El pleno de Les Corts Valencianes trata hoy de sacar adelante una proposición de ley destinada a la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución con el objetivo de recuperar la competencia de legislar el derecho civil propio. Los grupos del PP, PSPV, Compromís y Podem (90 diputados de 99) presentan esta iniciativa que cuenta con el criterio favorable del gobierno valenciano, puesto que los cuatro grupos firmantes suponen una mayoría amplia de la representación del pueblo valenciano. Solo Ciudadanos, siguiendo directrices de la directiva nacional, se ha quedado fuera de la propuesta y todo parece indicar que se abstendrán o votarán en contra, impidiendo así la unanimidad en la cámara valenciana.

"Es lamentable la actitud de Ciudadanos, más aún cuando en algunos ayuntamientos sí que han apoyado la propuesta", afirma José-Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, grupo promotor del manifiesto que reclama el restablecimiento de la competencia exclusiva autonómica de conservar, modificar y desarrollar el derecho civil valenciano. "En la práctica, no cuestionan los derechos civiles que tienen seis comunidades autonómicas y, en cambio, sí que lo hacen con los de la valenciana", añade.

Un recorrido de siglos

En vigor desde el siglo XIII, el derecho civil foral valenciano fue abolido por los borbones "por justo derecho de conquista" con el Decreto de Nueva Planta de 1707 tras la batalla de Almansa. Fue con la reforma del Estatut de 2006 —en 1982 ya se habían hecho tentativas— cuando el gobierno de Francisco Camps previó la rehabilitación de los contenidos de los Fueros del histórico Reino de Valencia, aprobada en Les Corts y el Congreso de los Diputados. En el ejercicio de esa competencia, la Generalitat aprobó y desarrolló normas de amplia demanda social, como la Ley del régimen económico matrimonial valenciano (2007), la Ley de custodia compartida (2011), la Ley de Uniones de Hecho (2012) y la Ley de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias (2013). Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló las tres primeras en 2016, después que fueran recurridas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y mantenidos los recursos por el gobierno de Mariano Rajoy.

«Durante estos dos años hemos tenido mucho menos autogobierno. Un gobierno con poca capacidad legislativa no puede mejorar ciertas cosas. Los valencianos no podemos estar con un Estatut recortado ni podemos tener menos derechos civiles que hace dos años», sostiene Chirivella. Reclamado en diferentes ocasiones y épocas, la restitución del derecho civil propio pasa actualmente por una reforma constitucional, tal y como reconoció en una entrevista a Alicante Plaza Xíol Ríos, el único magistrado del Tribunal Constitucional que se pronunció a favor de desarrollar este derecho. El País Valenciano es, de hecho, un territorio con pasado foral propio que no tiene reconocido su derecho civil, como sí que lo tienen Catalunya, Balears, Aragón, País Vasco, Navarra y Galicia, puesto que en el momento que entró en vigor la Carta Magna, ésta sólo se lo reconoció a los territorios que lo tenían compilado, no siendo el caso del valenciano.  

Separación de bienes y custodia compartida

El derecho civil regula cuestiones relacionadas con la parte íntima de las personas: testamentos, sucesiones, régimen económico de las famílias, custodia de los hijos, contratos… Son cuestiones, pues, que afectan al día a día de las personas. "Si se recuperara la competencia del derecho foral —que no quiere decir desempolvar las normas del siglo XIII sino poder legislar en las mismas materias conforme a las exigencias actuales— podríamos recuperar lo que ya se desarrolló antes de la sentencia del 2016 en los ámbitos del régimen económico matrimonial, las parejas de hecho y la custodia compartida", expresa Luis Higuera, vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià.

De hecho, a causa de los pocos años en vigencia de las leyes de régimen económico matrimonial, custodia compartida y uniones de hecho, se estipula que alrededor de 300.000 valencianos se han beneficiado de este marco legislativo, ya que la sentencia de 2016 no era retroactiva. En las universidades valencianas, también el derecho civil propio se estudia con absoluta normalidad.

El abogado explica que la recuperación del derecho civil propio supondría, por ejemplo, volver al régimen de separación de bienes enfrente del actual régimen de gananciales que aplica el Código Civil español en ausencia de pacto, de manera que el matrimonio no produciría efecto sobre el patrimonio de los cónyuges. En materia de relaciones entre padres e hijos, la ley valenciana determinaba la preferencia de la custodia compartida sobre la custodia monoparental, una decisión criticada en su día por un amplio espectro de entidades. De hecho, algunos grupos políticos partidarios del derecho civil propio, a pesar de decantarse por ello, han mantenido sus reservas a esta ley en concreto y abogan por su modificación o su mejora.

Higuera va más allá y cree que hay muchas materias que no fueron legisladas en aquellas leyes anuladas que podrían desarrollarse en un futuro. Entre ellas, en materia sucesoria, se podría recuperar una institución de derecho foral llamada los pactos de definición —que está en otras legislaciones forales como Baleares— por virtud de la cual el padre dona al hijo una determinada cantidad o bien y a partir de ese momento se libera de las legítimas (la parte de la herencia de la cual no se puede disponer libremente tras la muerte, sino que hay que repartirla entre los herederos forzosos), y luego puede testar como quiere. El abogado también apunta a un posible establecimiento de los contratos sucesorios pactados en vida, al cambio de régimen sobre las legítimas y a un nuevo régimen de sucesión en la empresa familiar. "Una misma norma sin cambiar del Código Civil, cuando se proyecta sobre realidades sociales distintas, produce efectos muy diferentes", dice Higuera.

¿Podría realizar estos cambios el Estado? Para el abogado, la experiencia demuestra que es mucho más complicado que el Estado cambie la legislación civil. Y pone como ejemplo las parejas de hecho. En los territorios donde se aplica la legislación del Estado, no hay una ley de parejas de hecho. "Con la anulación de la ley valenciana de parejas de hecho hemos pasado de la regulación a la anomia. Ahora estamos al criterio de los jueces, que en unos casos consideran que es aplicable por analogía el régimen matrimonial y en otros no", concluye.

Reivindicación transversal

El movimiento surgido alrededor de esta demanda cuenta con un apoyo transversal en todas las comarcas valencianas y supera adscripciones ideológicas. El respaldo a esta iniciativa ha sido suscrito por 341 municipios valencianos, que representan a más de 4,4 millones de ciudadanos (el 90% del censo valenciano). Asociaciones empresariales, sindicatos, facultades de Derecho, entidades culturales, colectivos LGTB, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las tres diputaciones provinciales del País Valenciano se han adherido a una causa que pretende elevar el debate al Congreso y dar salida a lo que se considera una injusticia histórica y discriminatoria para la capacidad reguladora de las herramientas de autogobierno valenciano.

De las capitales y ciudades más importantes de la geografía valenciana, solo destaca por su ausencia Castelló de la Plana, donde Ciudadanos ha vetado hasta en tres ocasiones que la ciudad emita una declaración institucional a favor de que la Generalitat garantice esta competencia.

Oportunidad histórica

"Los valencianos fuimos la primera nacionalidad en tener una constitución hace 600 años y necesitamos recuperar nuestro Derecho, como lo tienen otras autonomías", señala Carles Mulet, portavoz de Compromís y senador territorial. Fue precisamente Mulet, hace dos semanas en la Cámara Alta, quien defendió, en medio del debate para modificar los aforamientos, una reforma constitucional ambiciosa y profunda que recogiera, entre otras cuestiones, la financiación autonómica y la recuperación del derecho civil valenciano. "Estamos a favor de eliminar los aforos, pero no pensamos que sea más urgente que acabar con la inviolabilidad del Jefe del Estado, su elección democrática, o otorgar a los valencianos y valencianas el derecho civil del cual han disfrutado durante toda su historia hasta que fue abolido por los borbones", dijo el senador. En esta línea, Mulet criticó que el PSOE y el PP no pueden invertir sus posicionamientos ahora por estar en el Gobierno o la oposición, ya que "los valencianos no perdonarían estas renuncias".

Con la reforma constitucional de fondo, también Chirivella se decanta por presionar de manera unánime para conseguir el objetivo de restablecer esta competencia. El jurista considera que si se lleva a cabo una reforma constitucional y no se incluye esta cuestión, Ximo Puig habrá fracasado al demostrar que no tiene capacidad de influencia sobre el presidente del gobierno."Si lo conseguimos ahora, ya lo tendremos para siempre, porque los derechos civiles los sufrimos o los disfrutamos todos los días", finaliza Chirivella.