa por número de votos, sino por aplicación de dicho Reglamento, que corrige la composición que surja de las urnas para que todos los grupos tengan representación. Pero los jueces no se han metido en la interpretación de la normativa interna del Parlamento andaluz.