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Desahucio exprés Podemos recurre ante el Constitucional la ley de desahucios exprés aprobada por la derecha

La formación considera que vulnera el derecho a la vivienda, a la inviolabilidad del domicilio y a la tutela judicial efectiva

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Un niño sujeta un cartel en una concentración contra un desahucio. EFE

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de desahucios exprés por entender que vulnera el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio, recogidos en la Constitución.

Podemos considera que esta ley vulnera también el principio de tutela judicial efectiva recogido en la Carta Magna, ya que permite ejecutar desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, explica en un comunicado.

La ley de desahucios exprés fue aprobada en abril con los votos del PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, y entró en vigor el pasado 12 de junio.

El recurso de Podemos argumenta que esta ley "vulnera la Constitución y los Tratados Internacionales en relación con el derecho a la vivienda y, además, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, ya que permite ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impidiendo la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre ella en ese plazo".

Asimismo, el recurso alega que la ley vulnera el derecho a la vivienda: "Permite ejecutar los desahucios sin garantizar la alternativa habitacional, y tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad".

Según la formación, aunque sobre el papel, la lay excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre; en la práctica la Ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre, que han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias y, que a su vez, ya han sido transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir normativa que protege a estas familias en otros procedimientos.

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