Rajoy recorta la inversión pública en las autonomías en las que gobierna el PSOE con Podemos

ZARAGOZA .- ¿Descuido? ¿Casualidad? ¿O, quizás, castigo? Tres comunidades autónomas en las que el PSOE desplazó del poder al PP con el apoyo de Podemos –Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón- son las principales damnificadas por el recorte de inversiones en infraestructuras del sector público estatal que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aplicó durante el primer semestre de este año: en ninguna de ellas la inversión alcanza el 10% de lo presupuestado.

Por el contrario, ninguna de las tres autonomías que han registrado mayores niveles de inversión, en todos los casos por encima del 30%, está gobernada por la izquierda: la ciudad autónoma de Ceuta -37,5% ejecutado- y La Rioja -33,8%- tienen presidentes del PP, mientras que el Gobierno de Canarias es liderado por Coalición Canaria, con unas tensas relaciones con los socialistas.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplaban paquetes de “inversiones reales” en todo el territorio estatal por valor de 13.063 millones de euros, dos terceras partes de ellos -8.104- a cargo del llamado sector público empresarial y fundacional, del que forman parte entidades como Renfe, Adif, Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) o Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), mientras el 38% restante queda en manos de los ministerios -3.632 millones- y de los organismos autónomos -1.305- como la Seguridad Social.

Pasados seis meses, el 84% del dinero de ese primer bloque -6.795 millones- seguía sin ser movilizado, lo que reducía la inversión ejecutada a 1.309, según indica un informe del Gobierno de Aragón elaborado a partir de los datos de la Intervención General del Estado.

Inmediatamente por encima de Castilla-La Mancha -3,2% ejecutado-, Extremadura -6,9%- y Aragón -9,5%-, y en todos los casos con aportaciones inferiores al 15% sobre la previsión de los presupuestos, se encuentran dos comunidades con las que el Gobierno central –o los partidos que dirigen unas y otro- mantienen relaciones tensas, caso del País Vasco -11,5%- y Catalunya -13,2%-, y otra como Asturias -12,7%- en la que el PSOE accedió al poder con el apoyo de Podemos e IU.

Baleares y Navarra alcanzan niveles de ejecución del 27,1% y el 29,6% 

Completan el furgón de cola Castilla-León -12,6%-, presidida por el PP, y Andalucía -13,7%-, donde los socialistas se apoyan en C’s, mientras las únicas comunidades con gobiernos de izquierdas que superan la media inversora del 16,2% son la Comunitat Valenciana –por dos décimas-, Baleares y Navarra. Estas dos últimas, no obstante, alcanzan niveles de ejecución del 27,1% y el 29,6% tras ser castigadas en los Presupuestos con dos de las menores previsiones inversoras de salida, de solo 107 y 66 millones, respectivamente.

Por cuantías, la comunidad con mayor volumen de inversiones pendientes es Andalucía -1.121 millones-, seguida de cerca por Castilla y León -947-, Galicia - 920- y Catalunya -861- y, a mayor distancia, por la Comunitat Valenciana -594- y Madrid -476-. Son, al mismo tiempo, los únicos territorios en los que las actuaciones presupuestadas para este año superan los 500 millones de euros.

El informe califica de “mínima” la inversión ejecutada por Seittsa durante el primer semestre del año en Aragón -119.000 euros sobre un presupuesto de 55 millones- y tacha de “insignificante” tanto la de Adif -30.860 de 13,4 millones- como la de Renfe -1.860 de 27,1-, al tiempo que apunta que esta comunidad “no ha sido especialmente beneficiaria de la inversión del Estado” ni en las previsiones ni en la ejecución: solo cuatro autonomías tenían reservadas partidas inferiores a sus 176 millones y solo en dos es menos su desarrollo.

Este recorte de las inversiones estatales en Aragón llega después de que la ejecución de las presupuestadas el año pasado se quedara en el 63,7%, con 99,9 millones gastados de los 156,9 previstos. “Es una inversión mínima y difícilmente tolerable”, señaló el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, para quien el recorte actual es “la continuación” de “cuatro años prácticamente perdidos” tras los que la denominada deuda histórica de la Administración central con la comunidad ha superado los 7.500 millones.