Una reforma constitucional encallada, principal obstáculo para la recuperación del derecho civil valenciano

"No pedimos nada que no esté incluido en el Estatuto del 2006 y, de hecho, se trata de una reforma de la Constitución meramente técnica, prácticamente podríamos decir que es una corrección de un error", explica José-Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, una entidad que hace años que trabaja incansablemente para recuperar la capacidad de los valencianos de regular sus relaciones jurídico-privadas.

Esta reforma constitucional –en concreto su Disposición Adicional Segunda, que garantiza los derechos históricos solo para los territorios forales- se encuentra ampliamente avalada y demandada por una mayoría política y social valenciana, con el apoyo de 539 de los 542 municipios, así como los colegios profesionales, sindicatos, patronales y otras entidades de todo tipo. Pero no parece que esta sea una prioridad en Madrid. A finales del 2018, 90 de los 99 diputados de les Corts –todos los partidos con representación en aquel momento excepto Ciudadanos- aprobaron una propuesta de ley para instar a esta reforma, pero desde entonces todavía no se ha avanzado.

Por eso, la Associació de Juristes Valencianes ha hecho pública una Carta Abierta a Ximo Puig donde se conmina al presidente valenciano a impulsar de una forma definitiva esta reforma constitucional que "permita solucionar la actual pérdida competencial que sufrimos los valencianos, puesto que de forma efectiva no podemos aplicar siete artículos y una disposición transitoria de nuestro estatuto", detalla Chirivella. La carta ha sido firmada por más de 300 personas de los ámbitos sociales, políticos y académicos más variados, como Rubén Martínez Dalmau, exvicepresidente valenciano, Joan Ribó, alcalde de València, Josep Lluis Albinyana, presidente del Consell Preautonòmic, Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

Esta hace referencia al 40º cumpleaños del estatuto de autonomía valenciano, que se celebrará el próximo 1 de julio. "Realmente tiene sentido celebrar la efemérides si tenemos el estatuto amputado?", reflexiona Chirivella. Para este jurista, el momento actual es el ideal para cerrar esta herida, no solo por el simbolismo de las cuatro décadas de autonomía, sino también por la coyuntura política: "Puig tendría que hacer valer su peso político, el hecho de ser el presidente del principal territorio gobernado por los socialistas, y hacerlo antes de que una posible llegada de la derecha a Moncloa lo haga todo más difícil".

El mantra de la Constitución intocable

Desde el PSPV, el apoyo a la reforma constitucional se considera "de recibo". Así se expresa Zulima Pérez, profesora de Derecho Constitucional, actual Directora general de Coordinación del Diálogo Social y autora de las ponencias sobre federalismo del último congreso socialista. "Cuando llegamos a la Generalitat teníamos que pedir a Madrid que retirara los recursos de inconstitucionalidad, pero el TC se nos avanzó", explica Pérez. Ahora la situación está en el Congreso español, pero el problema es que "no se está tramitando ninguna reforma constitucional –continúa esta jurista–. Ni siquiera la modificación del artículo 49, para cambiar la palabra 'disminuidos' por 'discapacitados', sobre la que hay un consenso total. Todavía se mantiene la percepción de la intangibilidad de la Constitución y cuesta tocar cualquier cosa, aunque haya consenso".

Los diputados valencianos antes tienen obediencia al partido que al territorio

En el caso del derecho civil valenciano, al menos sobre el papel, el consenso también existe. No solas la izquierda o los partidos nacionalistas y regionalistas la apoyarían, sino también los mayoritarios, PP y PSOE. O eso defienden sus federaciones valencianas. En les Corts valencianas solo se opuso Ciudadanos, a pesar que sus concejales sí que se adhirieron en muchos ayuntamientos, y se puede suponer que ahora solo lo haría Vox. Pero las reformas constitucionales siempre son problemáticas y, más todavía, si implican cuestiones territoriales. Nadie quiere abrir este melón. Y los diputados valencianos antes tienen obediencia al partido que al territorio.

El también jurista y antiguo portavoz de Podem en el País Valencià, Antonio Montiel, entiende la reivindicación del derecho civil, precisamente como una vía "para abrir el melón de la construcción de un federalismo cooperativo y horizontal real". Para Montiel, la cuestión del derecho civil "no es una cuestión nostálgica de la Batalla de Almansa, sino una idea práctica que incremente la capacidad de autogobierno de los valencianos para poder producir derecho civil, pero también en otros temas".

Una reivindicación histórica y práctica

La capacidad de los valencianos de producir derecho civil propio fecha del 1261, cuando Jaime I promulga los fueros del recientemente creado Reino de València. Una capacidad que se mantendría hasta el 1707, cuando Felipe V impone el Decreto de Nueva Planta que eliminaría toda capacidad de autogobierno. Con la aprobación de la Constitución de 1978, se reconocería el derecho civil solo de aquellos territorios donde se había compilado durante la dictadura franquista, o sea Balears, Catalunya, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia, dejando fuera el País Valencià, pese disponer también de unos fueros históricos propios.

La reforma del Estatut del 2006 –impulsada por Francisco Camps y aprobada con el apoyo del PP y el PSOE– tenía que resolver esta carencia, pero cuando se intentó aplicar de forma efectiva se encontró con el muro del Tribunal Constitucional, previos recursos de la Moncloa, tanto en tiempos de Zapatero como de Rajoy. Así, medidas con amplia demanda social aprobadas por les Corts valencianas como la Ley del régimen económico matrimonial valenciano (2007), la Ley de custodia compartida (2011) o la Ley de Uniones de hecho (2012) serían anuladas por el Tribunal Constitucional. "La recuperación de un derecho civil propio permitiría legislar en clave progresista sobre temas tan importantes como la regulación de la incapacidad, la situación de los niños robados o normas sucesorias propias", concluye Chirivella.