La revuelta de los fiscales contra Álvaro García Ortiz para frenar la amnistía: traiciones, filtraciones y presiones

Tras el intenso e inaudito episodio en la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo este martes, solo queda esperar a que la teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, a la sazón, mano derecha del fiscal general en el organigrama de la Fiscalía, redacte el informe definitivo, con el criterio del Ministerio Público, sobre si Carles Puigdemont debe ser investigado en el Supremo por terrorismo dentro de la causa de Tsunami Democràtic.

Sánchez Conde no tiene plazo establecido para presentar ante la Sala de Admisiones del Supremo el informe final y eso le da oxígeno, y también al fiscal general, Álvaro García Ortiz, para respirar después del mazazo que supone que 12 de los 15 fiscales de la Junta vean terrorismo en las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic y que 11 de los 15 crean que el Supremo debe investigar por ello al expresident Puigdemont. 

El contundente resultado de la Junta de fiscales de lo Penal del Supremo, que tumbó el informe propuesto por el fiscal Álvaro Redondo, en el que concluía que no hubo terrorismo en Tsunami y sí, desórdenes públicos, pone en un aprieto a Álvaro García Ortiz, quizá el más serio de toda su etapa como fiscal general del Estado, desde agosto de 2022.

Aunque ese resultado era previsible, no lo fue tanto la contundencia numérica, según indican fuentes fiscales consultadas por este diario. Incluso fiscales de la misma asociación que la de Álvaro García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también perteneció en el pasado la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, votaron en la misma línea que la inmensidad de compañeros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF). 

Es el caso de Justino Zapatero, exteniente fiscal de la Inspección Fiscal, nombrado como fiscal del Supremo en julio de 2018 con los votos favorables de los vocales de la UPF en aquel momento y la designación final de la entonces fiscal general, María José Segarra, nombrada en el primer gobierno de Pedro Sánchez. En aquel momento Zapatero pertenecía la UPF. 

Más allá de la fidelidad a las siglas

Este martes, en la junta de fiscales del Supremo, Justino Zapatero votó a favor de considerar terrorismo las acciones de Tsunami pero dio un no a que se pueda imputar a Puigdemont en la causa. 

Otro caso que ha chocado es el de Manuel Dolz, histórico miembro de la UPF, nombrado secretario de Estado de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez por la entonces ministra del ramo, Dolores Delgado. Dolz dio dos votos negativos a la ponencia de Álvaro Redondo, que favorecía una respuesta negativa de la Fiscalía a que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo. Esta posibilidad aleja un desenlace positivo para la futura ley de amnistía que se está negociando en estos momentos porque el terrorismo no sería amnistiable. 

Los fiscales progresistas no esperaban estos votos, según fuentes consultadas, pese a que inciden en que desde hace tiempo la unión del bloque progresista en la Fiscalía se ha disipado. Hay que recordar que en septiembre de 2023 media docena de primeras figuras de la Unión Progresista de Fiscales se dieron de baja en señal de protesta por la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, un nombramiento que aguarda el veredicto del Supremo. 

Entre los que se han marchado de la UPF está el histórico fiscal Javier Zaragoza, uno de los fiscales del procés, que este martes votó a favor de que la causa de Tsunami sea instruida en el Supremo por delitos de terrorismo y que Puigdemont y el otro aforado, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, de ERC, sean investigados por actos terroristas.

Algunas fuentes consultadas por este diario indican que en la Fiscalía hay "mucha gente independiente que no responde a unas siglas ideológicas". Los miembros de la Asociación de Fiscales, asociación mayoritaria en la carrera fiscal y de sensibilidad conservadora, suelen coincidir en los mismos criterios y esto quedó patente en la Junta de Fiscales del Supremo. 

El artículo 24 por primera vez

El foco está puesto con toda intensidad en la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, la primera mujer en ocupar el cargo, en enero de 2022, designada por la entonces fiscal general, Dolores Delgado. Quien la conoce la califica de persona de buen trato y rigurosa en sus planteamientos jurídicos. Es una de las personas de máxima confianza del fiscal general.

Tras la votación de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, se invocó el artículo 24 del Estatuto Fiscal, que, según fuentes veteranas en la Fiscalía no se había tenido que aplicar nunca antes. Este artículo indica que cuando el criterio del fiscal jefe no concuerde con el resultado de la votación se encomendará al superior jerárquico la resolución. 

En este caso, los dos jefes de la sección, Joaquín Sánchez-Covisa, progresista, y Fidel Cadena, conservador, que habían votado en direcciones opuestas, pidieron a su superiora, la teniente fiscal del Supremo que resuelva el conflicto. Además, la Junta recabó la opinión de los otros dos fiscales jefe de lo Penal del Supremo, favorable a la aplicación del artículo 24. 

Presiones hasta del Gobierno

Este mecanismo, que deja en manos de la teniente fiscal Sánchez Conde el pronunciamiento final de la Fiscalía sobre la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de derivar al Supremo la causa Tsunami, ha sido tildado por el PP de "maniobra" del fiscal general y del Gobierno para reconducir el caso judicial al punto donde menos peligra en estos momentos, a la Audiencia Nacional, en relación a la negociación de la ley de amnistía.

Allí se instruye desde 2019, a cargo de García Castellón, que le ha dado impulso a la causa estos últimos meses a raíz de la gestación de la ley de amnistía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone frontalmente a las pretensiones del juez de investigar por terrorismo a los investigados en la causa de Tsunami, alegando una "significativa falta de argumentos". 

Desde el  Gobierno se insistía este martes en que el resultado de la Junta de Fiscales del Supremo no es definitivo y fuentes de Moncloa caldeaban el ambiente al decir que "la decisión final es jerárquica", en referencia a que la última palabra la tiene el fiscal general. 

Álvaro García Ortiz  ha pedido calma este miércoles: "Los instrumentos de la Fiscalía funcionan, quien tiene el encargo de resolver estas discrepancias es la teniente fiscal, la número uno real de la carrera. Hay que dejarla trabajar en paz".

Las tres posibilidades

Fuentes fiscales indican a este diario que lo más probable es que María Ángeles Sánchez Conde no ratifique el resultado de la votación de los fiscales del Supremo y que podría abrirse otra vía diferente a la que proponía el fiscal Álvaro Redondo: podría estimar el delito de terrorismo pero no la participación en él de Puigdemont. En este escenario salomónico, la Fiscalía pediría que la causa volviese a la Audiencia Nacional, alejando el peligro de la imputación del expresident y el diputado Rubén Wagensberg, aforados ante el Supremo. 

No obstante, hay que recordar que la última palabra en la causa de Tsunami Democràtic no la tiene la Fiscalía, sino el Tribunal Supremo. En concreto, la Sala de Admisiones, que es la que debe estudiar la exposición razonada de García Castellón sobre la competencia del Supremo en la investigación de la causa. El magistrado ponente será Juan Ramón Berdugo, uno de los jueces de la sentencia del procés. 

Filtraciones y otras traiciones

La Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo se desarrolló en un ambiente tenso. Cada voto era crucial, hasta el punto que la fiscal que en un principio iba a encargarse de la redacción del informe y que no lo hizo por estar de baja se presentó en la Junta con las muletas. Votó lo mismo que sus compañeros de la AF, en contra del informe de Álvaro Redondo. 

Este fiscal veterano y de ideología conservadora acudió a la reunión muy compungido. Algunos de sus compañeros le habían traicionado unos días antes, filtrando a un periódico el borrador que había elaborado previo paso a la redacción del definitivo, que es el que se votó en la Junta. En aquel borrador, Redondo incidía en todo lo contrario de lo que al final presentó, es decir, consideraba como terrorismo los actos de Tsunami. 

Álvaro Redondo tuvo que salir a la palestra para afirmar que no recibió presiones del fiscal general, tal y como sostenía el periódico que había recibido la filtración, para cambiar el sentido de su informe. Álvaro García Ortiz también envió un comunicado a los medios desmintiendo ese extremo. El fiscal general ha dicho este miércoles que aquella filtración constituye una "traición" a la confianza entre fiscales.