El riesgo de colapso en la Sala de lo Contencioso del Supremo es "elevado": ocho vacantes sin poder cubrirse

El bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma legal para impedir que realice nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones-- como ocurre desde diciembre de 2018--, tienen un reflejo directo en la propia estructura y el funcionamiento del Tribunal Supremo. En estos momentos, de los 79 magistrados que componen el Alto Tribunal, hay once plazas vacantes por jubilaciones, fallecimientos y excedencias, que no pueden suplirse hasta que no se constituya un nuevo CGPJ.

Es la Sala Tercera la más afectada por la merma que atenaza al Supremo. Es la más numerosa de las cinco del Supremo, con 32 magistrados, y en la actualidad tiene un déficit de seis miembros. En 2022 alcanzará las ocho plazas vacantes cuando se produzcan otras dos nuevas jubilaciones --las de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez--. Esta Sala, de lo Contencioso-Administrativo, es la encargada de resolver los recursos contra el Gobierno y contra disposiciones del Parlamento, entre otras cuestiones. 

La reciente jubilación de José Díaz Delgado, magistrado de la sección segunda de la Sala Tercera, ha rebajado hasta los 26 el número de miembros de esta Sala. El fallecimiento de Nicolás Maurandi y de Ángel Aguallo, la jubilación de Jorge Rodríguez Zapata y las excedencias de Javier Borrego y de Jesús Cudero, que han fichado por dos prestigiosos bufetes, han dejado en cuadro la Sala de lo Contencioso. El riesgo de colapso en esta sala es "elevado", dicen fuentes judiciales a Público, y sus efectos empezarán a notarse en los próximos meses. La situación será "complicada" en el primer trimestre de 2022 cuando de los 32 magistrados de los que debe constar esta Sala solo queden 24.

Con su composición actual, la Sala Tercera debe resolver dos asuntos candentes y de gran trascendencia política: los recursos contra los indultos a los líderes independentistas catalanes y el que se refiere al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En el primero de los casos, no se prevé que el Supremo se pronuncie hasta el año próximo. Más inminente será la decisión sobre el recurso de Vox y el PP contra el nombramiento por el Gobierno de Pedro Sánchez de Delgado como fiscal general del Estado, habiendo sido previamente la ministra de Justicia. 

Nombramiento de jueces en comisión de servicios

El CGPJ busca soluciones para evitar este previsible colapso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. El nombramiento de jueces de otros órganos judiciales en comisión de servicios para reforzar la Sala Tercera es la opción con más peso, según explican fuentes judiciales a este diario. El Consejo sí podría hacer ese tipo de nombramientos temporales con la ley actual. Así, algún juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional podría desembarcar en el Supremo en los próximos meses. También se baraja la posibilidad de que magistrados de la Sala de lo Militar del Supremo puedan echar en una mano en la Sala Tercera, informan fuentes judiciales. La Sala Quinta es la que menos volumen de trabajo soporta de las cinco del Supremo. 

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, aludió en su discurso de inauguración del nuevo Año Judicial al impacto en el funcionamiento del Alto Tribunal que está teniendo la reforma del Gobierno para que no pueda nombrar a los altos cargos del Poder Judicial cuando está en funciones, en un intento de presionar al PP para desbloquear la renovación del CGPJ. "Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal", dijo Lesmes el pasado 6 de septiembre.