El juez Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.

Para adoptar esta decisión, el juez en su auto se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten "corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".

Destaca Ruz "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares.

Los procesados son: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamartiel y el exgobernador de la Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem.

También están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de refugiados de Smara Driss Sbai, Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.

El juez además acuerda la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de otros siete presuntos responsables de ese genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi.