El juez Manuel García Castellón ha acordado la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic (TD) al faltar diligencias que practicar y estar pendientes el recurso ante la Sala de lo Penal, así como la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la prórroga va inicialmente hasta el 29 de julio, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procediera antes de la finalización de ese plazo.

En su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democratic (TD) fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.

Añade que Tsunami fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España.

Además, el magistrado explica que su gestación se venía planificando desde tiempo atrás y que su lanzamiento tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como iniciativa de movilización social en respuesta a la sentencia del procés.

García Castellón menciona algunas diligencias que quedan pendientes como peticiones de auxilio internacional, una de ellas a Francia para recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la organización.

Estas peticiones, así como otras diligencias de investigación acordadas recientemente, hacen necesaria la prórroga de la instrucción de este procedimiento.

En su auto, el magistrado reitera que desde la provisionalidad de este momento de la investigación y, sin perjuicio de ulterior calificación, los hechos investigados serían susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo del artículo 571 y siguientes del Código Penal.

Recordemos que, tal y como se dio a conocer el pasado viernes, el juez García Castellón no descarta que la plataforma Tsunami Democràtic pudiera "tener en mente" alguna actuación contra el rey en una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona.

Así lo deduce el magistrado de la Audiencia Nacional de una serie de conversaciones que mantuvo uno de los investigados, el empresario Josep Campmajó, a través de la aplicación Wire, con una persona con el nombre de usuario Xuxu Rondinaire, del que se sospecha que podría ser un miembro de los Mossos d'Esquadra.